El Gobierno quiere repartir los 7.000 millones de euros anuales en ayudas para las renovables históricas entre todos los consumos energéticos, de modo que también se paguen al llenar el depósito del coche o en la calefacción, con una especie de céntimo verde. Para ello creará un fondo específico que alimentarán progresivamente los comercializadores de energía y que debería rebajar un 13% el recibo doméstico de la luz en un plazo de cinco años.
Las empresas eléctricas llevan muchos años quejándose de que el coste de reducir las emisiones de CO2 recae principalmente en la electricidad, porque tiene tecnologías capaces de producir energía limpia, como la eólica o la solar, a un menor coste que en otros usos energéticos, como los carburantes. Esto, a su juicio, desequilibra el reparto del esfuerzo por alcanzar los objetivos climáticos y penaliza la electricidad a la hora de competir con otras fuentes, como el petróleo.
El Gobierno ha escuchado sus argumentos y el Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de ley por el que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), en el que recalarán los costes de las renovables y la cogeneración incluidos en la parte fija del recibo de la electricidad. Según los datos publicados hoy por la Comisión Nacional de los Marcados y la Competencia (CNMC), durante el pasado 2019 ascendieron a 7.142 millones, representando el 40% de los costes fijos del sistema y alrededor de un 16% del recibo doméstico.
Los sujetos obligados a la financiación del FNSSE serán los comercializadores de electricidad, productos petrolíferos y gas, que contribuirán al nuevo Fondo en función de sus ventas, de un modo similar a como ya sucede con el Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE). Habrá exenciones y compensaciones para aquellos sectores con menor capacidad de adaptación y respuesta al nuevo sistema.
Aunque el Gobierno aún debe concretar cómo será la repercusión del coste con relación al contenido energético de los productos vendidos, en principio, atendiendo a la estructura energética del país, la electricidad se quedará con el 30%, el gas con el 25% y los carburantes con el 45% restante, si bien estos porcentajes irán variando en función de la demanda.
No está claro el impacto que tendrá sobre los consumidores finales, porque dependerá de la voluntad de los comercializadores el repercutirlo sobre los clientes; puede ocurrir que opten por asumirlo para ganar competitividad; por ejemplo, en la actualidad las diferencias en el litro del carburante entre una gasolinera y otra alcanzan los 10 céntimos de euro.
Las petroleras, las más perjudicadas
Por empresas, en función del actual reparto del FNEE, a Repsol le correspondería un 20% de los 7.000 millones, a Endesa un 13%, a Naturgy un 12,5%, a Cepsa un 11,5%, a Iberdrola un 8%, a BP un 6,5%, a Galp un 4,5% y el resto se repartiría en varios centenares de empresas, entre las que también estarán los agentes directos al mercado. En consecuencia, las cuatro principales petroleras asumirán alrededor del 40%. Algunos cálculos apuntan a que el litro de combustible podría encarecerse unos siete céntimos.
El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), impulsor de la medida, señala que persigue tres objetivos con ella: evitar subidas en el precio de la electricidad, dar señales claras para electrificar la economía y equilibrar las cuentas del sistema para facilitar inversiones durante los próximos años.
La Cartera dirigida por Teresa Ribera explica que los cambios en el mix de generación del país, con la salida de las centrales de carbón, el aumento del ahorro y la eficiencia energética, y con el peso creciente de nuevas renovables, mucho más baratas, reducen la recaudación obtenida con el recibo de la luz y destinada a cubrir los costes fijos del sistema eléctrico, provocando déficit.
Según las cuentas de la CNMC, el déficit de 2019 ascendió a 527,7 millones -el primero que se registra desde 2013-, y se cubrió gracias al superávit de ejercicios anteriores. Como a cierre de 2018 quedaban 1.037 millones en la caja, este superávit ahora se ha reducido a 509,3 millones. Este 2020, condicionado por la pandemia, el déficit será muy superior porque la caía de la demanda reducirá los ingresos.
Evitar una subida del 6,5% en el recibo doméstico
La Ley del sector eléctrico obliga a ajustar al alza los costes de la electricidad en cuanto se registre déficit superior al 2% de los costes, como sucedió el año pasado. El Miteco calcula que con la situación actual se producirá una subida del 10% al 15% en la parte regulada del recibo, que se traduciría en un incremento del 6,5% de la factura doméstica en un solo año. La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha dicho en la rueda de prensa posterior a la reunión que esta subida era "algo intolerable" con la coyuntura actual.
El desequilibrio en las cuentas del sistema eléctrico, por otro lado, generaría incertidumbre sobre su sostenibilidad y retraería las inversiones en electricidad, frenando la electrificación de la economía, algo clave en el proceso de descarbonización.
En consecuencia, la creación del FNSSE, que será gestionado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (Idae), permitirá equilibrar el sistema eléctrico sin aumentar la factura ni endeudarlo. Se aplicará progresivamente, en un plazo de cinco años, a razón de un 20% por ejercicio, y al final del período, debería rebajar un 13% la factura eléctrica doméstica.
En el FNSSE no sólo recalarán los costes de las renovables; también la recaudación de varios impuestos que gravan la electricidad y los ingresos procedentes de las subastas de CO2. Los primeros han venido recaudando unos 3.000 millones al año, pero el citado cambio del mix y la reducción de la demanda y los precios eléctricos los empujan a la baja: se quedaron en 2.450 millones el año pasado. Los segundos pueden llegar a los 1.000 millones anuales, aunque en 2019 sólo aportaron 711 millones.
El FNSSE también podrá nutrirse de fondos adicionales procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, al objeto de cubrir posibles desajustes, y podrá devolver a las empresas los posibles superávit que registren las cuentas eléctricas. El Idae se encargará de cuadrar las cuentas del ejercicio y de remitir los fondos a la CNMC para que haga las oportunas liquidaciones, como hasta ahora.
Exenciones y bonificaciones
El Gobierno aplicará exenciones y bonificaciones al FNSSE, para evitar doble imposición y ayudar a los sectores con más dificultades para adaptarse. Las primeras serán para el consumo eléctrico para almacenamiento, el gasóleo agrícola, el gas natural para la cogeneración y la generación eléctrica, el queroseno para aviación, el gasóleo para navegación y pesca (excepto embarcaciones de recreo), así como el porcentaje de mezclas de biocarburantes en combustibles y de gases renovables en el gas natural.
Las bonificaciones serán para los posibles costes indirectos que pudieran derivarse sobre los consumidores: gasóleo de usos profesionales y para la industria electrointensiva y consumidora de gas natural pertenecientes a sectores en riesgo de "fuga de carbono", que se añadirán a lo previsto en el estatuto de los consumidores electrointensivos.
También se reconocerá la variación en las tarifas reguladas de la electricidad, el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC): la fórmula de cálculo del margen comercial de las empresas que lo pueden ofrecer incorporará el encarecimiento correspondiente.
El Anteproyecto de ley se tramita de urgencia y podría empezar a aplicarse a mediados del año que viene, en función de lo que tarde en aprobarse en el Parlamento. El Miteco ya cuenta con las empresas perjudicadas recurrirán la medida en los tribunales, pero confía en su solidez jurídica y apunta a que es similar a otras ya existentes en la UE.
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