El Gobierno va a congelar la parte fija del recibo de la luz, sobre la que se cargan más de 14.000 millones de euros de costes del sistema eléctrico, hasta el 1 de abril de 2021. Ese mismo día también entrará en vigor una nueva estructura del recibo, que en el caso doméstico incluye tres tramos horarios, con precios diferentes en cada uno.
El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) está tramitando un Real Decreto para repartir entre los distintos consumidores los 7.000 millones de costes eléctricos asociados a la política energética, que se abonan mediante el recibo de la luz. Se denominan cargos y se corresponden a partidas como las ayudas a las renovables históricas o los costes de los sistemas eléctricos no peninsulares.
Estaba previsto que los nuevos cargos entraran en vigor a la par que los nuevos peajes establecidos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para cubrir los costes relacionados directamente con el sistema eléctrico, como las redes, que ascienden a unos 7.200 millones.
Se da la circunstancia de que el Regulador, el pasado mes de junio, retrasó la fecha prevista para aplicar los peajes desde el próximo 1 de enero hasta el 1 de abril, al objeto de que las empresas eléctricas pudieran adaptar los equipos de medida, los sistemas de facturación y los contratos, puesto que también entrará en vigor la nueva estructura del recibo de la luz, con tras tramos horarios y tarifas distintas en cada uno de ellos -punta, llano y valle- en el caso de los consumidores domésticos.
En consecuencia, la Cartera dirigida por Teresa Ribera ha decidido prorrogar los importes de la parte fija del recibo de la luz -que incluye los cargos y los peajes- hasta ese mismo 1 de abril, ganando tiempo para culminar el decreto de cargos, tal y como señala un proyecto de orden ministerial que estará en información pública entre el próximo miércoles y el 15 de diciembre. Es la segunda vez que se prorrogan los peajes de 2019.
Partidas necesarias, ya el 1 de enero
El proyecto de orden, no obstante, establece algunas partidas necesarias para el funcionamiento del sistema a partir del próximo 1 de enero, como los pagos por capacidad, los extracostes de los sistemas no peninsulares -760 millones-, los derechos de cobro de la deuda acumulada tras años de déficit -2.440 millones-, la retribución provisional del Polo español del Operador del Mercado Ibérico (Omie) y los precios a cobrar a los agentes.
A Omie, con la metodología para calcular su retribución también pendiente, se le ha fijado una retribución provisional, basada en los criterios de años anteriores: le corresponden 13,1 millones, que podrá crecer en 1,8 millones adicionales por costes adicionales relacionados con la integración de los mercados europeos.
Los comercializadores y consumidores directos que participen en el mercado pagarán 0,02657 euros por MWh que figure en el programa horario final de cada hora. Las instalaciones eléctricas pagarán 9,37 euros por MW de potencia disponible.
Subirá el déficit de tarifa
El año 2019 ya cerró con un déficit de tarifa de unos 700 millones de euros, según los cálculos de la CNMC. Este año 2020, condicionado por la pandemia, la cantidad debería ser superior, tanto por el incremento de algunos costes -sólo las medidas extraordinarias de protección social contra la pandemia superan los 200 millones- como por la caída de ingresos derivada del menor consumo.
Algunos esperan que el déficit cierre el ejercicio incrementándose hasta el entorno de los 1.500 millones No obstante, en la última liquidación provisional del sistema eléctrico, la entidad dirigida por Cani Fernández señalaba que el déficit del sistema hasta el mes de septiembre era de 2.386 millones, un 11% menor que en el mismo mes de 2019.
Ribera ya adoptó en junio medidas extraordinarias para atajar el déficit, como habilitar el uso de los superávit e los últimos años o aumentar la partida destinada al sistema eléctrico de la recaudación obtenida con las subastas de CO2 hasta los 1.000 millones.
