La prohibición de cortar los suministros básicos de agua, luz y gas durante la fase álgida de la primera ola de la pandemia, junto con las medidas para flexibilizar los contratos, como la reducción de la potencia eléctrica, costaron 202 millones de euros, según ha revelado esta mañana la secretara de Estado de Energía, Sara Aagesen, en el Congreso de los Diputados.
La secretaria ha comparecido en la Comisión de Transición Ecológica de la Cámara para exponer las partidas de la propuesta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 que tiene asignadas el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) y que se incrementan un 132%, hasta los 12.307 millones.
La mayor subida se produce en el capítulo energético, que alcanza los 9.774 millones, con 5.390 millones extra del Fondo de Recuperación -financiado por la UE-, para impulsar la transición energética, la eficiencia y la movilidad sostenible. Aagesen ha asegurado que las cuentas públicas incorporan las partidas necesarias "para activar las primeras medidas del Plan de Recuperación".
Respondiendo a sus señorías, Aagesen ha señalado que la partida asignada a compensar los costes derivados de la prohibición de cortar los suministros energéticos y las medidas de flexibilidad, como la opción de reducir la potencia contratada, ascienden a unos 202 millones.
Aagesen ha detallado que esa cantidad, aún pendiente de liquidar con las empresas suministradoras, se deriva de las 130.000 medidas de flexibilidad aplicadas en los contratos y las 30.000 prohibiciones de suspensión de los servicios. "Es un dato contable bastante exhaustivo", ha puntualizado.
Las medidas extraordinarias se aplicaron para todos los consumidores desde el 1 de abril hasta el pasado 1 de octubre, aunque se prorrogó el derecho a percibir el bono social eléctrico y térmico a los afectados por la Covid-19 -desde parados a cuidadores de enfermos- hasta junio del año que viene.
Unos 800 millones más para transición justa
La secretaria ha revelado que espera conseguir unos 800 millones del europeo Fondo de Transición Justa el próximo año, aunque aún no se han cerrado las negociaciones en la UE. Esta cantidad se añadiría a los 422 millones consignados al Instituto para la Transición Justa -un 25% más que los de su predecesor, el Instituto de Reconversión Minera del Carbón-, a otros 90 millones del Plan de Recuperación, y a otras partidas transversales gestionadas por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (Idae), que también recibirá 422 millones.
Aagesen se ha detenido a desglosar el destino de los restantes 5.300 millones del Plan de Recuperación asignados a la transición energética: 1.100 millones corresponden a medidas de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos; 350 millones a actuaciones de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana en zonas de declive demográfico y poblaciones con menos de 5.000 habitantes.
La mayor partida, 1.900 millones, será para el desarrollo masivo de energías renovables, incluyendo tecnologías que precisan innovación como la eólica marina o el biogás, así como actuaciones para el impulso de la cadena de valor de la energía y una estrategia específica para las islas; otros 750 millones recalarán en las infraestructuras eléctricas, la promoción de redes inteligentes y el despliegue del almacenamiento
A las instalaciones de hidrógeno verde -producido con renovables- "como proyecto país" se destinarán 600 millones; y 600 millones más recalarán en la renovación de edificios y propiedades de la Administración General del Estado, especialmente en zonas vinculadas a reto demográfico.
Sin las dotaciones previstas con origen en la UE, el presupuesto del Miteco se incrementa en un 4% con relación al actual.
