Los Grupos parlamentarios de Psoe y UP piden revisar al alza los objetivos verdes incluidos en el Proyecto de ley de cambio climático, rechazan la petición de las petroleras de que se tengan en cuenta las emisiones de CO2 de todo el ciclo de vida del transporte, y no sólo las de su uso final, y piden nuevas señales de tráfico para avisar a los conductores de la proximidad de puntos de recarga para coches eléctricos.
Así lo manifiestan en las enmiendas que las formaciones políticas han presentado de forma conjunta al articulado de la futura Ley del cambio climático y transición energética, que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, a las que ha tenido acceso elEconomista.
En primer lugar, los diputados reclaman aumentar la ambición de los objetivos verdes previstos para 2030 con relación a 1990, como la reducción de las emisiones de CO2 -desde el 20% al 23%-, la penetración de las energías renovables -del 35% en el consumo final de energía del 42%, y del 70% de la generación eléctrica al 74%- y el ahorro de energía, desde el el 35% al 39,5%.
Con los cambios se adecuan los objetivos del Proyecto de ley a los previstos en el Plan Nacional Integrado de Energías Renovables (PNIEC), que recientemente ha recibido el espaldarazo de la Comisión Europea, que prevé invertir más de 240.000 millones de euros hasta 2030.
El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), dirigido por la Vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, decidió reducir la ambición del PNIEC en la Ley para no pillarse los dedos, siguiendo el consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Igualmente retiró la obligación de subastar al menos 3.000 MW renovables todos los años.
Cal y arena para las petroleras
Psoe y UP dan una de cal y otra de arena a las petroleras, que pedían la inclusión de todos los tipos de ecocombustibles en el transporte -y no sólo en el aéreo- para conseguir que no emitiera CO2 en 2040 y que se consideraran todas las emisiones de carbono en el ciclo de vida del transporte, desde el pozo hasta la rueda, y no sólo durante su uso final por las carreteras del país.
Sus señorías aceptan la primera propuesta, añadiendo la obligación de que se fijen objetivos anuales de integración de biocarburantes avanzados y otros combustibles renovables no biológicos, pero no la segunda: mantienen el objetivo de conseguir un parque de automóviles ligeros que no más tarde de 2040 sean vehículos con emisiones de 0 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, con independencia de las emisiones exigidas para su fabricación o de las necesarias para suministrarle energía.
En el ámbito concreto de los biocarburantes, introducen las exigencias para la biomasa de la UE, que deberían garantizar la sostenibilidad de las materias primas usadas para su producción. También reclaman el establecimiento de objetivos de penetración del ferrocarril en el transporte de mercancías en distancias superiores a los 300 kilómetros.
Nuevas señales de tráfico
Psoe y UP emplazan al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a elaborar, con el Miteco, un catálogo de señales para identificar los puntos de recarga para vehículos eléctricos en las vías, con sus principales características, como su potencia eléctrica, así como la distancia a la que se encuentran.
El proyecto de Ley ya prevé la obligación de que un 10% de las gasolineras dispongan de puntos de recarga y de que se ofrezca información sobre ellos en Internet, pero aún no existe ni la imagen ni el contenido de la señalización en las carreteras para que los usuarios conozcan la distancia al punto próximo de recarga u otros datos, como su potencia.
No a las minas de uranio
Los diputados igualmente proponen una enmienda para prohibir la investigación y el aprovechamiento de los minerales radiactivos en todo el territorio nacional, que ha provocado la caída en Bolsa del Berkeley -proyecta una mina y una fábrica de uranio en Salamanca-, explicando que se quiere "evitar su posible dispersión, que podría suponer un riesgo para la población o para el medio ambiente".
También en el ámbito nuclear, consideran adecuado declarar de interés general las obras para gestionar los residuos radiactivos, exceptuándolas de todo control preventivo municipal y emplaza al Miteco a regular los convenios de Enresa con los municipios del entorno de las instalaciones nucleares.
En cuanto a los gases renovables, desdeñan su uso en la red gasista -algo relevante para el almacenamiento de energía a largo plazo- y se opta por fomentar más su uso con carácter industrial, en particular el del hidrógeno.
Así mismo proponen la obligación de que las empresas que hayan calculados las emisiones de CO2 de sus proveedores (Alcance 3) lo comuniquen al mercado; plantean mayor fomento de la I+D+i en renovables, mediante el uso de instalaciones de ensayos disponibles en el ámbito nacional, con una regulación específica, exenciones para proyectos piloto que desarrollen y fuentes de financiación al margen de los recursos regulados de los sistemas eléctrico y gasista.
Finalmente, se refuerza el fomento de la capacidad de absorción de los sumideros de carbono, incluyendo los marinos y los de los ecosistemas costeros. Y plantean eliminar del articulado las disposiciones ya incluidas en la legislación, como el Real Decreto-ley 23/2020.
