El Gobierno rebaja su ambición en materia de renovables al eliminar del Proyecto de Ley de cambio climático la obligación de subastar anualmente un mínimo de 3.000 MW verdes. El Proyecto, que se remitirá mañana al Congreso de los Diputados para su tramitación, también prohíbe a eléctricas y gasistas que financien sus negocios liberalizados con los ingresos que obtienen de las actividades reguladas.
La nueva versión del Proyecto, a la que ha tenido acceso elEconomista, incluye una modificación de la Ley del sector eléctrico que amplía el tipo de subasta que puede lanzar el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), habilitándole a celebrar concursos para que las empresas compitan por un precio fijo por la energía a largo plazo, mientras que hasta ahora lo han hecho por descuentos sobre unos parámetros retributivos muy complejos.
Concretamente, el producto a subastar será la energía eléctrica, la potencia instalada o una combinación de ambas, y la variable sobre la que se ofertará será el precio de retribución de dicha energía. Tal y como adelantó este periódico, podrán distinguir entre distintas tecnologías de generación, en función de sus características técnicas, niveles de gestionabilidad, criterios de localización, madurez tecnológica y aquellos otros elementos que garanticen la transición hacia una economía descarbonizada
Ahora bien, del nuevo borrador ha desaparecido la obligación de sacar a concurso cada año un volumen mínimo de 3.000 MW anuales, que podía ser ampliado al alza reglamentariamente. La medida pretendía blindar las intenciones de la Cartera dirigida por Teresa Ribera con relación a las energías limpias y reforzar la seguridad jurídica del sector.
Sin embargo, tanto detalle normativo acerca del impacto público sobre el mercado podría no encajar en la legislación comunitaria y fuentes del Miteco señalan que "esos objetivos se articularán a través de los instrumentos de Planificación de que desarrolle la Ley", en referencia al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
El cambio, por otro lado -explica el Miteco- también responde a la petición del Consejo de Estado, en cuyo dictamen al borrador pidió la eliminación del objetivo de 3.000 MW.
El PNIEC, que se revisará periódicamente, aspira a instalar unos 50 GW verdes hasta el final de la década, lo que exige un volumen de unos 6.000 MW anuales, cifra similar a la potencia instalada durante el pasado 2019, y muy difícil de alcanzar únicamente con los proyectos que se ejecuten sin algún tipo de apoyo. El sector calcula que se instalará de 1.000 a 2.000 MW al año en plantas que únicamente vendan su energía al mercado mayorista, por el actual entorno de precios bajos, entre otras incertidumbres acentuadas por la pandemia.
Más control sobre eléctricas y gasistas
Otro de los grandes cambios del Proyecto afecta a los dos transportistas de electricidad y gas, REE, Enagás, y a Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDF, Viesgo, Redexis, Nortegas, Madrileña Red de Gas y otras distribuidoras: el borrador les impide destinar recursos obtenidos con sus filiales reguladas a sus negocios liberalizados.
La Disposición final tercera del borrador establece que las sociedades que realizan actividades reguladas del sector eléctrico y gasista no podrán otorgar préstamos, prestar garantías, ni avalar préstamos de otras sociedades del grupo o partes vinculadas que realicen actividades liberalizadas u otras actividades ajenas a dichos sectores.
De la anterior prohibición únicamente se excluyen los préstamos a sociedades del mismo grupo que tengan por objeto una gestión centralizada de la tesorería, sin que se dediquen a actividades liberalizadas u otras actividades ajenas al gas y la electricidad.
Con esta medida, la norma refuerza el control sobre grupos empresariales con negocios que reciben una parte muy relevante de sus ingresos al margen del mercado, ya que el propio borrador ya les viene exigiendo que informen de las adquisiciones que realicen, directamente o mediante sociedades que controlen, de participaciones en otras sociedades mercantiles o de activos de cualquier naturaleza que tengan un impacto relevante sus actividades.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) también está actuando para aumentar el control sobre estas sociedades con funciones clave para la sociedad, estableciendo requisitos extraordinarios de solvencia financiera. De hecho, el Regulador recientemente ha informado sobre el elevado endeudamiento de CLH, exigiéndole que se capitalice adecuadamente.
Geoportal de puntos de recarga eléctrica
El borrador del Proyecto también anuncia un Punto de Acceso Nacional -un geoportal- sobre las estaciones de recarga de los vehículos eléctricos, con información en tiempo real de su localización, características y disponibilidad, incluido el precio de venta al público. Lo gestionará el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico que se nutrirá con la información que las empresas remitan al Miteco. Ahora hay varias iniciativas en este ámbito, una de ellas de REE.
En cuanto a los puntos de recarga, exige que todos los edificios no residenciales con aparcamiento superior a 20 plazas dispondrán de un punto de recarga a partir del 1 de enero de 2025, con las características que establezca el Código Técnico de la Edificación. E instaura que la obligación de instalar puntos de recarga en las gasolineras con un relevante volumen de negocio, corresponderán a sus concesionarios si están ubicadas en redes estatales de carreteras, pero a partir del momento en que se detalle la normativa.
450 millones de las subastas de CO2
Se recupera el límite de 450 millones de euros destinados a financiar el sistema eléctrico procedentes de las subastas de CO2 -se amplió hasta los 750 millones en el Real Decreto-ley 15/208- y se mantiene que hasta el 30% de los ingresos de dichas subastas se pueden destinar a compensar a los afectados por la descarbonización, en el ámbito de la transición justa.
En la estrategia de financiación climática internacional se introduce la consideración del cambio climático y de los objetivos de desarrollo sostenible en los instrumentos de financiación internacional y de apoyo a la internacionalización de la empresa.
Finalmente, el Proyecto obligará a las entidades financieras a publicar objetivos específicos de descarbonización de su cartera de préstamo e inversión alineados con el Acuerdo de París a partir de 2023.
