Teresa Ribera quiere que las futuras zonas de bajas emisiones de las ciudades, con restricciones al tráfico, no puedan ser edulcoradas porque cambie el Gobierno municipal, como ha sucedido en Madrid, cuyo alcalde, José Luis Martínez-Almeida, suavizó sensiblemente las medidas aprobadas por la anterior regidora, Manuela Carmena, en Madrid Central.
La nueva redacción del Anteproyecto de ley de cambio climático y transición ecológica, al que ha tenido acceso elEconomista, establece que todas las poblaciones con más de 50.000 habitantes -unas 150 en todo el país- restrinjan el acceso de vehículos para mejorar la calidad del aire no más tarde de 2023.
Además, el nuevo texto incluye una disposición para evitar que estas zonas se suavicen una vez establecidas: "cualquier medida que suponga una regresión de las zonas de bajas emisiones ya existentes deberá contar con el informe previo de las Administraciones estatales o autonómicas competentes en materia de protección del medio ambiente". O sea, que sin el pertinente informe, no se podrá, por ejemplo, rebajar el volumen de las multas a los vehículos que circulen indebidamente.
El capítulo de la movilidad es uno de los que más se han modificado en la propuesta normativa; por ejemplo, ahora se incluye el impulso de la movilidad eléctrica compartida, un sistema de certificación para supervisar el consumo de combustibles alternativos del transporte aéreo o una plataforma de información sobre puntos de recarga para vehículos eléctricos.
Cargadores rápidos de 50 kW
En este ámbito se ha incrementado la potencia mínima de los cargadores que tendrán que instalar las gasolineras, desde los 22 kW de la anterior versión hasta los 50 kW -su coste ronda los 50.000 euros-, para agilizar las recargas: se tardan unos 15 minutos para lograr una autonomía de 30 kilómetros en el primer caso, que se quedan en siete minutos en el segundo.
En la versión de la Ley sometida a audiencia pública hace un año desaparecieron las fuertes multas a las gasolineras que incumplieran la obligación de instalar los puntos de recarga que recogía el primer borrador, y en la nueva versión también se han suavizado los plazos exigidos a las grandes estaciones de servicio -a partir de 5 millones de litros vendidos al año- para hacerlo.
En la anterior versión, las gasolineras afectadas disponían de 15 meses desde la entrada en vigor de la Ley para instalar las infraestructuras, y ahora se puede leer que tendrán 27 meses. Esto afectará a unas 1.200 estaciones de servicio, pero cualquiera de ellas, con independencia de su volumen de ventas, tendrá que instalar un punto si acomete una reforma relevante, que requiera una revisión de su título administrativo, ya a partir de 2021.
Las comunidades autónomas insulares podrán tomar medidas singulares en el ámbito de la movilidad, pero coherentes con la normativa europea, al objeto de evitar prohibiciones como la aprobada, pero suspendida, en Baleares.
