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El Gobierno obligará a los 150 municipios con más de 50.000 habitantes a establecer una zona como 'Madrid Central'

  • La medida se ha incluido en la futura Ley de cambio climático
  • El Gobierno revisará la fiscalidad del diésel y potenciará los impuestos verdes

El Gobierno obligará a los 150 municipios con más de 50.000 habitantes del país a establecer una Zona de Bajas Emisiones -al estilo de Madrid Central-, con restricciones al tráfico rodado más contaminante, según ha anunciado Teresa Ribera, la vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha declarado la Emergencia Climática en España, que prevé "medidas fiscales disuasorias", entre ellas, elevar el impuesto al diésel y potenciar los impuestos verdes. En particular, Ribera ha anunciado un paquete de 30 medidas ligado a ella, de las que cinco se pondrán en marcha durante los primeros 100 días de Gobierno: remitir a las Cortes el Anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética, definir al senda de descarbonización del país a 2050, elaborar un segundo Plan de adaptación al cambio climático, crear una Asamblea ciudadana del cambio climático, e impulsar los Convenios de Transición Justa ligados al cambio del modelo industrial.

Preguntada por la prensa sobre el contenido del Anteproyecto de ley, en especial sobre la prohibición de vender vehículos diésel a partir de 2040, Ribera ha declarado que el texto sobre el que ahora trabaja apenas contiene modificaciones de la última versión conocida, en el que ese punto se suavizaba enormemente, manteniendo "a rajatabla" la redacción de la UE sobre la materia, que excluye la prohibición, aunque en la práctica la establezca.

No obstante, la vicepresidenta ha anunciado que sí hay un cambio relevante, con relación a las zonas de bajas emisiones, como Madrid Central: "frente a la primera opción, habilitar a los municipios a establecer zonas bajas en emisiones, el anteproyecto de ley propone la obligación de los municipios de más de 50.000 habitantes de establecer Zonas de Bajas Emisiones".

La medida, tal y como adelantó elEconomista, ya estaba perfilada en el Plan Nacional de Calidad del Aire, donde se fijaba el año 2023 como el horizonte temporal para que entrara en vigor. Esa misma fecha, pero sin vinculación alguna, se recoge en el Anteproyecto de ley que salió a información pública. Hoy la vicepresidenta no ha concretado si este punto se mantiene o ha variado.

El Anteproyecto también solicitaba a los consistorios que aprobaran medidas para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de transporte activo, para mejorar y electrificar el transporte público y para fomentar del uso de medios de transporte eléctricos privados, incluyendo puntos de recarga.

De Madrid a Granadilla de Abona

En la actualidad en el país hay 8131 municipios, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, de los que 148 tienen más de 50.000 habitantes; el más grande es Madrid, con 3,2 millones de habitantes, y el más pequeño Granadilla de Abona (Tenerife), con 50.146 vecinos.

El retraso en España de la implantación de los espacios con bajas emisiones en las grandes conurbaciones de Madrid y Barcelona ha derivado en que Bruselas abra un procedimiento de infracción al país.

En Madrid el actual equipo de Gobierno popular rebajó las medidas implantadas por el anterior de Ahora Madrid -aunque ahora está aplicando nuevas prohibiciones-, mientras que en Barcelona Ada Colau ha puesto en marcha el sistema con el cambio de año.

Ribera ha añadido que el texto del Anteproyecto de ley aún debe superar una última revisión, antes de aterrizar en el Congreso, en la que participarán las comunidades autónomas y los órganos de participación social.

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