El Gobierno está preparando el primer Plan Nacional de Calidad del Aire para remitirlo a la Comisión Europea. Según el borrador elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica, con la participación de otros departamentos, a partir de 2023 las ciudades de más de 50.000 habitantes tendrán que delimitar zonas centrales con acceso limitado a los vehículos más emisores y definir Zonas de Bajas Emisiones, lo que supondrá una fuerte reducción de la movilidad del vehículo privado.
El objetivo es reducir el uso de dichos vehículos en entornos urbanos un 35% hasta 2030 y de los tráficos interurbanos del orden del 1,5% anual, gracias al teletrabajo, vehículo compartido y uso de medios no motorizados, tal y como ya adelantó este miércoles elEconomista.
El Ejecutivo propone en dicho documento, al que tuvo acceso elEconomista, la aplicación de medidas legislativas de restricción del tráfico y gestión de aparcamiento en vía pública -zonas azules y verdes- así como la aplicación de programas de ayudas a fondo perdido para que se multiplique el presupuesto puesto a disposición de los particulares y empresas para la adquisición de vehículos eléctricos. Asimismo, como ya indicó este diario, se producirá un incremento del impuesto de matriculaciones y de Tracción Mecánica (el numerito) con la idea de que los precios de estos vehículos se equiparen cuanto antes a los del eléctrico.
Objetivos de calidad del aire
España tiene que cumplir además de con los compromisos del Acuerdo de París con las indicaciones de la Directiva Techo, que prevé una reducción de emisiones de NOx del 43% para 2020 y del 49% para 2030 frente a los datos de 2005. Las emisiones de óxidos de azufre se tienen que reducir un 83% en 2020 y un 86% en 2030 (combustuibles derivados del petróleo). Los compuestos orgánicos no volatiles se tienen que reducir en un 23% para 2020 y 2030 (uso de disolventes) y las de material particulado (PM2,5) deben bajar un 21% en 2020 y un 30% en 2030.
El Ejecutivo incluye además dentro de este paquete de medidas importantes reformas sobre el mix energético, el transporte, la eficiencia energética de la industria, los residuos, los planes de abonado y fertilización, las emisiones por la quema de podas, la gestión de estiércoles, el uso doméstico de disolventes y pinturas, entre otras, con la intención de mejorar la calidad del aire y reducir el número de muertes que cada año se producen por la contaminación.
Dentro del plan de calidad se quiere impulsar la integración de las renovables térmicas en el sector de la edificación. Para lograrlo, se establecerán líneas de apoyo a instalaciones en edificios o redes de calor.
Las medidas irán focalizadas a renovar el parque solar térmico instalado, los equipos de energía ambiente de alta eficiencia en sustitutción de sistemas obsoletos, la renovación de equipos de biomasa por otros de altas prestaciones, las instalaciones de energía geotérmica mediante bomba de calor y uso directo, la hibridación de tecnologías renovables para alcanzar el edificio de energía casi nulo y las instalaciones térmicas integrales estandarizadas y compactas de calor y frío.
El Ministerio de Hacienda analizará una posible adecuación del marco fiscal para establecer señales que incentiven la electrificación y el uso de las renovables para las necesidades térmicas, así como evitar una subvención indirecta de los combustibles fósiles.
Para el periodo 2021-2030 se prevé la intervención sobre la envolvente térmica de 1,2 millones de viviendas en el conjunto del periodo, comenzando con 30.000 viviendas/año en 2021 y finalizando con 300.000 viviendas al año en 2030. Por otro lado, una renovación de las instalaciones térmicas (centralizadas e individuales) en más de 300.000 viviendas al año.
El plan advierte sobre una medida que tendría un impacto negativo. La integración de biomasa en la edificación dentro del entorno urbano podría tener efectos negativos si no se realiza de forma adecuada por las emisiones de partículas, por eso desarrollará un reglamento para fijar los tipos de biomasa para calefacción en el sector residencial.
Apoyo industrial
Por otro lado, el Gobierno prepara un programa de ayudas para incorporar renovables en los procesos industriales mediante líneas de apoyo o redes de calor que les suministren. La política industrial incorporará en toda las herramientas la vertiente energética y habrá acuerdos voluntarios con determinados sectores para incorporar las renovables y ayudas para poder hacer estudios que faciliten a la industria el paso a procesos menos intensivos en carbono.
