Han pasado cuatro años desde que, en enero de 2016, se celebrara en España la primera subasta de renovables, que finalizó con la adjudicación de 700 MW (500 MW de eólica y 200 MW de biomasa). En 2017 hubo dos más. En la primera, celebrada en mayo, se subastaron 3.000 MW, de los que prácticamente la totalidad se adjudicó a proyectos eólicos (2.979 MW), la fotovoltaica solo se llevó 1 MW y los 20 MW restantes se repartieron entre el resto de tecnologías. La segunda subasta tuvo lugar en pleno mes de julio. El Gobierno subastó 5.037 MW. En esta ocasión, la solar fotovoltaica fue la más beneficiada al hacerse con 3.909 MW del total de potencia licitada. La eólica, por su parte, consiguió 1.128 MW de potencia. Suscríbete gratuitamente a la revista digital elEconomista Energía y recibe mensualmente toda la información del sector energético
Una de las exigencias de las subastas es que la nueva potencia renovable debía estar en funcionamiento antes de que comenzara 2020. Según datos de Red Eléctrica de España (REE), 2019 finalizó con una cifra récord de 6.456 MW de nueva potencia renovable instalada, de los que más del 88%, es decir, un total de 5.689 MW, se corresponden con las subastas de 2017.
La ausencia de un Gobierno estable en el último año y medio, ha provocado que no se convocaran nuevas pujas. Pero las cosas están a punto de cambiar. El Ministerio para la Transición_Ecológica y el Reto Demográfico está ultimando los detalles del nuevo modelo de subastas para los próximos años, que se pondría en marcha a partir de 2021 -según la nota de prensa emitida por el Ministerio-, con el que pretende impulsar la construcción de, al menos, 3.000 MW de instalaciones renovables al año.
El nuevo borrador del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuyas líneas básicas se dieron a conocer el pasado 10 de febrero, recoge en el apartado 'Energías Renovables y Eficiencia Energética' (Título II) los puntos más destacados de las nuevas subastas, donde se especifica que el objetivo anual de capacidad a instalar, es decir, los 3.000 MW mencionados, puede ser revisado según vaya evolucionando la descarbonización en España.
Según el nuevo borrador, el producto subastado será la energía eléctrica, y la variable sobre la que se ofertará será el precio de retribución de dicha energía, "al objeto de que el resultado de las subastas impacte positivamente en el precio que abonan los consumidores por la electricidad". Además, las empresas tendrán que superar un proceso de precalificación para participar en los concursos -tal y como apuntó el director general del IDAE, Joan Groizard, durante la jornada que la Asociación Empresarial Eólica (AEE) organizó hace un mes en Madrid sobre este tema- al objeto de evitar la especulación, y deberán presentar sus ofertas en sobre cerrado.
Asimismo, a la hora de convocar las subastas, se podrá distinguir entre tecnologías, niveles de gestionabilidad, criterios de localización, madurez tecnológica u otros aspectos que estén en línea con la normativa comunitaria. Por otro lado, con el fin de favorecer la financiación de las nuevas instalaciones, el Gobierno propone desarrollar nuevos marcos retributivos para la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, basados en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía generada.
La opinión del sector
La noticia de la puesta en marcha de nuevas subastas ha sido bien acogida por el sector. En líneas generales, las principales asociaciones de renovables creen que este tipo de mecanismo permitirá un crecimiento constante y ordenado del sector de las renovables, contribuirá al cumplimiento de los objetivos establecidos por el PNIEC, tendrán en cuenta la evolución esperada de los precios del mercado y las progresivas necesidades del sistema eléctrico, y establecerá un marco de igualdad de condiciones para las grandes empresas y los pequeños desarrolladores. Asimismo, se muestran convencidos de que su programación continua no solo permitirá la incorporación de nuevos proyectos, sino también aprovechar la reducción progresiva de costes de las tecnologías.
Desde Appa Renovables celebran la cifra de los 3.000 MW anuales, aunque recuerdan que "está por debajo de los 5.000 MW previstos en el PNIEC". Les parece positivo el hecho de poder diferenciar por tecnologías y que se tengan en cuenta los niveles de gestionabilidad, "que hasta ahora no se habían considerado". Uno de los aspectos clave, indican desde la asociación, es que la implantación del nuevo modelo "implica la modificación de la Ley del Sector Eléctrico", que se hará aprovechando la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de Transición Energética y Cambio Climático, que el Gobierno confía en llevar al Parlamento en la segunda quincena de marzo. Si esto no sucede, apuntan, "no se podrá cambiar el modelo".
Desde AEE valoran la necesidad de disponer de un calendario de subastas "que dé perspectiva y permita tomar decisiones de la forma más óptima, con los mejores proyectos, los más eficientes y maduros, a los menores costes posibles". Consideran necesario que las nuevas subastas, cuando se convoquen, "cuenten con un diseño nuevo, más homologable a los existentes en la comunidad internacional" y que sean "eficaces y eficientes para ayudar a incorporar la potencia renovable necesaria al ritmo adecuado y cumplir los objetivos del PNIEC, pero con un enfoque que permita extraer el máximo beneficio macro a cada una de las tecnologías, a sus externalidades positivas y a sus cadenas de valor industrial".
Por ello, añaden, "no deben ser un mero asignador de precio, sino un mecanismo más sofisticado que proporcione el mayor valor añadido al sistema por tecnología". En este sentido, afirman que su diseño debería contemplar "subasta de energía y no de potencia, con cupos por tecnología, que adjudique proyectos concretos y no paquetes de potencia genéricos, con mecanismos retributivos tipo CfD y de adjudicación de ofertas tipo 'pay as bid', así como un seguimiento y control exigente de ejecución de los proyectos adjudicados".
Para poner en valor la industria eólica europea y española, explican desde AEE, es conveniente que, en la adjudicación de las subastas, "se establezcan mecanismos para aprovechar al máximo la capacidad industrial existente en España y en Europa". Para ello, argumentan, "se podría avanzar con fórmulas que, siendo respetuosas en todo momento con la normativa europea de competencia, permitan posicionar a nuestras fábricas para aportar al cumplimiento de los objetivos de la Transición Energética de nuestro país y del Green Deal Europeo, con tecnología fabricada en la UE".
Desde la Unión Española Fotovoltaica (Unef), consideran adecuado que el diseño de las nuevas subastas sea en función del precio ofertado por la energía generada y que no sea marginalista, "ya que estos criterios permiten evitar sobreretribuciones y ofertas temerarias". También consideran positivo que se favorezca "la hibridación de los proyectos", a la vez que recalcan la importancia de que se convoquen subastas para capacidad firme "a fin de dar una señal de precio para el almacenamiento y respuesta a las necesidades del sector, entre las que destaca una mayor previsibilidad", así como que se reserve una parte de la capacidad a subastar para "proyectos menores de 10 MW de potencia al objeto de permitir una mayor diversificación del sector".
Desde Fundación Renovables abogan porque las nuevas subastas abandonen el diseño de las anteriores, "en las que ha quedado demostrado que ni ha supuesto incorporar el potencial de reducción de precios de generación, ni la ejecutabilidad de las mismas, ni la diversidad de actores y tamaños, al margen del carácter especulativo que llevaba implícito el establecimiento de suelos comunes para todos los proyectos", a la vez que reclaman "un desarrollo normativo mínimo" y que la producción se determine "según tecnologías y necesidades de planificación".
En este línea, enumeran como elementos ineludibles que las subastas respondan a un ejercicio de planificación energética para dar cumplimiento a objetivos previamente establecidos, que sean subastas por energía con precio finalista para cada propuesta según su oferta, exigencia de desarrollo administrativo mínimo de los proyectos para poder acceder a la subasta y definición de tramos para la generación distribuida y agentes específicos.
Asimismo, proponen que el precio "no sea el único elemento a considerar", ya que las renovables, por su carácter diversificado y distribuido, tienen beneficios inducidos que es necesario tener en cuenta en el establecimiento tanto de los parámetros de corrección de la oferta como en el establecimiento de bloques para apoyar los distintos conceptos. Por otro lado, también piden el establecimiento de garantías para el cumplimiento, así como elementos adicionales que sirvan para adecuar su desarrollo, como, por ejemplo, el establecimiento de cláusulas anti especulación y definición de inversor finalista, y la no utilización de tierras cultivadas o de cultivo.
Desde Protermosolar, son partidarios de convocar anualmente volúmenes específicos por tecnologías (o por perfil de despacho) adjudicándolas a las más competitivas entre cada una de ellas, a la vez que opinan que establecer el precio como único criterio, sin la diferenciación tecnológica, "llevaría a disfuncionalidades que conducirían a una generación más cara, problemática y menos descarbonizada", a la vez que consideran que otros criterios como la consolidación industrial, liderazgo tecnológico, creación de empleo, etc. "deberían resultar relevantes para el país".
Respecto al impacto que tendrá en los costes a los consumidores, opinan que habrá que tener en cuenta que, en las horas en las que el precio del kWh resultante de la subasta esté por debajo del precio de mercado, "esa diferencia representaría un coste adicional para el sistema" y que el hecho de contemplar mejoras e hibridaciones con otras tecnologías en centrales existentes, "podría resultar oportuno en algunos casos y proporcionar ahorros al sistema".
La biomasa reclama su lugar
Desde Unión por la Biomasa y Appa Biomasa reclaman que las nuevas convocatorias de subastas renovables se publiquen lo antes posible y que sean "específicas para tecnologías de valorización de biomasas o específicas para tecnologías gestionables", al objeto de poder llevar a cabo proyectos que actualmente están en cartera y alcanzar el objetivo de 795 MW que figura en el último borrador del PNIEC para la biomasa en la próxima década.
Las mal llamadas subastas neutras tecnológicamente, afirman, "han 'expulsado' a la biomasa del mecanismo de subastas", de ahí que sea necesario "contar con pujas que contemplen las particularidades de la biomasa y den cabida a todas las tecnologías biomásicas de los grupos b.6, b.7, b.8, además de a los residuos renovables".
Ambas asociaciones recuerdan que para las empresas inversoras "resulta esencial conocer con antelación el programa previsto de subastas" y señalan que los 200 MW subastados en 2016 "ya se están conectando para estar en funcionamiento antes de marzo".
