Las empresas eléctricas le han planteado al Gobierno adelantar a los próximos años una parte sustancial de su inversión en las redes durante la década, superior a los 30.000 millones de euros, al objeto de reactivar la economía. Según los cálculos de Deloitte, contratada para estudiar los impactos macroeconómicos del acelerón, se generarían más de 40.000 empleos netos. Pero para ello hay que eliminar unos límites anuales a la inversión proporcionales al PIB.
Prácticamente todo el mundo está de acuerdo en que el crecimiento de la economía verde será clave para salir de la profunda crisis económica provocada por la pandemia. Y un elemento básico de ese crecimiento ecológico es la ampliación y la modernización de las redes eléctricas, al objeto de implantar renovables, movilidad sostenible y, en general, el aumento del peso de la electricidad limpia en el consumo energético.
Gran inversión en una década
El borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la hoja de ruta del país para reducir las emisiones de CO2 hasta 2030, contempla una inversión en redes y electrificación de 58.579 millones de euros durante la década, lo que permitiría generar un volumen de empleo anual que oscila entre los 25.000 y los 45.000 puestos de trabajo.
El PNIEC tomó como referencia un informe de Monitor Deloitte elaborado en 2018, Hacia la descarbonización de la economía: la contribución de las redes eléctricas a la transición energética, que partía de unos niveles de penetración de renovables inferiores a los finalmente planificados por el Gobierno y que arroja unas cifras ligeramente más modestas: una inversión de 38.000 a 56.000 millones, de los que una horquilla de 29.000 a 34.000 millones correría por cuenta directa de las empresas y el resto correspondería a terceros.
Monitor Deloitte y el PNIEC establecen un calendario orientativo para ejecutar las inversiones de las empresas en las redes, acorde con las necesidades de modernización, digitalización, penetración de renovables, etcétera, que considera de 2.000 a 2.500 millones anuales, con el 60% del total en el primer quinquenio de la década y el 40% en el segundo.
Sin embargo, explotó la pandemia, y con ella ha llegado una brutal crisis económica que costará varios años dejar atrás.
Los líderes de las grandes compañías eléctricas, como Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola) o José Bogas (Endesa), han anunciado que están acelerando sus inversiones, sobre todo en nuevas plantas eólicas y fotovoltaicas, para contribuir a la reactivación económica. Bogas incluso señaló durante la presentación de resultados del primer trimestre que las empresas mantenían conversaciones para actuar de forma coordinada y proponer medidas concretas al Gobierno.
Límites del 0,065% y del 0,13% del PIB
Ahora bien, aumentar la inversión en las redes -que condicionan todo lo demás- no es tan sencillo, porque hay límites legales anuales a la inversión. Como este tipo de infraestructuras se retribuyen de forma regulada con cargo a la tarifa eléctrica de los consumidores, para evitar desviaciones y déficit imprevistos, el desembolso de capital anual en transporte -la inmensa mayoría a cargo de Red Eléctrica de España (REE)- no puede superar el 0,065% del PIB, mientras que el gasto en distribución ha de quedar por debajo del 0,13% del PIB.
Durante la reciente revisión regulatoria acometida por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), las empresas propusieron al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) que esos límites no fueran tan rígidos, convirtiéndolos en trienales, de modo que los posibles excesos de un ejercicio se pudieran compensar con los defectos de otro, siempre dentro de ese período de tres años, que coincide con el de la ejecución de los planes de inversión de las distribuidoras.
Pero la Ley del sector eléctrico exige contener y compensar las desviaciones de la tarifa eléctrica anualmente, dificultando su modificación, lo que llevó al Gobierno a aparcar esa propuesta y otra que quería vincular los límites a la evolución de la demanda.
Con la intención de convencer al Gobierno sobre la necesidad de sortear este obstáculo mayor, las empresas distribuidoras contrataron en abril a Monitor Deloitte para que actualice el referido informe sobre la inversión en redes eléctricas, centrándose exclusivamente en la distribución e incidiendo en el impacto macroeconómico que tendría adelantar las inversiones todo lo posible, de modo que se maximice su efecto de arrastre sobre el grueso de la economía cuanto antes.
En el encargo a Deloitte no participan únicamente las grandes firmas agrupadas en Aeléc -EDP, Endesa, Iberdrola, Naturgy y Viesgo-, sino también las pequeñas distribuidoras, representadas por Cide y Aseme, en una actuación coordinada para beneficio del conjunto del sector.
El documento está muy avanzado -ya se está sometiendo a consultas de los financiadores un primer borrador- y podría remitirse al Miteco y presentarse en público en julio o en septiembre. Entre sus primeras conclusiones plantea aumentar la inversión en distribución unos 2.000 millones entre 2021 y 2023, de modo que aumente desde los 7.000 millones actualmente previstos hasta los 9.000 millones.
La inversión caerá de acuerdo con el PIB por la crisis
La existencia de los límites a la inversión anual, por otro lado, es contraproducente ahora, ya que la caída del PIB de este año, probablemente superior al 10%, provocará una reducción similar en la inversión en las redes, frenando en vez de acelerando el proceso de electrificación de la economía.
Este freno, adicionalmente, tiene una lectura particular en REE, puesto que sus inversiones en las redes de transporte tienen carácter vinculante y las aprueba el Gobierno; ahora mismo está tramitándose la Planificación de 2021 a 2026.
El Plan de inversión regulada de REE en estas redes contempla invertir unos 2.900 millones entre 2018-2022. El año pasado desembolsó casi 400 millones, pero su presidenta, Beatriz Corredor, ha revelado, durante un evento telemático organizado por APPA Renovables, que la compañía está en conversaciones con el Miteco al objeto de acelerar la tramitación de infraestructuras clave para relanzar la economía: "hemos hecho un cálculo de los proyectos que podrían ponerse en carga de trabajo inmediatamente, si se agilizaran o se terminaran de tramitar los permisos, y tenemos 1.000 millones de inversión, con 1.700 millones de producción, con 10.000 empleos y con la posibilidad de generar para las arcas públicas otros 200 millones de ingreso fiscal".
Beatriz Corredor (REE): "Tenemos 1.000 millones de inversión, con 1.700 millones de producción, con 10.000 empleos y con la posibilidad de generar para las arcas públicas otros 200 millones de ingreso fiscal"
También Ángeles Santamaría, consejera delegada de Iberdrola España, se ha referido a la posibilidad de adelantar las inversiones en el mismo evento. Y se refirió a la existencia del límite a la inversión de las redes de distribución: "Hay una limitación por Ley del 0,13% del PIB y hay un escenario de contracción del PIB, pero esto no debiera suponer una traba; este problema se debiera analizar a la luz de las circunstancias en que nos encontramos y adaptar las inversiones a lo que realmente se necesita y utilizarlas como palanca de la reactivación".
