El déficit del sistema eléctrico se elevó el año pasado hasta el entorno de los 700 millones de euros, según los cálculos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El dato implica que Gobierno no tiene fondos para cubrirlo, pues le quedaban menos de 600 millones de remanente de los superávit acumulados desde el año 2014. Este año el déficit será muy superior y el Gobierno ya prepara "medidas estructurales" para no subir la luz a los consumidores.
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) se han excusado de facilitar una estimación del déficit de tarifa registrado en 2019, argumentando que la CNMC todavía no ha publicado la liquidación definitiva -que debe conocerse antes de que acabe este año- y que aún hay partidas pendientes de contabilizar, de índole fiscal y derivadas de procedimientos judiciales aún por resolver.
No obstante, en la última liquidación mensual de 2019 del Regulador, la número 14, se calculaba el déficit provisional en 1.202 millones, indicando que aún faltaban por llegar transferencias de Hacienda por 89 millones correspondientes a las subastas de CO2 y lo recaudado con el canon hidroeléctrico, estimado en 339 millones para todo el año, de los que sólo se habían recibido 19 millones.
El déficit rondará los 700 millones
La CNMC igualmente apuntaba que tampoco se habían restado 98 millones de la retribución de la distribución de años anteriores -en parte resultantes de sentencias judiciales- ni sumado 17,6 millones de atrasos de los costes de las plantas de generación convencional en las islas de 2016, partida que acumula una fuerte deuda con Endesa, que opera esas centrales en régimen de monopolio regulado. Así pues, el déficit de 2019 rondará los 700 millones.
También según la CNMC, el superávit del sistema eléctrico acumulado desde 2014 ascendía a 1.037 millones a cierre de 2018, pero el Gobierno habilitó 450 millones en octubre de ese mismo año para cubrir costes fijos del sistema de 2019, de modo que la hucha remanente debe de ascender a 587 millones.
El último Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 23/2020, que habilita al Gobierno a destinar estos ahorros a cubrir los déficit de 2019 y 2020, pero los fondos no dan para tanto: si el remanente del sistema es menor de 600 millones y los costes de 2019 superaron los 700 millones, faltan 100 millones por cubrir.
Este 2020 se ha registrado una caída de la demanda eléctrica del 20% durante los meses de confinamiento y con la recuperación al ralentí aún está un 10% por debajo de lo habitual, por lo que varios expertos auguran una merma de ingresos que disparará el déficit hasta una horquilla de 1.500 a 2.000 millones, siendo prudentes. El Miteco también ha rehusado hacer una estimación.
Máximo del 2% de desvío en las cuentas
Para evitara que el déficit de tarifa llegue a los extremos que lo hizo -la deuda superó los 30.000 millones, de los que aún quedan 16.600 millones por pagar-, la Ley del sector eléctrico obliga a incrementar la factura de la luz si el déficit de un ejercicio supera el 2% de los ingresos estimados para ese ejercicio, o si la deuda acumulada por sucesivos desajustes anuales supera el 5% de dichos ingresos, en línea con lo que se aplica en otros países de nuestro entorno.
Se da la circunstancia de que el Miteco, a finales del año pasado, argumentando que él y la CNMC están revisando la estructura financiera regulada del sistema eléctrico, prorrogó para este 2020 las previsiones de ingresos y costes de 2019. Habida cuenta de que los costes del año pasado ascendieron a 17.687 millones, el déficit de 100 millones no supera el límite del 2% establecido por la Ley, que resulta en 353 millones, pero no ocurre lo mismo con el déficit de este 2020: considerando la horquilla de 1.500 a 2.000 millones, el déficit alcanzaría el 10% de los costes, obligando a subir la luz.
El Gobierno, "muy pendiente"
La vicepresidenta Teresa Ribera fue preguntada por el déficit de tarifa de este año en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Señaló que la crisis del Covid-19 había alterado "de forma importante la estimación de ingresos y gastos del sistema" y que por ese se había habilitado la aplicación del superávit "ligeramente por encima de los 1.000 millones de euros", para cubrir los desajustes de 2019 y 2020.
Ribera añadió que "es obvio que tenemos que estar muy pendientes, muy al tanto" y que "estamos haciendo una gestión responsable, sin trasladar al consumidor ese sobrecoste provisional, mientras seguimos de cerca cómo evoluciona el sistema eléctrico, y, en su caso, si es necesario, incorporando medidas estructurales para la transformación del modo en que cubrimos los costes fijos del sistema".
El Gobierno tiene cierto margen para aplicar esas "medidas estructurales", puesto que la obligación de subir la luz únicamente es efectiva cuando se disponen de las cuentas definitivas del ejercicio en que se ha incurrido en déficit, que se conocen a finales del año posterior. Por lo tanto, hasta 2022 no se produciría el incremento a cuenta del desfase de este 2020.
