El Gobierno lanzará subastas de renovables durante el segundo semestre del año y sacará a información pública la normativa que las regula de forma inmediata, tras aprobar hoy un Real Decreto-ley que también le permite usar el superávit del sistema eléctrico de ejercicios pasados para cubrir los déficit de 2019 y 2020, establecer una moratoria al acceso a la red para atajar la especulación, agilizar la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, mantener el nivel de inversión en las redes, aumentar la retribución de la cogeneración…
El Consejo de Ministros ha aprobado un RDL para fomentar las renovables que incluye numerosas medidas esperadas desde hace tiempo por el sector eléctrico. Alguna, como la habilitación al Gobierno para lanzar nuevas subastas de renovables, estaba prevista para el mes de noviembre y se ha incluido en el Proyecto de ley de cambio climático, ya en tramitación en el Congreso de los diputados.
Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, durante la rueda de prensa posterior al Consejo, ha ligado la aprobación de la norma con la intención de que las renovables actúen como "fuerza motriz de la recuperación económica" y aporten competitividad, empleo, autonomía energética, modernización de la economía...
De acuerdo con fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), quizá esta misma semana se saque a información pública el Real Decreto que regule el nuevo sistema de subastas. Tal y como adelantó elEconomista, las nuevas pujas otorgarán un precio fijo por la energía, y distinguirán entre distintas tecnologías según sus características técnicas, tamaño, criterios de localización y madurez tecnológica, entre otros elementos, como la participación de las denominadas comunidades de energía, a las que también se otorga carta de naturaleza con la norma aprobada.
La intención del Miteco es adelantar la inversión en estas instalaciones -prevé unos 100.000 millones de euros durante la década- y trasladar cuanto antes a los consumidores el ahorro de costes que las fuentes verdes pueden propiciar gracias a las subastas; en otros países de nuestro entorno, como Portugal, se han adjudicado tarifas más bajas que el precio medio del mercado eléctrico, bienvenidas por los concursantes porque obtienen más estabilidad en los ingresos y una garantía a largo plazo.
El Gobierno ha calculado de un modo somero que cada 3.000 MW de renovables que se adjudiquen pueden bajar el precio de la luz a los consumidores unos 170 millones al año, si bien no ha facilitado un cálculo en un horizonte temporal amplio.
Ribera ha anunciado que el primero de los concursos se lanzará durante el segundo semestre del año, y el Miteco, que aún no ha decidido qué potencia se pondrá en almoneda, quiere tenerlo aprobado a finales de verano.
El superávit eléctrico acumulado cubrirá los déficit de 2019 y 2020
Otra de las grandes novedades del RDL es la autorización al Gobierno de usar el superávit del sistema eléctrico acumulado desde 2014 para financiar el déficit registrado el pasado 2019 y el previsto para este 2020, y para abonar las actividades reguladas, como el transporte y la distribución, las ayudas a las renovables históricas o el coste de la energía en las islas.
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a cierre de 2018 el superávit acumulado ascendía a 1.037 millones, a los que hay que restar los 450 millones que el Gobierno ya decidió destinar a cubrir costes regulados de 2019.
Habida cuenta de que el déficit registrado el año pasado, a falta de la liquidación definitiva, ascendió a 1.202 millones, y de que este 2020 los ingresos se reducirán mucho por el impacto de la pandemia -el desplome de la demanda y la aplicación de medidas extraordinarias de protección social- es obvio que las cuentas del sistema están lejos de cuadrar; algunos apuntan que este ejercicio el déficit puede ascender hasta los 2.000 millones.
Ribera, preguntada por el déficit previsto para este año, se ha escudado en la dificultad de calcularlo por la crisis del coronavirus, ha señalado que no tiene intención de trasladar ningún sobrecoste a los consumidores y ha abierto la puerta a aplicar "otras medidas estructurales" para financiar los costes fijos del sistema eléctrico.
Moratoria de concesión de permisos de acceso a la red
El RDL implanta una moratoria a la concesión de derechos de acceso a la red eléctrica hasta que se apruebe una nueva regulación, que elaboran paralelamente por la CNMC y el Miteco, y que debería estar lista en un máximo de tres meses. Asimismo, tal y como adelantó elEconomista, establece plazos temporales para alcanzar ciertos hitos en la tramitación de los proyectos, y fija plazos de vencimiento de los permisos concedidos y de ejecución de avales -más cortos para los concedidos entre 2013 y 2017-, al objeto de atajar la especulación.
El Miteco calcula que se han presentado solicitudes de acceso a las redes por 430.000 MW -casi el doble de la cantidad publicada por Red Eléctrica de España y siete veces más que la potencia prevista hasta 2030-, de las que sólo 295.000 MW se han tramitado correctamente. Alrededor de un 60% de ellas no están asociadas a un permiso de conexión concreto, lo que puede implicar que únicamente se han pedido con afán especulativo.
La capacidad de red que se vaya liberando durante la moratoria, por los permisos que venzan de acuerdo con los nuevos criterios, no se volverán a otorgar hasta que esté lista la nueva regulación de acceso y conexión.
Mantener la inversión en redes eléctricas
Por otro lado, las empresas eléctricas habían pedido al Gobierno que eleve los límites de inversión anual en las redes con relación al PIB, fijadas en el 0,065% y el 0,13% para el transporte y la distribución, respectivamente, al objeto de aumentar sus inversiones en estas infraestructuras y generar más actividad y empleo a corto plazo.
El Miteco les ha hecho caso parcialmente, puesto que la nueva norma eleva dichos límites hasta el 0,075% del PIB en el caso del transporte y el 0,14% del PIB en el caso de la distribución, pero únicamente durante el trienio de 2020 a 2022, con la intención de mantener el monto de inversión ya aprobado en los correspondientes planes empresariales. De otro modo, se incurriría en una ilegalidad, a la vista de que este año se prevé una caída del PIB superior al 10%.
Nuevos negocios y agilización de permisos
El RDL también anticipa el alumbramiento jurídico de nuevos actores y actividades que estaban previstas para la Ley de cambio climático, como la hibridación -instalar varias tecnologías en una misma planta-, el almacenamiento de electricidad o los agregadores de demanda, gestores de las cargas de los consumidores que podrán participar en servicios del sistema eléctrico.
Igualmente, se agiliza la concesión de permisos para modificar centrales de generación, para las comunidades de energías renovables, para las instalaciones móviles -como transformadores o reactancias-, y para los proyectos de I+D+i, que se complementarán con bancos de pruebas regulatorios -sandboxes en inglés-, que permitirán probar su funcionamiento al margen del resto del sistema. También se prorroga la vigencia de las declaraciones de impacto ambiental.
En el ámbito de la transición justa, aumenta las competencias del nuevo Instituto para Transición Justa para que pueda actuar en los territorios donde se ubican las centrales térmicas de carbón que cierran de forma inminente y no sólo en el entorno de las minas, y habilita al Gobierno a regular la concesión de la capacidad a la red que estas centrales dejarán ociosa.
Por otro lado, se aumentan los ingresos de la cogeneración y la biomasa, al revisar su retribución a la operación, desfasada por el hundimiento del mercado eléctrico durante el estado de alarma; se declaran de utilidad pública los puntos de recarga de alta capacidad para vehículos eléctricos -a partir de 250 kW- para agilizar su implantación en vías interurbanas; y, finalmente, se prorroga hasta 2030 el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, medida también prevista en la Ley de cambio climático.
