El Gobierno prepara una revisión normativa para que la prohibición de cortar los suministros esenciales se aplique a toda la ciudadanía, con independencia de su nivel de renta, durante el período de alerta por el coronavirus. Fuentes oficiales esperan que se apruebe rápidamente, quizá antes del próximo Consejo de Ministros.
La prohibición de cortar la luz, el agua y el gas natural establecida por el Gobierno durante el período de la alerta afecta únicamente a aquellos consumidores considerados vulnerables. Dejando aparte los supuestos especiales -como discapacitados o víctimas de violencia de género-, esto sólo protege a las unidades familiares sin hijos con rentas anuales menores de 11.279,39 euros, de 15.039,18 euros con un menor y de 18.798 euros con dos menores, según un baremo ligado al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
Pero esta protección se antoja insuficiente con una situación en la que la mitad de los españoles teme perder el empleo por culpa de la paralización del país. Sin una expectativa clara del momento en el que la reactivación económica permita que todo vuelva a la normalidad, el Gobierno está trabajando para ampliar el alcance de la protección social sobre los suministros básicos, tanto en cuanto a quiénes pueden beneficiarse de ellos como en cuanto a su duración.
Ayer la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico lo dejó caer durante su intervención ante la prensa: "Ningún español que piense que pueda estar atravesando una situación de dificultad va a sufrir ningún tipo de corte de suministro, ni de agua ni de electricidad, ni de gas natural, en sus hogares".
Teresa Ribera: "Ningún español que piense que pueda estar atravesando una situación de dificultad va a sufrir ningún tipo de corte de suministro, ni de agua ni de electricidad, ni de gas natural, en sus hogares".
Muchas de las empresas han anunciado que no van a interrumpir sus servicios, pero la vicepresidenta apeló a ellas indirectamente: "El régimen vigente contempla unas condiciones de vulnerabilidad, las empresas son conscientes de que deben ir más allá" y acto seguido anunció que "nosotros también incorporaremos un supuesto adicional para quien se encuentre en situación de necesidad como consecuencia de las situaciones laborales cambiantes de estas semanas".
Los servicios técnicos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ya están trabajando en el modo de articular la ampliación de los criterios recogidos en la normativa, que debe delimitarse para que no se convierta en una barra libre; según comentan fuentes de la entidad, su intención es que estos supuestos adicionales estén listos "cuanto antes", probablemente antes de que se celebre el Consejo de Ministros del próximo martes.
