Pedro Sánchez ha anunciado que se garantizan los servicios de agua, electricidad y gas a la población considerada vulnerable mientras dure la alarma por el coronavirus. En la práctica, se prorroga la validez del bono social eléctrico hasta el 15 de septiembre y se mantienen seis meses los precios del gas natural y del butano.
La normativa en vigor ya impide el corte de suministro eléctrico a los consumidores considerados vulnerable severos o en riesgo de exclusión social, por su escaso nivel de renta o por ser una familia con un menor de 16 años, con algún enfermo electrodependiente o algún discapacitado con un porcentaje superior al 33%.
La legislación también fija un plazo de cuatro meses antes de que se corte la luz a los consumidores vulnerables, considerados como tales por su nivel de renta u otra característica, como ser una familia numerosa.
En el caso del gas natural, la legislación establece la imposibilidad de cortar los suministros para los consumidores calificados de esenciales, que en este caso son centros sanitarios, asilos, colegios, fuerzas de seguridad… Y establece dos meses de plazo para cortar los suministros por impago para todos los demás.
Y en el caso del agua, es absolutamente extraordinario que se corte el agua por impago a consumidores que efectivamente no pueden pagar el recibo, puesto que ello provoca un intolerable problema sanitario y los servicios municipales lo impiden.
Medidas extraordinarias
El Real Decreto-ley aprobado hoy amplia estas protecciones sociales ya previstas en la normativa con varias medidas:
En primer lugar, impide el corte de los suministros de agua, luz y gas natural a los consumidores vulnerables -en los términos usados para el bono social eléctrico- durante un mes prorrogable, medida que únicamente tendrá efecto para aquellos consumidores a los que se les iba a efectuar el corte en las próximas semanas.
En segundo lugar, prorroga la validez del bono social eléctrico, y del bono social térmico, a aquellos consumidores que lo tienen reconocido y que debían renovarlo al cumplirse dos años desde el reconocimiento. Automáticamente, se les concede la percepción de ambos bonos hasta el próximo 15 de septiembre.
Seis meses sin revisión de gas
Y en tercer lugar, suspende los mecanismos de revisión de los precios de la bombona de butano (GLP envasado) y de la tarifa doméstica del gas natural (TUR) al objeto de impedir su previsible encarecimiento; la del butano tiene lugar cada dos meses -en la próxima actualización se iba a encarecer un 4%- y la del gas natural, también llamado gas ciudad, cada tres meses. En ambos casos se suspenden las revisiones durante seis meses.
En cambio, no se han suspendido las actualizaciones mensuales de los precios del GLP canalizado; la última ha supuesto una rebaja del 6,6% en su parte variable.
En España hay 1,3 millones de unidades familiares acogidas al bono social eléctrico, un total de 7,9 millones de hogares con gas natural, se consumen unos 60 millones de bombonas de butano al año, hay casi 435.000 puntos de suministro de GLP canalizado, y disponen de agua más de 25 millones de viviendas, aunque sólo hay 21 millones de contadores.
