
El sindicato UGT quiere que el Ministerio de Transición Ecológica tome las riendas de la lucha contra la pobreza energética que volvió a crecer en nuestro país, según los últimos datos de Eurostat. Para ello reclama la actualización del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (Iprem), que lleva congelado desde 2017 y se sitúa en una cantidad de 537,84 euros. La decisión además parece lógica, puesto que se ha elevado considerablemente el Salario Mínimo Interprofesional.
UGT considera que hay que impulsar el desarrollo de la Estrategia Nacional Contra la Pobreza Energética 2019-2024 para cumplir con el objetivo de reducirla, al menos, un 25% en 2025 y para ello pide, tal y como anunciaba el Gobierno en su acuerdo con Unidas Podemos, que se cumpla la intención de modificar el sistema de financiación del bono social térmico. Para el sindicato la financiación debe correr a cargo de las empresas energéticas como ocurre con el bono social eléctrico. Además reclama cambios en la metodología de fijación del precio de la energía, para que sea más transparente, se fijen precios asequibles y se tenga en cuenta a los grupos más vulnerables.
Rebaja fiscal
El sindicato reclama también una reforma fiscal que rebaje el IVA de la energía del 21% actual al 10%, por ser un bien esencial. Finalmente, UGT considera necesario fomentar la eficiencia energética y el ahorro de energía en edificios, viviendas, y electrodomésticos.
Para ello, el sindicato considera que hace falta información, formación y asesoramiento, con una mayor implicación de la responsabilidad social corporativa de las empresas energéticas, dirigidas a los consumidores en general, pero con una mayor orientación hacia las personas que sufren la pobreza energética y que tienen hogares más ineficientes y que, en la mayoría de los casos, tienen que elegir tristemente entre pagar la factura energética o alimentarse.