Cada año se producen unos 970.000 avisos de corte de agua por impago en los suministros domésticos, pero sólo el 0,5 por ciento corresponde a hogares que terminan necesitando ayuda de los servicios sociales
No hay datos oficiales sobre los cortes de agua por impago en España. Tampoco hay un procedimiento estandarizado para ejecutarlos. Cada Ayuntamiento actúa según estipulan sus órdenes municipales, si las tienen, y los reglamentos de las empresas operadoras, sean públicas o privadas. Con la crisis y el aumento de la exclusión social, las noticias sobre los avisos de cortes de agua en tal o cual municipio son relativamente frecuentes, y, lógicamente, se interpretan como un índice del aumento de la pobreza.
La Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas), calcula que anualmente se producen unos 500.000 avisos de cortes de agua en todo el país, un 30 por ciento más que hace cuatro años. Basándose en la estimación, Cándido Méndez, secretario general de UGT, declaró hace unos meses que "más de 9,2 millones de personas tiene dificultades para pagar el agua, un Derecho Humano".
¿Tan mal están las cosas como para que se pueda hablar de pobreza hídrica en España y de violación de los derechos humanos?
Análisis de 100.000 contatos de un mismo municipio
La Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (Aeas) ha elaborado un informe con datos reales en el que se analiza la situación de los cortes de agua de 100.000 contratos domésticos de un mismo municipio. Extrapolando sus resultados al plano nacional, resultaría que en todo el país se producen unos 970.000 avisos de corte cada año, prácticamente el doble del cálculo anterior.
Sin embargo, el informe de Aeas concluye que, a pesar de la magnitud del número de avisos de corte de suministro, en España sólo unos 5.500 casos realmente necesitarían asistencia social para pagar el recibo del agua, y afectarían a unas 14.000 personas, el 0,028 por ciento de la población. De acuerdo con el documento, sólo el 0,5 por ciento de los primeros avisos de corte corresponde a hogares realmente insolventes.
En el caso analizado, sobre 5.128 primeros avisos de corte, se produjeron 817 cortes previos, 610 reconexiones voluntarias, 28 reconexiones tras la actuación de los servicios sociales y 180 cortes definitivos, entre los que hay no pocos casos de segundas viviendas que se han quedado vacías o que están en proceso de compraventa. Desde Aeas puntualizan que "esos 180 cortes definitivos no significa dejar a personas sin agua".
¿Hay pobreza hídrica en España?
"No se puede hablar de pobreza hídrica" dice Fernando Morcillo, presidente de Aeas, antes de añadir que "es algo resuelto desde la primera Ley del Agua del siglo XIX, que da prioridad al uso urbano. En España se ha ido imponiendo un mecanismo garantista en los cortes de agua en el que hay varias notificaciones previas, incluidos los correos certificados y los avisos en persona. Y si ha habido un problema social, han actuado los ayuntamientos. En toda Europa no se puede hablar de violación de los derechos humanos".
Luis Babiano, gerente de Aeopas, discrepa de Morcillo. Vehemente defensor de la gestión pública del agua, considera que "en España hay desahucios hídricos, legales, pero inmorales; ante la ausencia de procedimiento, se actúa discrecionalmente". Uno de sus ejemplos es Jerez de la Frontera, un municipio asolado por el paro, donde a principios de año, el nuevo operador, FCC Aqualia, comenzó a cortar el agua por impago. La movilización ciudadana obligó a modificar la Ordenanza Municipal y en la actualidad hay casi 2.000 contratos bonificados.
Babiano tiene claro que "hay que cortar el agua siempre que no haya una situación de vulnerabilidad", pero, desde su perspectiva, las actuaciones de los servicios sociales tendrían un efecto perverso si el operador del agua fuese privado, puesto que obtendría un mercado cautivo con el bien público del agua. "Hay una seguridad de cobro brutal", dice, antes de reclamar que el 1 por ciento de la facturación del sector se destine a solventar el problema del impago en España.
Con este hilo argumental, los cortes de agua y la posible vulneración de los derechos humanos desembocan en el polémico debate ideológico global sobre la titularidad pública de algunos servicios básicos -sobre todo las redes de agua y electricidad- y su municipalización o "remunicipalización", si ya fueron públicos y ahora están a manos privadas.
Procedimiento común en todo el territorio
Sin duda, la dureza de la crisis y la ausencia de un único procedimiento para cortar el agua alimentan la polémica, porque es algo extremadamente delicado: pocas cosas hay más simbólicas para alguien que se empobrece día tras día que tener dificultades para pagar el agua. "La ciudad tiene que plantearse cómo resolver el conflicto cuando se plantea -dice Morcillo-, pero, afortunadamente, no lleva a la pobreza hídrica; nunca se ha dado un problema sanitario por falta de agua".
La situación se solventaría con la aprobación de una Ley para el ciclo del agua urbana que armonizase este y otros muchos aspectos del sector en todo el territorio nacional, pero hasta entonces, los ayuntamientos son plenipotenciarios. Sólo Andalucía está tomando cartas en el asunto y trabaja en un reglamento que incluirá "una moratoria de los cortes de suministros de agua a las personas con dificultades económicas para el abono de la facturación", en palabras de Dolores Muñoz, secretaria general de Consumo de la Comunidad.
Con la intención de orientar a los ayuntamientos hasta que haya una regulación apropiada, Aeas -en la que hay operadores tanto públicos como privados- y la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) están elaborando guías y manuales conjuntamente, pero ni su contenido técnico y práctico consigue salvarse de lo fácil que resulta hacer política y demagogia con el agua.
El pasado mes de noviembre, L'Associació Catalana de Municipis i Comarques, emitió un comunicado en el que "lamenta que organismos españoles recomienden cortar el agua a las familias que no pagan el recibo", en alusión al documento Recomendaciones técnicas para la regulación del servicio de saneamiento, de la Femp y Aeas. El texto, de 100 páginas, incluye un escueto procedimiento a seguir en caso de corte por impago: recomienda que tras pasar 20 días, se informe al titular del contrato mediante correo certificado de que se va a proceder al corte, que no se llevará a cabo si el cliente presenta una reclamación.
Bonificadas 22.500 familias en Barcelona
El corte de agua por impago es la garantía de que el servicio de gestión del bien público funciona de acuerdo a las normas establecidas y se evitan los abusos, tanto sociales como ambientales. A ello coadyuva que la mayoría de las tarifas se estructuren por bloques y sean más caras cuanto más se consume; en Barcelona, desde 2012, el precio del cuarto tramo es nueve veces mayor que el del primero, lo que ha reducido enormemente el consumo de los barrios más adinerados, donde ya no se vacían las piscinas -es más barato depurar- ni se riegan los jardines alegremente.
Barcelona es una de las áreas urbanas del mundo desarrollado con menor consumo de agua. Y según desvela un reciente estudio de la Fundación Aquae, con la crisis ese consumo ha bajado incluso por debajo del nivel recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 100 litros por persona y día, como ocurre en Sant Andreu y Neu Barris.
En Barcelona, la Fundación Agbar sufraga el coste del abastecimiento de agua y del saneamiento de 22.500 familias, en virtud de convenios firmados con los ayuntamientos y con entidades como Cáritas, tras el informe correspondiente de los servicios sociales.
Ángel Simón, presidente de Aguas de Barcelona, comentaba hace unos meses que la compañía realiza unos 12.000 cortes de agua mensuales, "siempre a personas que pueden pagar pero no lo hacen, o, dicho de otra manera, que cometen fraude". También indicaba que el número de cortes se ha reducido a la mitad en la última década, porque en 2004 había unos 26.000 cada mes.
El Derecho Humano del agua
La ONU reconoció, el 3 de agosto de 2010, en la Resolución 64/292, la existencia del Derecho Humano al agua y al saneamiento, "esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos", que exhorta a los estados y organizaciones internacionales a que colaboren para "proporcionar a toda la población un acceso económico al agua potable y al saneamiento". En la actualidad, casi 900 millones de personas no disponen de agua potable con seguridad y 2.600 millones carecen de saneamiento básico. Alrededor de 1,5 millones de niños menores de cinco años mueren anualmente por culpa de las dolencias asociadas a la pobreza hídrica, como la diarrea.
La OMS y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo han aportado criterios objetivos para el Derecho Humano del agua: tener de 50 a 100 litros diarios, que la fuente esté a menos de 1.000 metros del hogar, que el tiempo necesario para acopiarse no exceda los 30 minutos y que el coste no supere el 3 por ciento de los ingresos de la unidad familiar.
Atendiendo a esos parámetros, y a los letales efectos que provoca no alcanzarlos, en España y en el resto de países ricos no se viola el Derecho Humano al agua, y hay quien considera insultante que se aplique aquí el concepto, sobre todo para aquellos que realmente la sufren. Sin embargo, parece que esos criterios objetivos deben pasar un tamiz cultural y que las fronteras no están claramente delimitadas.
Catarina Albuquerque, relatora especial de la ONU sobre el Derecho Humano al agua y al saneamiento, ha alertado de que la situación en Detroit -cayó en bancarrota en diciembre del año pasado y ha habido casi 30.000 cortes en lo que va de año- sí supone una violación: "la desconexión por impago sólo es admisible si puede demostrarse que el usuario puede pagar pero no lo hace; en otras palabras, cuando hay una genuina incapacidad de pago, los derechos humanos simplemente prohíben la desconexión".
Pobreza energética, un problema concomitante
El concepto de pobreza energética suele mezclarse con el de pobreza hídrica, aunque son diferentes. La pobreza energética atiende a la incapacidad de mantener el hogar en condiciones confortables, sobre todo en invierno, y se considera que existe cuando la unidad familiar debe destinar más del 10 por ciento de sus ingresos a tal fin.
De acuerdo con un reciente estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales, un 17 por ciento de las familias españolas tiene un nivel de gasto energético superior a ese 10 por ciento y un 9 por ciento de los hogares -alrededor de nueve millones de personas- es incapaz de mantenerse en condiciones adecuadas de temperatura en invierno.
Al igual que en el caso del agua, existen bonificaciones en las facturas eléctricas -el bono social- para determinados colectivos vulnerables, que reducen la tarifa doméstica regulada en un 25 por ciento; la diferencia la costean las empresas energéticas. En Barcelona, Endesa ha llegado a un acuerdo con las autoridades locales para evitar los cortes de luz a familias insolventes.
Para paliar la pobreza energética, en varios países de nuestro entorno, como Francia o Bélgica, está prohibido cortar los suministros de gas y electricidad durante el invierno. En algunos de ellos también los de agua.
El año pasado Cataluña publicó un decreto sobre pobreza energética que permitió subsidiar a unas 800 personas el invierno pasado, pero en la actualidad está suspendido porque el Gobierno central lo recurrió el pasado mes de septiembre en el Tribunal Constitucional.
