El derecho a conectar un proyecto de generación eléctrica a la red para que pueda evacuar la energía, otorgado gratuitamente por REE, se está vendiendo en el mercado secundario a un precio que ya alcanza los 80.000 euros por MW de potencia, por el boom de peticiones.
Las expectativas de crecimiento de las renovables durante los próximos años -el Gobierno prevé que se instalen más de 50.000 MW hasta 2030- ha provocado una avalancha de solicitudes de acceso y conexión a la red que, según los últimos datos, ya suma 168.000 MW y triplica largamente la meta gubernamental.
Para que tenga éxito cualquier proyecto de cierta relevancia -a partir de 10 MW-, el primer requisito es obtener el derecho de acceso y conexión a una subestación de la red, que entrega REE de forma telemática, tras analizar la documentación pertinente, de un modo gratuito; únicamente se exige depositar un aval de 40.000 euros por MW de potencia de la futura instalación en la Caja General de Depósitos, algo que una entidad financiera puede cubrir a un módico precio.
Cuando se ha obtenido el papelito, se puede sacar al mercado y venderlo por una cantidad que oscila entre los 50.000 y los 80.000 euros por MW. La cifra es relevante, aunque está lejos de los precios que se pagaron en 2008, en pleno boom fotovoltaico, cuando escaló hasta el millón de euros por MW.
Inflación especulativa
Las empresas lamentan el sobrecoste que la escasez de puntos de conexión está provocando en los proyectos y denuncian el carácter especulativo de la compraventa de permisos; lógicamente, cuanto más avanzado está el proceso de promoción, más rentable resulta su venta: una planta grande, con declaración de impacto ambiental y licencia de obras -ready to build, en la expresión inglesa empleada habitualmente- puede alcanzar los 200.000 euros por MW.
Este encarecimiento de las carteras de proyectos explica que tanto Iberdrola como Repsol hayan decidido apearse del proceso de venta de X-Elio que acomete KKR y que haya operaciones en el mercado que tardan en cuajar mucho más de lo previsto.
El Gobierno trató de evitar la especulación y en septiembre multiplicó por cuatro el importe de los avales, pero muchos creen que la medida ha sido insuficiente y piden más contundencia.
