Madrid
El Gobierno ha multiplicado por cuatro los avales exigidos para otorgar los derechos de acceso y conexión a las redes eléctricas de los nuevos proyectos de generación -que serán de energías renovables-, desde los 10 euros por kW de potencia de la futura instalación hasta los 40 euros por kW, al objeto de evitar la especulación.
Así se recoge en el Real Decreto-ley 15/2018, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, publicado el pasado sábado, en una medida destinada a acabar con el acaparamiento y la venta de permisos, prácticas que frenan y encarecen la expansión del parque de generación; hace una década, el punto de conexión llegó a valer un millón de euros.
En estos momentos, REE tiene solicitudes por 16.100 MW eólicos, 17.382 MW fotovoltaicos y 944 MW de biomasa, lo que, de acuerdo con la nueva norma, requerirán depositar 1.377 millones de euros en avales.
El Gobierno está barajando un ritmo de crecimiento de 6.000 MW a 7.000 MW de potencia renovable al año, por lo que es importante identificar y facilitar la puesta en operación de los que sean firmes. Por eso, los permisos de acceso y conexión tendrán una validez de cinco años y el promotor deberá aportar el 10% del valor de las inversiones de red que corran de su cuenta para materializar los proyectos durante los 12 meses siguientes a la obtención de las licencias.
Además, para garantizar que los proyectos lleguen a buen puerto, se establecerán una serie de plazos -siguiendo el esquema de las subastas de renovables- para ir devolviendo las garantías según se vayan cumpliendo hitos de las tramitaciones administrativas, como la petición de las declaraciones de impacto ambiental o las autorizaciones administrativas previas.
El autoconsumo, exento
Las instalaciones de autoconsumo que no viertan excedentes a las redes y las menores de 15 kW ubicadas en suelo urbanizado están exentas de pedir los permisos de acceso y conexión.
Por otro lado, la normativa incluye otras medidas de impulso para las renovables, como dar carta de naturaleza a los contratos bilaterales entre productores y consumidores -se reglamentarán próximamente- o eximir del cómputo de horas equivalentes de funcionamiento con una retribución específica aquellas en que se haya vendido la energía al mercado.
En el ámbito del vehículo eléctrico, las empresas distribuidoras podrán ser titulares de último recurso de infraestructuras de recarga, siempre que tras un concurso no haya intereses por parte de la iniciativa privada, como puede suceder en el caso de las redes ubicadas en entornos rurales con baja densidad de población. La medida tendrá desarrollo reglamentario.
