La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sacó a consulta pública, a finales de julio, dos propuestas sobre retribución financiera, elaboradas por el propio organismo, para el periodo regulatorio 2020-2025: una para las actividades de transporte y distribución, y otra para la producción de energía eléctrica a partir de renovables, cogeneración y residuos. De salir adelante dichas propuestas, supondría un ajuste para el sector eléctrico, en su conjunto, de unos 3.000 millones de euros para el citado periodo. Se espera que estos mismos principios se apliquen al sector del gas. No te pierdas la nueva edición de elEconomista Energía
Por lo que respecta a las redes de distribución y transporte, el ajuste que propone el organismo regulador supone rebajar la retribución del 6,5 al 5,47 por ciento, lo que provocaría un ajuste de unos 940 millones de euros en los próximos seis años. En el caso de las renovables, cogeneración y residuos, el organismo regulador propone reducir la tasa de retribución del 7,4 por ciento al 7,04 por ciento, lo que se traduciría en un recorte cercano a los 2.100 millones.
La principal novedad es que, en ambas propuestas, la CNMC propone utilizar el Coste Medio Ponderado de Capital, conocido como WACC (Weighted Average Cost of Capital), para el cálculo de la tasa de retribución financiera de las actividades reguladas. Se trata de una metodología que, según apuntan desde el sector eléctrico, es "objetiva y transparente" y se ha convertido en la más utilizada por distintos países europeos en diversos sectores económicos, incluido el energético. Este método refleja la realidad de los mercados de capital donde encuentran su financiación las empresas reguladas y minimiza la incertidumbre regulatoria.
El plazo para el envío de observaciones finalizó el pasado 15 de septiembre. Aunque las entidades consultadas por nuestra publicación valoran "positivamente" la apertura de una consulta pública que haya permitido a los agentes pronunciarse sobre el contenido de dos propuestas de "gran trascendencia" para el sector eléctrico y consideran "acertada" la elección del WACC como metodología propuesta para el cálculo de la rentabilidad razonable, hay varios temas relevantes que, a su juicio, deberían modificarse.
En el caso de la propuesta retributiva para las redes de transporte y distribución, las entidades han centrado sus principales comentarios en la necesidad de revisar los parámetros utilizados para establecer el cálculo y en conseguir una tasa de remuneración adecuada.
Respecto a las hipótesis empleadas en el cálculo de los parámetros propuestos y con el objetivo de que los distribuidores puedan anticipar, de manera objetiva, los resultados que se van a producir, la asociación de empresas de energía eléctrica (aeléc) -antigua Unesa-, integrada por Iberdrola, Endesa, Naturgy, Viesgo y EDP, considera que estas propuestas "supondrían una mejora en cuanto a que contribuirían a consolidar la metodología", a la vez que señala que "existe una gran competencia internacional por captar las inversiones que son necesarias a futuro".
En este sentido, explican, los reguladores de nuestro entorno han fijado tasas financieras de retribución "por encima de la que propone la CNMC", una propuesta que, en muchos de sus parámetros, "se sitúa en los valores mínimos de los rangos usados por los reguladores europeos, lo que podría dificultar la captación de inversiones".
El hecho de establecer rentabilidades a estas inversiones inferiores a países de nuestro entorno, señalan algunas fuentes consultadas, "desviaría la atención del inversor a otros mercados y generaría un mayor coste de financiación -estimado en más de 30.000 millones de euros-, que encarecería y dificultaría la modernización necesaria de esta infraestructura, sobre todo si tenemos en cuenta el carácter estratégico de las redes y la necesidad de seguir invirtiendo en el marco de una transición energética que va a representar una mayor penetración de renovables, la puesta en marcha del autoconsumo y la expansión del vehículo eléctrico".
Al margen de la metodología propuesta, aeléc también se ha referido en sus alegaciones a los criterios contenidos en la propia regulación para fijar la tasa financiera de retribución. La normativa española -recuerdan desde aeléc- señala que hay que tener en cuenta "la situación de la economía española, la situación financiera del sector y las necesidades de inversión". A este respecto, indican desde la asociación, "no debemos olvidar que la inversión necesaria para llevar a cabo la ampliación y transformación digital que requieren las redes eléctricas es del orden de la que hace falta en nueva potencia renovable hasta 2030". De manera que, en su opinión, "se necesitará un esfuerzo inversor para fijar una tasa financiera adecuada y razonable".
Recuperar la confianza de los inversores
Las sociedades de producción de electricidad a partir de fuentes renovables, en opinión de la CNMC, están sujetas a una serie de riesgos que no tienen las empresas de transporte y distribución de energía eléctrica o gas natural, por lo que, en su propuesta sobre retribución financiera, ha incluido un diferencial de 50 puntos básicos, que se sumaría al cálculo del WACC.
A este respecto, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) valora positivamente que se establezca un diferencial que "cuantifique los riesgos adicionales del sector renovable en España", ya que, a diferencia de la mayoría de los países de la UE, el marco regulatorio español para las renovables "ha estado sujeto a muchos cambios en los últimos 10 años y es inherentemente inestable" porque prevé revisiones de sus parámetros cada tres años.
En su opinión, el valor de la rentabilidad razonable "no debería haber cambiado ni debería cambiar en el futuro". La rentabilidad regulada de un activo renovable, explican, debe ser determinada y fijada "cuando se toma la decisión de ejecutar el proyecto, pues es en el momento de la construcción cuando se realiza la inversión, a diferencia de otro tipo de activos regulados donde la inversión es más continuada a lo largo de la vida del mismo como pueden ser las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica". Por lo tanto, AEE interpreta que esta propuesta de metodología que propone la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia "no debe ser de aplicación a las instalaciones anteriores a la reforma eléctrica".
En cuanto a las alegaciones específicas remitidas por la asociación, afirman que "están encaminadas a proveer de más robustez a la metodología propuesta". En este sentido, proponen "revisar algunos de los parámetros que conforman el valor del WACC" de acuerdo con las prácticas en otros países y con metodologías similares para otros sectores llevadas a cabo por parte de la CNMC.
De esta manera, explican, la metodología estará diseñada para "reflejar adecuadamente la realidad financiera de las inversiones en instalaciones renovables en España y el resultado final se acercaría más a los valores utilizados por la Comisión Europea para las instalaciones futuras (WACC del 7,5 por ciento post tax frente al 4,78 por ciento post tax de la propuesta de la CNMC), aportando coherencia entre la rentabilidad de referencia de las instalaciones renovables y el objetivo propuesto de conseguir inversiones de 100.000 millones de euros hasta el año 2030 en energías renovables para cumplir con los objetivos de transición energética y descarbonización de la economía".
En el caso de Unef, dado que la propuesta de la CNMC supone, en opinión de la asociación fotovoltaica, un "inadmisible ulterior recorte sobre la situación existente", solicitan que la tasa de rentabilidad razonable se mantenga fija en el nivel actual del 7,4 por ciento para el resto de la vida regulatoria, "eliminando la posibilidad de posibles cambios futuros en la misma". Lo mismo sería de aplicación, señalan, para el resto de parámetros que intervienen en el cálculo de la rentabilidad razonable -retribución a la inversión y retribución a la operación-, "a fin de evitar nuevos perjuicios a los inversores y poder devolverles la confianza en los marcos regulatorios de nuestro país".
