Ha llegado a las Cortes el Proyecto de Ley de cambio climático y transición energética, un quinquenio después de que la anunciara Mariano Rajoy, cuyo Gobierno ya trabajó en un primer borrador que muy poco se parece al actual. Uno de las polémicas de última hora -más allá de la bronca con petroleras y fabricantes de automóviles por la prohibición de vender vehículos que emitan CO2- ha estado en las subastas para desarrollar plantas de renovables.
En primer lugar, porque ha incluido la autorización para promulgar un nuevo modelo de pujas basado en el precio de venta de la energía, que convivirá con el vigente, basado en descuentos sobre unos parámetros retributivos y denostado por las empresas por su gran complejidad. La memoria del Proyecto de ley, a la que ha tenido acceso elEconomista, señala que el modelo vigente no se deroga porque "puede ser idóneo" para tecnologías renovables cuyos costes sigan siendo elevados, así como para la cogeneración y el tratamiento de residuos.
Y en segundo lugar, por la supresión del articulado de las versiones precedentes de la obligación de subastar un mínimo de 3.000 MW anuales, prácticamente la mitad de la potencia prevista hasta 2030, algo que habían reclamado tanto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como el Consejo de Estado.
El Regulador, en su preceptivo informe, consideraba "excesivamente rígido" fijar un volumen mínimo de mercado en una ley de carácter estructural y recomendaba trasladarlo a las planificaciones o a la Estrategia de descarbonización a 2050, ahora en fase de consulta pública previa.
La CNMC también avisaba de que podría haber problemas con la UE, ya que sólo admite retribuir a las renovables cuando no son competitivas -algo que casa mal con eólica y fotovoltaica-, garantizando a la vez que no haya incentivos para que generen con precios de mercado negativos.
El Consejo, en su dictamen, ponía el acento en que la demanda de puntos de conexión supera largamente los objetivos de potencia hasta 2030 y en que hay tecnologías competitivas que no necesitan concursos para desarrollarse. Pero también reclamaba un análisis más detallado "y más claro en cuanto a sus conclusiones" del impacto económico de las subastas sobre el precio de la energía eléctrica.
Adjudicación a 45 euros por MWh
El dictámen del Consejo refiere que la memoria incluía una estimación de un precio de adjudicación de unos 45 euros por MWh, de modo que, para el volumen de 3.000 MW, con unas 2.500 horas de operación anual, el coste o ingreso para el sistema eléctrico de cada desviación de un euro del precio medio de mercado sobre los 35 euros por MWh sería de 7,5 millones de euros.
En la memoria que ha entrado en el Congreso, en cambio, figura un precio de referencia del mercado de 48 euros por MWh y una horquilla de precios de adjudicación desde los 15 a los 35 euros por MWh, lo que arroja ahorros para el sistema, y para los consumidores, de 248 a 98 millones anuales, respectivamente.
Así pues, el Gobierno ofrece una foto estática en la que cree que las subastas bajarán el precio del mercado, pero... ¿ocurrirá lo mismo a largo plazo?
