El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto-ley que devuelve a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la capacidad de aprobar la estructura, la metodología y los valores concretos de los costes y las retribuciones reguladas de los sistemas eléctrico y gasista -como las redes de transporte y distribución- que suponen alrededor de 10.000 millones de euros anuales.
Con ello se adapta la normativa española a la comunitaria, que exige unos reguladores en los mercados de gas y electricidad totalmente independientes, y se pone fin a un procedimiento de infracción europeo que estaba a punto de recalar en el Tribunal de Justicia de la UE.
El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), no obstante, establecerá unas "orientaciones de política energética" y en el caso de que surjan discrepancias entre sus criterios y los de la CNMC, dirimirán sus diferencias en una nueva Comisión de Cooperación. En el caso de se alcance un acuerdo, la Circular del regulador sobre la materia en cuestión indicará que se aprueban "de acuerdo a las orientaciones del Miteco"; si se mantienen las discrepancias, en la circular se avisará de que se adopta "oído el Miteco".
Las orientaciones de política energética versarán sobre la seguridad de suministro, la seguridad pública, la sostenibilidad económica y financiera de los sistemas eléctrico y gasista, la independencia del suministro, la calidad del aire, la lucha contra el cambio climático y el respeto al medio ambiente, la gestión de los recursos naturales y las elecciones tecnológicas futuras, y la utilización racional de la energía.
La Comisión estará integrada por tres personas en representación del Miteco y otras tres en representación de la CNMC.
Desde 2014 la CNMC pelea judicialmente recuperar las competencias en energía
La CNMC pasa a calcular y asignar la estructura, la metodología y los valores de las actividades reguladas del sector gasista: la distribución y el transporte, excluyendo los almacenes subterráneos y las plantas de regasificación, que suman unos 2.900 millones anuales. Quedan excluidos los almacenes subterráneos, que se consideran elementos de seguridad y seguirán dependiendo del Ministerio.
En el caso eléctrico, la legislación diferencia entre los costes y los cargos del sistema. Los primeros corresponden básicamente al transporte y la distribución de electricidad y suman algo más de 7.000 millones. Los segundos se refieren a la retribución de las renovables, las anualidades del déficit de tarifa, los sistemas no peninsulares y los mecanismos de capacidad, y suman algo más de 10.600 millones.
De acuerdo con las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE, el regulador debe encargarse de los costes, en aras de garantizar la independencia y el buen funcionamiento del mercado, mientras que el Gobierno puede encargarse de los cargos, derivados de decisiones de política energética y no de las necesidades técnicas del sistema.
La Comisión Europea tomó cartas en el asunto en septiembre de 2016 abriendo un procedimiento de infracción
Sin embargo en 2014, el anterior Ejecutivo del PP decidió asumir las competencias de costes y cargos para disponer de ellos como herramienta política. La CNMC recurrió el trasvase competencial al Tribunal Supremo y desde entonces rara era la intervención de José María Marín Quemada, su presidente, en la que no recordara el conflicto y reivindicara la necesidad de que el organismo fuera independiente.
La propia Comisión Europea tomó cartas en el asunto en septiembre de 2016 abriendo un procedimiento de infracción contra España que permaneció en secreto hasta que el Gobierno del Pedro Sánchez llegó al poder el pasado mes de junio y el comisario europeo del ramo, Miguel Arias Cañete, lo dio a conocer.
Resolver el problema fue una prioridad para el nuevo Ministerio para la Transición Ecológica: su primera medida -incluso antes de estar formalmente instituido-, eliminó contradicciones entre resoluciones del Ejecutivo y de la CNMC. Y la intención declarada de la titular de la Cartera, Teresa Ribera, era devolver esas competencias cuanto antes, preferiblemente antes de acabar el año pasado.
Sin embargo, no ha sido así y los peajes de este 2019 -aprobados en medio de la vorágine regulatoria que impone la normativa de clima y energía de la UE- los ha elaborado el Gobierno.
Esperar un año más
En los documentos de trabajo del Miteco sobre el RDL aprobado ayer, a los que ha tenido acceso elEconomista, se recoge que el traspaso de competencias a la CNMC no será de aplicación antes de un año de la entrada en vigor de la norma, con lo que, si esta disposición no desaparece del documento que publique finalmente el BOE, pudiera ocurrir que tampoco los peajes de 2020 sean competencia del organismo regulador.
Dichos documentos de trabajo también otorgan un plazo de un año al Gobierno para que establezca una metodología para calcular los cargos, ahora mismo inexistente.
En cualquier caso, la CNMC decidirá también la retribución de los operadores de los sistemas eléctrico (REE) y gasista (Enagás), y controlará sus planes de inversión. Igualmente decidirá las condiciones de acceso y conexión a las redes, así como varias reglas operativas de los mercados energéticos organizados.
