La semana pasada se supo que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha sentenciado a favor de la legalidad de tres de los tributos energéticos alumbrados por la Ley 15/2012, el impuesto sobre combustible nuclear gastado, el impuesto sobre el almacenamiento de estos residuos y el canon hidroeléctrico, que recaudan unos 600 millones de euros anuales destinados a cubrir costes del sistema eléctrico.
La Corte comunitaria ha respondido así a las cuestiones prejudiciales que le había elevado el Tribunal Supremo de resultas de las demandas presentadas por Iberdrola, Endesa y su patronal, la antigua Unesa, hoy denominada Aeléc.
El fallo del TJUE no ha sorprendido, toda vez que el abogado general, el irlandés Gerard Hogan, ya se pronunció en el mismo sentido el pasado mes de mayo y los jueces suelen hacerle caso, pero no por ello deja de ser una buena noticia, ya que contribuye a despejar una de las grandes amenazas que se ciernen sobre el equilibrio de las cuentas del sistema eléctrico.
Efectivamente, podría haber sucedido que la Justicia europea declarara esos tributos contrarios a la normativa comunitaria, imponiendo la devolución de las cantidades recaudadas con ellos, como sucedió hace cinco años, con el llamado céntimo sanitario, que ha obligado a Hacienda a reintegrar a regañadientes unos 3.000 millones.
En el caso de esos tres tributos, la cuenta desde su aplicación supera los 4.000 millones, y su posible devolución no sólo hubiera provocado un serio roto al equilibrio económico del sistema eléctrico, sino que hubiera disparado las alarmas por el precedente que hubiera sentado con vistas a otros pronunciamientos del TJUE aún pendientes sobre otro de los tributos de la citada Ley, el Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, más conocido como impuesto del 7% a la generación.
Otros 11.000 millones en el alero
Este gravamen -que el actual Gobierno suspendió durante seis meses para reducir el coste de la luz a los consumidores de un 3% a un 4%- recauda unos 1.500 millones al año y desde su aplicación ha recaudado más de 11.000 millones. El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional se han estado pasando la pelota sobre su posible ilegalidad sin que -quizá por miedo- ninguno se pronunciara ni remitiera la correspondiente pregunta al TJUE. Pero al final lo hizo el pasado mes de febrero el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, elevando cuatro cuestiones prejudiciales a la Corte de Luxemburgo.
En las últimas sentencias, el TJUE no ha entrado a analizar el conflictivo fondo de estos tributos energéticos, que adolecen de doble imposición y de una finalidad impropia de la fiscalidad ambiental, pero esperemos que en la sentencia pendiente siga en la misma línea; en caso contrario, no solo habría que devolver una enorme cantidad de dinero a unas empresas eléctricas que ya han repercutido el impuesto del 7% a los consumidores, sino que volvería la pesadilla del déficit tarifario y sería mucho más difícil encarar el proceso de transición energética.
