Seguramente habrá oído muchas veces que el precio de la electricidad en España es de los más altos -cuando no el más alto- de la UE y que este diferencial con nuestros socios-vecinos-competidores es uno de los principales lastres de nuestra economía. Pues bien, es falso. O casi falso. O medio falso. O medio cierto, como prefiera.
Es falso, porque desde la reforma eléctrica ejecutada por Alberto Nadal los costes del sistema eléctrico se han contenido, mientras que se han incrementado los de nuestros socios-vecinos-competidores, y ahora el precio del consumidor empresarial hispano, según Eurostat, está por debajo de la media de los países del área euro y por debajo de la media de los 28. Y es medio cierto porque los consumidores domésticos seguimos en los puestos altos de la UE: somos los quintos que más pagamos por los kilovatios.
Como el gasto de los hogares no influye en la competitividad, si atendemos al precio del insumo eléctrico, en contra de lo que se afirma alegremente, nuestra economía tiene una posición ventajosa en relación a nuestros socios-vecinos-competidores. Ahora bien, esta ventaja pende de varios hilos; con independencia del precio del mercado, hay al menos cinco amenazas al equilibrio de costes e ingresos del sistema eléctrico.
La primera de ellas son los recursos que empresas y asociaciones han presentado a varios de los impuestos establecidos por la Ley 15/2012, que permite transferir cerca de 3.000 millones anuales desde los Presupuestos del Estado hasta el sistema eléctrico. El Tribunal Constitucional ya le ha dicho al Supremo que debería consultar la legalidad de varios a la UE o anularlos directamente, pero éste no ha hecho ni lo uno ni lo otro, sino que ha vuelto a preguntar sobre el asunto al intérprete de la Carta Magna. Habrá que ver cómo acaba la cosa, pero tiene mala pinta, porque cabe que haya que devolver todo lo recaudado desde su aplicación -como sucedió con el llamado céntimo sanitario que gravaba los carburantes-, y la suma ronda 10.000 millones.
La segunda es la intención de las eléctricas de cerrar plantas de carbón nacional y centrales atómicas, porque sobre ellas pesan varios de los impuestos antes referidos -son la causa de que las nucleares sean mínimamente rentables-, que dejarían de recaudarse. En 2017 las atómicas pagaron 296 millones y el carbón 313 millones.
Sin alarmismo con el autoconsumo
La tercera sería un desarrollo incontrolado del autoconsumo. Hay cifras alarmantes e injustificadas rondando por ahí -PwC maneja un escenario con pérdidas de ingresos por 1.234 millones al año-, pero lo cierto es que si se eliminase el mal llamado impuesto al sol, el peaje sobre los kWh autogenerados, se reducirían los ingresos del sistema eléctrico. ¿Cuánto? Pues depende de la regulación y del reparto de costes y cargos sobre el recibo de los consumidores. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia estimó, con la regulación actual -que deberá cambiarse para adaptarla a la próxima normativa europea- un modesto ingreso de 27 millones anuales por el impuesto al sol -que no se cobra por falta de reglamentación- hasta 2022.
La cuarta de las amenazas también depende de los tribunales, nacionales y extranjeros: son los recursos presentados por las empresas que sufren los recortes retroactivos aplicados a las renovables, por unos 2.500 millones anuales. Los jueces nacionales hasta ahora sólo han dado la razón a las plantas que tratan purines -reciben poco más de 100 millones al año-, pero en las cortes de arbitraje hay demandas que ascienden a 7.565 millones, y España ya ha perdido un laudo que le obliga a pagar 128 millones. La Comisión Europea está terciando en el asunto: recientemente ha dictaminado que debe aprobar el desembolso de las eventuales indemnizaciones por si fueran prohibidas ayudas de Estado. Como en el caso de la Ley 15/2012, el devenir es incierto.
Y el último peligro es un incremento de los pagos por capacidad que perciben las centrales térmicas por respaldar la intermitente generación renovable. Aunque esta partida es mucho más pequeña de lo que fue, a medio plazo habrá que invertir en nueva potencia firme que operará muy pocas horas y que debe recibir ingresos al margen del mercado para estar disponible. Es uno de los temas candentes de la próxima regulación que se debate en la UE.
Mas hay buenas noticias: las ayudas a las renovables se reducen con el tiempo y las anualidades de la deuda eléctrica -2.817 millones en 2017- también serán menos gravosas.
