El Gobierno da marcha atrás en su plan de choque para la confiscación de 2.600 millones de euros de presuntos beneficios de las eléctricas tras las protestas de la Comisión Europea, las compañías del sector y los grandes fondos de inversión.
Para hacerlo, el Consejo de Ministros aprobó ayer un Real decreto-ley que corregirá la medida adoptada el pasado mes de septiembre pese a que los efectos de esta nueva normativa todavía resultan imposibles de cuantificar hasta que el Ejecutivo disponga de las cifras que está pidiendo desde la semana pasada Red Eléctrica a las compañías del sector.
El Ministerio de Transición Ecológica quiere hacerse con los datos de los contratos que quedarán exentos del ajuste y que, básicamente, ya se recogían en la carta fantasma (apareció y desapareció de la web del ministerio) que se envió a Red Eléctrica para resolver sus dudas antes de la liquidación del próximo 15 de noviembre.
El nuevo decreto-ley explica que queda exento de la minoración las instalaciones cubiertas con algún instrumento de contratación a plazo, cuando el precio de la cobertura sea fijo, cuando se haya contratado antes de la promulgación del RDL 17/2021 o cuando tenga una cobertura superior a un año si se firma posteriormente.
Pese a estas explicaciones, la incertidumbre se mantiene en la industria puesto que siguen desconociendo el efecto que puede tener para ellos en los precios, aunque el hecho de poner solo un límite de un año se considera que puede incentivar a las eléctricas a la firma de nuevos contratos a plazo.
Transición Ecológica ha exigido a los productores que remitan una declaración responsable y la documentación acreditativa sobre la energía cubierta por instrumentos de contratación a plazo cuyo modelo se incluye en la nueva norma y les alerta de que la inexactitud o falsedad en la documentación aportada tendrá la consideración de infracción muy grave (con multas de hasta 60 millones de euros).
Las eléctricas, al igual que los industriales, siguen manteniendo conversaciones con el Gobierno para tratar de fijar condiciones que no afecten a su competitividad.
Por otro lado, el Gobierno aprueba una ampliación del bono social a los consumidores vulnerables, que crecerá del actual 25% al 60% -del 40% al 70% en el caso de los vulnerables severos- hasta el 31 de marzo de 2022. Con esta medida se duplicará el presupuesto para el bono social térmico durante este 2021, alcanzando los 202,5 millones de euros.
Los perceptores del bono social eléctrico también reciben el bono social térmico, una ayuda directa de 25 a 124 euros en función de la zona climática en la que vivan para cubrir los costes de la calefacción, la cocina y el agua caliente sanitaria. Así, el Gobierno ha incrementado la cantidad mínima a cobrar por parte de estos consumidores a 35 euros -dos bombonas de butano- y ha duplicado el presupuesto asignado a tal efecto durante este 2021 con 100 millones adicionales, alcanzando los 202,5 millones.
La ayuda directa del bono térmico se traducirá en un cheque que remitirá la comunidad autónoma, que tendrá un importe mayor en las zonas frías que en las cálidas, con el citado mínimo de 35 euros. Atendiendo al número de beneficiarios, la cantidad media será de 90 euros por consumidor vulnerable beneficiario.
Vigilancia a las eléctricas
El nuevo Real decreto-ley obligará a las comercializadoras eléctricas y gasistas a informar a sus clientes sobre cualquier intención de modificar las condiciones del contrato al menos un mes antes de que dicha intención se materialice.
Hasta ahora, las comercializadoras podían informar después de haber acometido la modificación, no más tarde de un período de facturación. Además, en las comunicaciones relativas a la modificación de los contratos, las comercializadoras tendrán que incluir una comparativa de los precios aplicados antes y después de la revisión, así como una estimación del coste anual del suministro antes y después de la revisión.
Con esta medida, el Gobierno pretende dar una mayor visibilidad a las modificaciones contractuales que aplican las eléctricas y, al tiempo, le servirá para vigilar si estas empresas rompen o no los contratos tal y como han comenzado a hacer ya algunas de ellas.
Las empresas también tendrán que remitir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) información transparente, comparable y actualizada sobre los precios de las ofertas disponibles en todo momento, incluyendo las condiciones relacionadas con la terminación de los contratos y los servicios adicionales que exija la contratación del suministro, con el fin de que estén disponibles al público en el Comparador de Ofertas de Energía de su página web.
El Gobierno ha continuado manteniendo encuentros con la industria y las eléctricas para seguir trabajando en medidas que puedan contribuir también a paliar el impacto de la subida de los precios del gas natural.
