Un 61% de los empresarios considera que se debería reducir el Impuesto de Sociedades. Además, El 60% opina que se deberían revisar a la baja los impuestos sobre las personas, mientras que un 50% propone disminuir los impuestos indirectos, según el cuarto sondeo de KPMG sobre La empresa española ante la Covid-19.
En el marco de los estudios que el grupo de expertos formado por el Ministerio de Hacienda para aquilatar los cimientos de la reforma tributaria Bolsas y Mercados Españoles (BME) ha trasladado para su análisis una propuesta para la exención de los dividendos y de las ganancias derivadas de la desinversión en las pequeñas y medianas empresas cotizadas, así como la no sujeción al Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR), con el objetivo de frenar la fuga de capitales experimentada en los últimos meses por las mejores condiciones existentes en otros países del entorno comunitario, como Luxemburgo.
El multilateralismo ha estado a la defensiva estos últimos años. Hoy en día, en un entorno mundial que es más multipolar que multilateral, la competencia entre Estados parece anteponerse a la cooperación. No obstante, el reciente acuerdo mundial para reformar el sistema internacional de fiscalidad de las empresas es una prueba positiva de que el multilateralismo no ha muerto.
Los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G-20 aprobaron recientemente el histórico acuerdo sobre la fiscalidad de las empresas multinacionales. El acuerdo establece un tipo mínimo del impuesto de sociedades de al menos el 15% a las empresas con una facturación que supere los 750 millones de euros, y sitúa en el foco a todas las compañías que tengan una facturación mundial superior a los 20.000 millones de euros y una rentabilidad (ratio beneficios sobre ingresos) superior al 10%.
En plena canícula, subida de la luz y, metidos en la contienda por el modelo fiscal que diferencia a unas formaciones de otras, el Partido Popular denunció la "agenda oculta" del Gobierno para imponer un 'hachazo fiscal' recogido someramente en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, enviado a la Unión Europa a cambio de 140.000 millones de euros.
Hasta un 25% de los ingresos tributarios destina la Comunidad de Madrid para nutrir el fondo de financiación autonómica. Es decir, la cuarta parte de la recaudación de la región va para el reparto anual y, más allá, supone el triple del esfuerzo que realiza Cataluña, cuya aportación supone un 8,75% de los ingresos registrados. A estas autonomía, se suma las Islas Baleares como las únicas tres regiones que contribuyen netamente a este fondo, en el caso de la autonomía insular con el 11,5% de los ingresos, tal y como señala Fedea en un informe publicado este lunes sobre La liquidación de 2019 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común.
Serio, riguroso, didáctico, Enrique López, juez y magistrado ejerce desde el triunfo de mayo de Isabel Díaz Ayuso de consejero de Presidencia, Justicia e Interior. Desde su despacho frente a la madrileña plaza de Pontejos, López ha conversado con el eE, en una entrevista donde ha ponderado las políticas de la Comunidad de Madrid frente a las de Pedro Sánchez en el Gobierno. Desde aquí, también aventura un cambio de ciclo, y una tecla clave: la política fiscal; la batalla que se va a librar en las próximas elecciones generales.
Inmersos todavía en la quinta ola de la pandemia del Covid-19, cuando sobre una parte importante de la economía española sobrevuela la amenaza de nuevas limitaciones al comercio y la hostelería, y algunos países origen de muchos de los turistas que nos visitan cada verano recomiendan no viajar a nuestro país, recientemente hemos conocido la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística.
Los tipos nominales máximos del Impuesto sobre Sociedades han descendido 10 puntos, del 35% al 25%, en España en los últimos años, mientras que en la media de la Unión Europea el descenso ha sido algo mayor, 13,6 puntos, concretamente del 35% al 21,4% de este 2021, según un estudio realizado por UGT sobre este impuesto empresarial.
Este mes la Comisión Europea ha presentado "Fit for 55", posiblemente el paquete reformista más ambicioso de la legislatura que, mediante la revisión o aprobación de hasta 13 Reglamentos y Directivas, supone una actualización integral de la legislación de la Unión Europea (UE) para alinearla con sus ambiciosos objetivos en política climática. Sin duda, estas reformas afectarán a la práctica totalidad de los sectores económicos, obligando a las empresas a realizar cambios significativos en sus operaciones y a impulsar planes de transformación sostenible.
La nueva ley anifraude, la tasa Google, la tasa Tobin, la DAC 6, la armonización fiscal entre comunidades, la reforma tributaria en IRPF o Sociedades. Es todo parte de las medidas fiscales impulsadas por el Gobierno en menos de un año. Y las que aún quedan pendientes para desarrollar a partir de septiembre, como las que estudia el grupo de expertos presentado esta primavera por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Este curso, en plena crisis del coronavirus, ha sido de los más intensos en materia tributaria. Además de las reformas, ha surgido nueva jurisprudencia europea, como la sentencia del IVA de las ventas ocultas y las conclusiones del Abogado General, que considera que las multas del 720 son desproporcionadas.
Las organizaciones empresariales mostraron ayer su rechazo a cualquier nueva carga fiscal, como la que planteó el presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, para las rentas altas en Madrid con el objetivo de compensar por el efecto capitalidad al resto de territorios. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) precisamente alabó y puso como ejemplo la política fiscal de Madrid para el resto de España.
El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, volvió a cargar contra lo que considera dumping fiscal y competencia desleal de Madrid, además de criticar la concentración de inversiones y empleo público estatal en esa región. Puig insiste en defender la armonización fiscal para impedir ese desequilibrio y aboga por crear un nuevo instrumento fiscal para las rentas más altas de Madrid que considera los más beneficiados por la concentración en la capital para compensar a otros territorios.
Tras años de escándalos acumulados, a pesar de haber revisado hasta en seis ocasiones la legislación comunitaria, la Comisión Europea ha puesto toda la carne en el asador para combatir el lavado de dinero y la financiación de terrorismo en la Unión Europea.
En pocas áreas la UE ha generado más propuestas que en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación de terrorismo, y por ello también ha sido uno de sus más visibles fracasos. A pesar de las seis revisiones de la directiva para evitar el blanqueo de capitales en Europa, los escándalos no han parado de sucederse en los Estados miembros durante los últimos años. El más notorio salpicó al danés Danske Bank, el cual introdujo en el circuito legal al menos 200.000 millones de euros a través de su sucursal en Estonia. Europol estima que alrededor del 1% del PIB de la UE está relacionado con actividades sospechosas.
La Comisión Europea presentó ayer uno de los paquetes legislativos más ambiciosos en décadas. Una auténtica revolución en el sector energético, del transporte o la construcción para facilitar que la UE consiga alcanzar la neutralidad climática (cero emisiones de CO2 netas) para 2050. La meta volante pasará por reducir las emisiones de CO2 al menos un 55% para 2030. Las 13 iniciativas aprobadas por el Ejecutivo comunitario bajo el título Fit for 55 representan el exigente camino para atar ese objetivo.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso envió este miércoles al Ministerio de Hacienda un documento de 237 páginas, una especie de manual, con argumentos que sostienen empírica y jurídicamente, por qué la Comunidad de Madrid opta por una política de impuestos bajos, frente a la armonización que el Gobierno de Pedro Sánchez postula, una vez que el Comité de Expertos seleccionado por el Ejecutivo tome esta decisión.
En una de las autonomías cuyo presidente se ha mostrado más crítico con la política fiscal de Madrid, sus grandes empresarios han decidido incluir la rebaja de la fiscalidad como uno de sus ejes reivindicativos.
El acuerdo para crear una nueva fiscalidad internacional, con una tasa mínima de al menos el 15% y un nuevo reparto de los ingresos tributarios que refleje la realidad de la economía digital, es tan histórico como frágil.
La economía española parece haber puesto el piloto automático de la recuperación a tenor de los datos de empleo del pasado mes de junio y de la previsión de un crecimiento sin precedentes en el segundo cuarto del año, del 18%. Todo ello parece tener un impacto decisivo en el relanzamiento de la actividad, la demanda, y el consumo de los servicios hasta hace escasas semanas limitados por las restricciones de la pandemia, con especial impacto sobre el turismo en el caso de España. Sin embargo, la llegada del verano parece haber puesto en marcha toda la maquinaria macroeconómica -siempre que el avance de los contagios permitan mantener el estado actual de actividad- y ya se refleja en los niveles de recaudación tributaria, que ya superan en un 3,5% a los registros previos a la pandemia.
Cuando le preguntas qué le quita el sueño al líder de los empresarios madrileños, reacciona rápido y contesta rotundamente con solo dos palabras: rentabilidad y viabilidad para el tiempo postpandemia. Sus amigos dicen que es un empresario pata negra, fundador en 1985 de Viajes Eco, compañía especializada en viajes de empresas. Miguel Garrido de la Cierva (Madrid, 1960), presidente de la Confederación Empresarial de Madrid y vicepresidente de CEOE fue presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid y de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios. Ha sido miembro de la Junta Directiva de CEOE y de CEIM, donde además ha ocupado el cargo de secretario general. Asimismo, ha sido director gerente de la Cámara de Comercio de Madrid y ha tenido una amplia trayectoria política en el Gobierno madrileño: viceconsejero de Empleo, Economía e Innovación Tecnológica, consejero de Medio Ambiente y presidente del Canal de Isabel II. Además tiene una reconocida fama de gastrónomo. Es un hombre amable y educado, de formas impecables y muy combativo que tiene muy claro lo que significa ser la cara y la voz de las empresas que representa.
Como ya hizo hace tres años, pero esta vez con motivo de las Jornadas España, Europa y Libertad, organizadas po rel Partido Popular Europeo, el líder de la oposición y presidente del PP, Pablo Casado, presentó su plan alternativo con cinco recetas económicas, que en materia de fiscalidad pivotan en la bajada de cinco impuestos: Sociedades, IRPF, Donaciones, Sucesiones y Patrimonio. Precisamente, parte de la actuación impositiva que el Gobierno de coalición quiere armonizar al alza con una cuota estatal.
"El nuevo impuesto mínimo global es una nueva forma de enfocar la política tributaria". Así resumen los economistas Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda, y Jordi Sevilla, exministro de Administraciones Públicas, la medida que ha aprobado el G7. A su juicio, esta tendencia en la fiscalidad internacional servirá para socavar las posiciones de los llamados "paraísos fiscales" y aseguran que favorecerá una competencia fiscal más leal.
Son varios los retos a los que nos enfrentamos cuando la reactivación económica empieza a ser una realidad. El primero de ellos es cómo absorbemos la tamaña destrucción empresarial habida y pensamos en su recuperación y de qué forma se encaja a las tantas personas que se han quedado sin trabajo. La complicada situación financiera de muchas empresas, con endeudamientos elevados, recursos propios erosionados, cuentas de resultados desequilibradas, requiere una atención especial y ofrecerles oxigenación financiera a largo plazo para que puedan remontar la situación o acometer un vuelco en sus modelos de negocios. Por consiguiente, parte de nuestro tejido productivo tendrá que afrontar una reconversión.
En muchas ocasiones, me he encontrado con problemas de muy difícil solución que surgen tras una compraventa inmobiliaria. Se le ofrece a un inversor una aparente buena operación inmobiliaria y, por cuestiones de celeridad y confianza en que todo parece correcto según lo que le han transmitido, lo adquiere, sin haber realizado una previa revisión legal.
El historiador y catedrático especializado en el marco tributario de Canarias, Salvador Miranda, expresó este jueves su contrariedad por la ignorancia que hay en el propio archipiélago con el REF de las islas, el sistema fiscal que produce cosas como el doble sistema aduanero que hay en Canarias o que las islas tengan su propio IVA, el llamado IGIC.
Vestida de traje de chaqueta blanco, la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pronunció su discurso de investidura en la Asamblea madrileña, momento en el cual anunció al menos 21 grandes medidas de actuación, muchas de ellas cuantificadas por su impacto económico, impacto que alcanzará alrededor de 1.400 millones de euros en dos años, sustanciados en rebajas fiscales y en proyectos de inversión y políticas sociales y educativas. Ayuso también anunció un recorte de 13 a nueve consejerías, sin la previsión de viceconsejerías.
Uno de los asuntos prioritarios en la agenda política es el de la regulación de alquileres, congelando precios en zonas concretas. La decisión no parece la más acertada. De nuevo, hay que apelar a aquello de que sería bueno que nuestras autoridades políticas hicieran un gesto y aprovecharan para ponerse manos a la obra con vivienda social y asequible para todas economías, incluso buscando complicidades con el sector privado tal cual ocurre en otros países europeos.
Un 68% de los asesores fiscales considera que el cambio de residencia fiscal de personas físicas por motivos tributarios hacia otros países va en aumento, que se está convirtiendo en tendencia, lo mismo que ocurre con los cambios de residencia fiscal entre comunidades autónomas, según un 67,9% de los profesionales de la asesoría fiscal.
