La economía española parece haber puesto el piloto automático de la recuperación a tenor de los datos de empleo del pasado mes de junio y de la previsión de un crecimiento sin precedentes en el segundo cuarto del año, del 18%. Todo ello parece tener un impacto decisivo en el relanzamiento de la actividad, la demanda, y el consumo de los servicios hasta hace escasas semanas limitados por las restricciones de la pandemia, con especial impacto sobre el turismo en el caso de España. Sin embargo, la llegada del verano parece haber puesto en marcha toda la maquinaria macroeconómica -siempre que el avance de los contagios permitan mantener el estado actual de actividad- y ya se refleja en los niveles de recaudación tributaria, que ya superan en un 3,5% a los registros previos a la pandemia.
Concretamente, entre los meses de enero y mayo de este año se recaudaron en nuestro país un total de 81.583 millones de euros a través de impuestos. Esta cifra es, como parecería evidente, mayor que la del pasado ejercicio en un 13,7% (unos 10.000 millones de euros) pero también rebasa en 2.768 millones (3,5% más) la cifra de recaudación registrada en el mismo periodo de 2019, un año antes del estallido de la crisis sanitaria. Es decir, según estas cifras publicadas por el Ministerio de Hacienda, los españoles ya contribuyen a las arcas del Estado por encima de los niveles precrisis. Lo que, más allá, también anticipa con certeza un fuerte crecimiento económico en los próximos meses del año.
Hoja de ruta fiscal
Más allá, estas cifras se encuentran altamente vinculadas a la propia dinámica, singular, de la crisis económica provocada por la pandemia. De este modo, parece evidente que la mayor o menor celeridad con la que se recuperará la economía española -las proyecciones menos optimistas retrasan los niveles prepandemia de PIB y empleo a finales de 2023- estará acompañada por una mayor contribución de las figuras sujetas a estos elementos, como es el caso del IRF o el IVA, más vinculado al repunte de la demanda y el consumo.
Sin embargo, estas cifras aún podrían incrementarse durante el próximo ejercicio si finalmente el Gobierno culmina la reforma fiscal encomendada para febrero de 2022 al comité de expertos, con la que se podría elevar la presión fiscal de los españoles en hasta niveles de países socios de la UE.
Concretamente, según las estimaciones oficiales, el peso de la presión fiscal previo a la pandemia era del 35% del PIB. A partir de ahí, la senda del Ejecutivo pasa por alcanzar el 37% para 2030 (24.000 millones más que la recaudación prepandemia); el 40% en el año 2040 y equipararse a la actual media europea, en el 43%, para 2050 (96.000 millones más que en 2019).
Reina el escepticismo
La lectura que hacen los expertos, no obstante, sobre estos planes del Gobierno parece coincidir en la negatividad que supone en este momento de recuperación cargar con mayores contribuciones a los agentes sociales responsables de la creación de empleo, y el posible efecto limitador del crecimiento que podría acarrear de llevarse a cabo.
"Cualquier subida de impuestos va a tener un impacto negativo sobre la actividad económica, aunque algunas subidas pueden tener un impacto mayor que otras. Habría que ver en qué va a consistir exactamente la reforma fiscal para hacer una valoración", apunta la economista senior de Funcas, María Jesús Fernández, sobre el plan fiscal global del que aún no se conocen detalles.
"La buena reforma fiscal que no limita el crecimiento pasa por ajustar la fiscalidad de las pequeñas empresas para que no sea un obstáculo para su crecimiento y también pasa por racionalizar la imposición de las grandes empresas para no darles un plus extra simplemente por su tamaño. Fundamentalmente, la buena reforma fiscal pasa por ensanchar bases imponibles, tanto del IRPF como de Sociedades. Estos dos criterios llevan a una fiscalidad que no solo no limita el crecimiento y la creación de empleo sino que estimula ambos. Finalmente, la buena reforma fiscal debe aumentar el peso de la imposición directa y disminuir la indirecta", asegura en esta línea la doctora en Economía por la Universidad de Minessota y profesora en la Universidad Carlos III, Antonia Díaz.
