Tengo un gran respeto por el ministro de Seguridad Social e Inmigraciones, José Luis Escrivá. Es uno de los economistas mejor preparados y con las ideas más claras que conozco. Frente al pesimismo de los demás, siempre saca algún conejo de su chistera para solventar el problema. Lo hizo hace unos meses, con la renta mínima, cuando Sánchez sufría la presión de Iglesias por introducirla, y lo repite ahora con acuerdo de los agentes sociales para reformar el sistema de pensiones.
Ha conseguido salvar a Sánchez en los momentos complicados, pese a que sus críticos le reprochan la falta de tacto político ó que se fija excesivamente en los números. Ahora, la cuestión es el precio a pagar por la reforma. Si la fórmula mágica del ministro garantiza la salud de las pensiones sin cambiar con el actual sistema de reparto. El acuerdo es una mezcla entre cesiones a las peticiones de los sindicatos y de aplazamiento de los problemas. La clásica patada hacia adelante que utilizan los políticos para pasar el problema al siguiente en la línea de sucesión, aunque sea de su propio partido.
Lo sorprendente es que desde la oposición del Partido Popular, Pablo Casado, apoyó el Ingreso Mínimo Vital, que aún sigue sin funcionar, y también la revalorización de las pensiones con el IPC, aunque ahora se lleve las manos a la cabeza. ¿Quién se va a poner a una mejora de las retribuciones de nuestros mayores para mantener su poder adquisitivo?
La Seguridad Social, esa caja que muchos españoles creen rebosante de dinero para compensarlos por los sinsabores de su vida laboral cuando se retiren, está llena de telarañas. El fondo de reserva, una especie de caja de resistencia en la crisis de 2008, hace tiempo que voló. Queda una cantidad testimonial de 2.000 millones porque no hay político que se atreva a cargar con el sanbenito de vaciarlo por completo.
Sin déficit en tres años
El año pasado, la Seguridad Social tuvo un agujero de 50.000 millones, que por sí sólo sobrepasa el objetivo de déficit público exigido por la UE antes de la pandemia. Escrivá lo atribuye a las circunstancias excepcionales creadas por la crisis del coronavirus y pronostica que desaparecerá en 2025, en tan sólo tres años.
Su trabajo de prestidigitador es bueno, pero no tanto como para hacer desaparecer los problemas de un plumazo. Un tercio de ese déficit (unos 14.000 millones) se traspasará desde finales de este año al Presupuesto. Es lo que el ministro denomina gastos impropios de la Seguridad Social, aunque más de la mitad (unos 9.500 millones) vayan a pagar los subsidios de desempleo y otro tercio (otros casi 3.000 millones) sufraguen las prestaciones de paternidad y maternidad, que el tándem Sánchez-Iglesias no hizo más que ampliar en los últimos años.
Casi la mitad (22.500 millones) del tajo producido en los ingresos de la Seguridad Social, en un ejercicio tan terrible como el pasado, se sufragará en el futuro con el Presupuesto y, por tanto, tendremos que pagarlos mediante un incremento de la actividad y el empleo ó por la vía de los tributos, que es lo más probable.
El problema, como se sabe, es que entre 2025 y 2045 ó 50 se jubila la generación del baby boom, que abarca desde los nacidos a finales de los 50 hasta los 70, y la población activa (alrededor de 20 millones) se quedará corta para hacer frente a sus honorarios.
En estas condiciones, lo más razonable para garantizar la liquidez del sistema y, por ende, la paga de los mayores, hubiera sido vincular el gasto a la obtención de ingresos suficientes, como se hizo en la reforma de 2013. La exministra de Trabajo, Fátima Báñez, con apoyo de una comisión de expertos, introdujo un índice de revalorización (IRP), una especie de cortafuegos que limitaba los incrementos anuales de las pensiones al 0,25% en caso de problemas de financiación.
Sin cortafuegos para el gasto
Pero el ministro Escrivá, por presión de los sindicatos, eliminó el citado cortafuegos. Después de cambiar de opinión en varias ocasiones, aceptó que la revalorización de las prestaciones se calcule mediante el índice de precios al consumo del año en curso. Eso sí, no hay que echar toda la culpa a Escrivá, porque de nuevo el arco parlamentario apoyó la medida sin rechistar. ¡A ver quién es el valiente que va contra los intereses de un colectivo en alza de casi diez millones de personas, equivalente a más de un tercio de los votantes!
Escrivá retiró una propuesta más sensata para que la subida se guiara por la media ponderada de los tres últimos años, de manera que se evitaran shocks en el gasto, como el que podemos sufrir en enero de 2022. Con la economía aún en recuperación, el incremento de las pensiones este año por culpa de la inflación acarreará un coste adicional de entre 2.000 y 2.5000 millones sobre una factura total, que ya representa 165.000 millones anuales.
Imagínense quién lo va a pagar: usted y yo mediante aumento de los impuestos, como el que acaba de colar camuflada en la Ley Antifraude la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para las sucesiones, Ahora quizá entiendan por qué la vicepresidenta Teresa Ribera se resistía a bajar el IVA de la luz y cuando lo anunció, afectó sólo a menos de la mitad (1.000 millones) del alza de recaudación del Estado por el C02 (2.700 millones). Los 1.700 millones restantes se quedan en las arcas públicas.
Problemas más allá de 2022
El problema no está en 2022, sino en el futuro. El Gobierno aprobó este jueves los aspectos positivos de la reforma y dejó para más adelante los instrumentos correctores. El primero, el mecanismo de equidad intergeneracional que sustituirá al factor de sostenibilidad deberá estar definido a finales de noviembre, aunque a Escrivá se le escapó que habrá que renunciar a algo de la pensión ó alargar la vida laboral más allá de los 67 años. La generación del baby boom, la responsable de la Transición española en los años más difíciles de la economía, no podrá recoger así todo el fruto de sus esfuerzos.
Estas no son las únicas penalizaciones. La reforma viene acompañada de medidas que cargan las tintas sobre las clases medias y, sobre todo, altas. Se destoparán las cotizaciones máximas para adelantar la mayor cuantía de ingresos posibles a la Seguridad Social y se gravarán las jubilaciones anticipadas, sobre todo para los que más cobran. Esto resulta del todo injusto, ya que quienes pierdan su trabajo en los últimos años de su vida laboral sufrirán un castigo desmedido en su pensión.Y también se ampliará la base de cálculo de 25 a 35 años para rebajar la pensión media. Y, como hemos dicho, se introducirán incentivos para alargar la vida laboral.
La AIReF emitió esta semana un duro informe en el que advierte que la reforma tendrá un coste de alrededor de 5 puntos anules del PIB en 2050. Es decir, superior al déficit récord de la Seguridad Social en 2020.
Los agentes sociales y las fuerzas políticas optan así por mimar al jubilado frente al trabajador. La pensión media alcanzó 1.180 euros en marzo, mientras que el Salario Mínimo Interprofesional está en 950.
La cuestión latente desde el comienzo es quién pagará este exceso de gasto en las pensiones. Las clases medias y altas en forma de incrementos de las cotizaciones y de los impuestos. Lo malo es que llega en el peor momento, porque el déficit estructural de la economía española alcanza en estos momentos otros cinco puntos, que sumados a otros cinco de las pensiones, significa que en los próximos años habrá que corregir una desviación del gasto público anual superior a los 100.000 millones. Como el Gobierno se niega a recortar el coste de las administraciones públicas, sólo les queda la opción de aumentar los impuestos. Así que prepárense, porque con más del 20% de economía sumergida y otra parte similar en el umbral de pobreza, el resto cargará con el esfuerzo.
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