Como alternativas para financiar las pensiones se argumenta que la Seguridad Social se nutre a través de las cotizaciones sociales que representan el grueso de sus ingresos y se propone descargarla de los costes destinados a cubrir las pensiones no contributivas. Algo contraproducente en un país que ya de por sí tiene unos costes de Seguridad Social de los más altos del mundo, sería aumentar los ingresos por cotizaciones que en buena lid debieran proceder de que aumente el número de personas que contribuyen o aumentando la cotización por trabajador, o ambas a la vez. De lo que no cabe duda es que más crecimiento económico, más empleo y menos paro constituyen una solución muy efectiva.
Hablar hoy de incrementar todavía más las cotizaciones a la Seguridad Social constituye un flaco favor al empleo, no solo impidiendo la creación de puestos de trabajo, sino obligando a empresas, sobre todo a las pymes, a contraer su plantilla ante el impacto de los costes sociales.
Pensemos en el coste laboral de un trabajador y en lo que éste percibe neto. La cuña fiscal, con las cotizaciones sociales y los impuestos al trabajo, es de por sí un freno para el fomento del empleo, debido al encarecimiento de los costes laborales. En Italia, una de las medidas que se han adoptado para animar el mercado laboral ha sido precisamente rebajar esa cuña fiscal.
Escasez de industria
Si nuestro modelo productivo tuviera un componente más industrial y con sectores con más valor añadido, las cosas serían diferentes. Sin embargo, en España, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) referidos a 2019, el salario medio anual por trabajador fue de 24.396 euros, nada del otro mundo. En los sectores industriales se dan las mejores retribuciones, como es el caso del suministro de energía con 52.163 euros anuales. También en actividades financieras y en seguros con 44.303 euros. Por el contrario, la remuneración más baja es la de la hostelería con 14.562 euros. El salario más frecuente en España en 2019 fue de 18.490 euros. Y el salario mediano, que divide al número de trabajadores en dos partes iguales, los que tienen un salario superior y los que tienen un salario inferior, fue de 20.351 euros.
Con todo, la asignatura pendiente a propósito de la sostenibilidad de las pensiones es aquella del factor de sostenibilidad y el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que se aprobó en 2013, a instancias de Europa, y entró en vigor en 2014 para después permanecer en el limbo de los justos.
Se trataba de desvincular las pensiones de la inflación, con el consiguiente ahorro para la Seguridad Social, de manera que las pensiones anualmente no podían subir ni menos del 0,25% ni sumar más del 0,50% al Índice de Precios de Consumo… Pero eso cristalizó en una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas a causa de la inflación. El factor de sostenibilidad implicaba un recorte a partir de enero de 2019.
Por su parte, el factor de equidad intergeneracional fijaba la primera pensión del nuevo jubilado, a partir de enero de 2019, de acuerdo con la esperanza de vida de su generación, teniendo en cuenta el último lustro. Ergo, la pensión se determinaba por la cuantía y el tiempo de cotización durante la vida laboral, el presupuesto de gasto de la cohorte del jubilado, con revisión del factor cada 5 años en función de la esperanza de vida y considerando, entonces, una media de esperanza de vida en España de 83 años. De momento, ambos factores permanecen en el limbo de los justos. Y en este 2021 seguimos sin saber exactamente dónde estamos.
