No hay semana en que el tema de las pensiones no esté en el candelero. Si se reforma por acá, por allá o por acullá. Que los acuerdos del Pacto de Toledo van en serio. Que si se posponen. Que si aquí decidimos una cosa y luego vendrán los amigos de Bruselas y marcarán otros derroteros sobre las pensiones. Que, si éstas se revalorizan según el Índice de Precios de Consumo, que electoralmente tiene su encanto, o no. En fin, un auténtico tiovivo de noticias al respecto en el que, a decir verdad, nadie tiene claro cuál será el futuro. Con todo, algo sí parece indiscutible: se trata de demorar la edad de jubilación para que la efectiva coincida con la legalmente establecida, incentivar la demora en la jubilación y penalizar la anticipada, así como ampliar el período de cómputo para calcular la pensión que en 2022 será de 25 años, y promover ese fondo público para animar los planes de pensiones con especial incidencia en los autónomos y las pymes.
El apremiante asunto del sistema de pensiones no es, desde luego, algo nuevo. Llevamos años con esa cantinela. Se han dado pasos adelante, luego se ha rectificado por la reacción de la sociedad y la voz reivindicativa de los pensionistas, que con tantos millones de votos pueden hacer decantar los resultados electorales en una u otra dirección, y entre una cosa y otra, la casa sigue sin barrer.
Los pasos adelante se rectifican por la importancia de los millones de votos de los pensionistas
El quid arranca de las consecuencias demográficas y la incidencia en el sistema de pensiones. Más longevidad y el envejecimiento de la población que si hoy los mayores de 67 años no llegan al 20%, a partir de 2040 representarán el 30%; el descenso de la tasa de natalidad, cayendo los nacimientos por cada mil habitantes, y la evolución de las rentas del trabajo que durante los últimos años disminuyen y que, además, hasta cierto punto, andan amenazadas por los avances tecnológicos, la globalización, la propia crisis, los robots trabajando…
Se van proponiendo medidas, como actuaciones indirectas: reducción de la economía sumergida y aumentar la recaudación tributaria; medidas estructurales consistente en la mejora del crecimiento potencial de nuestra economía a través de un mercado laboral más eficiente y un capital humano cualificado; tasas de empleo más altas y, cómo no, la calidad del modelo económico-productivo de España. Se confía igualmente en el papel de los inmigrantes, a modo de salvavidas.
Urge plantear soluciones a largo plazo pensado en la sostenibilidad futura del sistema
Y se proponen actuaciones directas: retraso en la edad efectiva de jubilación, aludiendo a que gozamos de más años de vida y una mejor calidad que permiten posponer la edad de jubilación y los cambios tecnológicos que conllevan menos esfuerzos físicos y menor desgaste; ajustes automáticos para la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones y la flexibilización entre vida activa y jubilación. Entretanto, hay pensiones que superan a los salarios y todo el proceso de automatización que entraña la revolución tecnológica apeará a un buen número de trabajadores en activo. Así que más que parchear cada año el problema de las pensiones, con sus consiguientes revalorizaciones, en parte, insistimos, para ganarse la fidelidad del voto de los pensionistas, hay que plantear soluciones a medio y largo plazo pensando no solo en la suficiencia de las pensiones, sino en su sostenibilidad futura. Uno de los ejes del estado del bienestar está amenazado.
