Economía

El factor de sostenibilidad traba el pacto en pensiones

  • El Gobierno ofrece un nuevo índice intergeneracional en 2022
José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. eE
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El acuerdo para sacar adelante el primer paquete de la reforma de pensiones -que incluirá la vinculación de las pagas al IPC, la modificación de la jubilación anticipada y la separación de fuentes de financiación- se encuentra encallado en estos momentos por un cuarto elemento: la derogación del conocido como factor de sostenibilidad (FS) de las pensiones, emanado de la reforma de pensiones del PP de 2013, llamado a modular a la baja las nuevas pagas en función de la esperanza de vida, y cuya aplicación está en suspenso hasta 2023. Los sindicatos exigen la inminente eliminación del FS para cerrar el pacto del primer paquete de la reforma, mientras que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, según fuentes próximas a las negociaciones, apuesta por abordar el diseño de un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional en el plazo de un año sin mediar la previa derogación del anterior.

El Ejecutivo se comprometió recientemente a la eliminación del FS en el plazo de un año, durante 2022, como figura en el calendario del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pero los sindicatos urgen su desactivación inminente para dar luz verde a esas primeras tres medidas que el Gobierno pensaba llevar al Congreso antes de agosto. Así, la obstaculización del acuerdo hace que la votación de la primera parte de la reforma se pueda ir a después del verano.

El Ejecutivo no parece convencido de los tiempos que quieren marcar los sindicatos, máxime después de que Bruselas diera un espaldarazo a Escrivá con la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, en cuyo punto trigésimo da cuenta de todas las medidas y plazos y contempla la derogación del FS y la aprobación de un nuevo índice en 2022.

Según fuentes cercanas a la negociación, el ministro del ramo se ha comprometido a acordar el diseño del nuevo índice sin la previa desactivación del anterior, lo que no convence a las organizaciones sindicales, quienes, forzando su derogación inmediata en 2021, buscan exhibir la completa desaparición de la reforma de pensiones del PP de 2013, justo uno de los compromisos de la coalición de PSOE y UP. Así, aunque no se avance en el diseño del nuevo mecanismo hasta el próximo año, los sindicatos presionan para que la reforma de 2013 quede revocada desde este momento, y no en suspenso hasta 2023. Es decir, buscan anular cualquier posibilidad de que el corrector generacional aprobado por el PP comience a funcionar en 2023, una vez concluya el periodo de suspensión del mismo por cualquier devenir político o eventual fracaso en el diseño del nuevo índice.

Lejos de la versión del tira y afloja, el Gobierno está convencido de que podrá sacar adelante la primera fase de la reforma en tiempo -aunque gana enteros que pueda darse después del verano- y que la derogación del FS no será óbice en última instancia para aprobar el resto de puntos acordados. De hecho, es voluntad del Ejecutivo seguir la hoja de ruta marcada y refrendada por Bruselas.

Una reforma en dos ejes a punto de caer

La reforma de pensiones de 2013, del PP, giró sobre dos ejes: el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y el factor de sostenibilidad (FS). El IRP no se aplica desde 2018, cuando se retomó el IPC como referente para revisar el poder adquisitivo de las pensiones. Si se deroga o sustituye el segundo eje, el factor de sostenibilidad, llamado a modular a la baja el importe de las nuevas pagas en función de la esperanza de vida, la reforma del PP habrá desaparecido.

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