El Gobierno ha presentado una propuesta de prórroga de Ertes a los agentes sociales en el contexto de la crisis sanitaria del Covid. La medida excepcional laboral se prorrogará hasta el 31 de enero de 2022, con carácter general para todos los trabajadores en Erte regulados en los Reales Decretos anteriores.
No hay acuerdo sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que el Gobierno ha confirmado se va a producir para el último tramo del presente año. La reunión mantenida el lunes por el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, con los empresarios y los sindicatos se cerró sin pacto, pero con una confusión respecto a la continuidad del diálogo. Según explicaron los negociadores de CCOO y de UGT -no hubo comentarios ni del Ministerio ni de la patronal CEOE a este respecto- ya no se celebrarán nuevas reuniones, aunque se mantendrán contactos informales para seguir tanteando un acuerdo, algo que no descartaron los sindicatos. Fuentes empresariales consultadas por el elEconomista reconocen que si el Gobierno opta por una subida del SMI para este año se tensarán las relaciones con las patronales, dificultándose así otras negociaciones pendientes, tales como la prórroga de los Ertes, cuya mesa se debe abrir en los próximos días; la reforma laboral, que debería contar con un borrador en octubre; y la segunda fase de la reforma del Sistema para apuntalar la sostenibilidad de las pensiones.
Pese a que el contexto fue el de una triunfalista glosa de los logros de nuestro país, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su balance de la coyuntura, deslizó que a cierre de este año España solo habrá cumplido el 21,8% de los hitos y objetivos pactados con Europa hasta 2023. Hasta el momento el grado de cumplimiento se sitúa en el 16% y confía en acelerarlo al 21,8% para diciembre, emplazando la consecución del resto de hitos y objetivos a los dos siguientes ejercicios. Sin autocrítica alguna, el jefe del Ejecutivo sitúo a España como líder mundial en vacunación y en materia de recuperación económica. Sostuvo que gracias al "éxito" en el proceso de vacunación, "se afianza la recuperación" económica y social, al tiempo que ensalzó los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) hechos públicos el jueves. "Nos situamos ya en unos niveles de ocupación de 19,6 millones de personas", señaló.
Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, tiene claro el valor estratégico de su negociado para encarrilar la recuperación del país. "La reconversión industrial y económica pasa por lo digital y por lo ecológico", comenta a elEconomista esta ingeniera química, mano derecha de la vicepresidenta Nadia Calviño en los asuntos más ambiciosos y vanguardistas de la actual agenda política. Artigas contagia su entusiasmo al describir una nueva ley de startups que atraerá talento e inversión. La normativa, actualmente en fase de consulta pública, permitirá montar empresas tecnológicas científicas de gran crecimiento con un simple euro". Todo será más fácil, más ágil y más comprometido con el medio y largo plazo. Desde el otro lado de la pantalla del ordenador, Artigas comparte con este periódico un anuncio que convertirá España en banco de pruebas de la futura ley de inteligencia artificial europea. Se trata de un reglamento que verá la luz dentro de dos años y que defenderá el humanismo tecnológico de Europa frente al utilitarismo sin apenas escrúpulos de otras regiones del mundo.
La inflación se suma a los factores de preocupación en la salida de la crisis económica provocada por la pandemia, pero los expertos consideran que la recuperación no descarrilará por su ascenso siempre que se contenga por debajo del 3%, tal como parece. El denominador común entre los analistas consultados por elEconomista para enjuiciar el impacto del alza de precios sobre la coyuntura es que hay demasiada incertidumbre.
La Plataforma del Tercer Sector capitanea hace semanas una campaña para que las empresas consignen la casilla solidaria en su Impuesto de Sociedades durante el segundo periodo de autoliquidación del tributo, que comprende del 1 de julio al 30 de noviembre de 2021. El marcado de la citada casilla no supone un sobrecoste para las empresas pero ayuda a la lucha frente a la desigualdad, máxime tras el azote de la pandemia de coronavirus.
Reelegido por unanimidad presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentí Pich departe con elEconomista sobre la coyuntura y las medidas lanzadas para atar la recuperación.
El acuerdo para sacar adelante el primer paquete de la reforma de pensiones -que incluirá la vinculación de las pagas al IPC, la modificación de la jubilación anticipada y la separación de fuentes de financiación- se encuentra encallado en estos momentos por un cuarto elemento: la derogación del conocido como factor de sostenibilidad (FS) de las pensiones, emanado de la reforma de pensiones del PP de 2013, llamado a modular a la baja las nuevas pagas en función de la esperanza de vida, y cuya aplicación está en suspenso hasta 2023. Los sindicatos exigen la inminente eliminación del FS para cerrar el pacto del primer paquete de la reforma, mientras que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, según fuentes próximas a las negociaciones, apuesta por abordar el diseño de un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional en el plazo de un año sin mediar la previa derogación del anterior.
La puesta en marcha de conocido como fondo público de pensiones destinado a impulsar el ahorro privado a través de los planes de empresa no llegará antes del cierre de 2022, e incluso se podría retrasar su funcionamiento pleno algunos meses sobre esta fecha si el Ejecutivo no logra culminar la negociación y los agentes sociales y las licitaciones para la gestión de los depósitos a las empresas del sector privado en el plazo previsto.
La propia naturaleza de los Erte, que prevé la suspensión temporal del empleo ante un shock de demanda o un periodo de baja actividad, implica también la esperanza de que estos trabajadores recuperarán su empleo una vez se supere el bache. Ahora bien, tras un año ya de vigencia del actual esquema de Ertes, el Gobierno ya asume internamente que al menos un 30% de los afectados, unos 170.000 trabajadores no podrán recuperar su puesto de trabajo. Concretamente, la Seguridad Social registró a finales de mayo un total de 542.142 personas protegidas por esta herramienta, lo que supone un descenso de 95.439 trabajadores, con lo que número de Ertes asociados al Covid se sitúa de esta forma en el nivel más bajo desde el inicio de la pandemia.