La puesta en marcha de conocido como fondo público de pensiones destinado a impulsar el ahorro privado a través de los planes de empresa no llegará antes del cierre de 2022, e incluso se podría retrasar su funcionamiento pleno algunos meses sobre esta fecha si el Ejecutivo no logra culminar la negociación y los agentes sociales y las licitaciones para la gestión de los depósitos a las empresas del sector privado en el plazo previsto.

La propia naturaleza de los Erte, que prevé la suspensión temporal del empleo ante un shock de demanda o un periodo de baja actividad, implica también la esperanza de que estos trabajadores recuperarán su empleo una vez se supere el bache. Ahora bien, tras un año ya de vigencia del actual esquema de Ertes, el Gobierno ya asume internamente que al menos un 30% de los afectados, unos 170.000 trabajadores no podrán recuperar su puesto de trabajo. Concretamente, la Seguridad Social registró a finales de mayo un total de 542.142 personas protegidas por esta herramienta, lo que supone un descenso de 95.439 trabajadores, con lo que número de Ertes asociados al Covid se sitúa de esta forma en el nivel más bajo desde el inicio de la pandemia.

La dureza de la crisis económica provocada por la pandemia ha puesto a prueba la fortaleza de la Seguridad Social española para proteger a empresas, trabajadores y colectivos más vulnerables. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, reconoce que ha tenido que redoblar esfuerzos para poder coser el escudo social, lo que ha provocado asumir niveles de déficit inéditos, de más de 50.000 millones de euros el pasado año. Asegura que es un factor coyuntural y que el sistema de pensiones estará equilibrado antes de acabarse la legislatura. Además, confía en iniciar la aprobación parlamentaria de la reforma este mismo verano, un elemento crucial para recibir los fondos de reconstrucción europeos.

El Gobierno trabaja a marchas forzadas para zanjar la primera fase de la reforma de pensiones con la que se pretende despejar el horizonte financiero del Sistema. Tras la eliminación de los gastos impropios, no contributivos, y la recuperación del mercado laboral así como las cotizaciones de los trabajadores una vez se replieguen los efectos de la pandemia, el Gobierno prevé que el déficit de la Seguridad Social se cierre, quedando en cero -es decir, alcanzando el equilibrio presupuestario- para finales del próximo año 2023. Así, el Ejecutivo con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, al frente da un plazo de 24 meses, escasos dos años, para revertir una situación agravada con el impacto de la pandemia.

El Gobierno ha puesto en el centro de la diana de la reforma de las jubilaciones anticipadas a las rentas altas, que son los perfiles que más se verán perjudicados por la modificación prevista en el esquema de coeficientes reductores. Concretamente, el agravamiento de estos porcentajes de reducción de la pensión, en función de los meses de anticipo, se produce en los tres primeros meses de los 24 que puede adelantarse la salida del mercado laboral. Y según fuentes oficiales, esta medida se adopta al detectar que el sistema beneficia a las rentas altas que abandonan prematuramente el empleo, y que son las personas que más anticipan la salida y sobre los que se pretende demorar al menos en unos meses esta decisión.