Madrid. 
El Gobierno ha puesto en el centro de la diana de la reforma de las jubilaciones anticipadas a las rentas altas, que son los perfiles que más se verán perjudicados por la modificación prevista en el esquema de coeficientes reductores. Concretamente, el agravamiento de estos porcentajes de reducción de la pensión, en función de los meses de anticipo, se produce en los tres primeros meses de los 24 que puede adelantarse la salida del mercado laboral. Y según fuentes oficiales, esta medida se adopta al detectar que el sistema beneficia a las rentas altas que abandonan prematuramente el empleo, y que son las personas que más anticipan la salida y sobre los que se pretende demorar al menos en unos meses esta decisión.
Así, la propuesta del Gobierno para la jubilaciones anticipadas recogerá tras la reforma hasta 96 supuestos con diferentes coeficientes reductores en base a los meses de anticipo y al periodo acumulado de cotización. Y sin embargo, solo se endurecen ocho coeficientes, los relativos a esos primeros tres meses, que son precisamente en los que los abandonos del mercado laboral corresponden a las rentas más elevadas. Según explican desde el Ejecutivo, este hecho se produce porque son casos en los que pese a cargar con la penalización más alta por anticipo (24 meses) esta se aplica sobre la base reguladora de la pensión futura a cobrar y no sobre la cuantía final. Como resultado, los jubilados anticipados con rentas altas sufren de media recortes de la prestación del 2% mientras que en rentas medias y bajas llega al 6%.
Por ello, una de las medidas principales que acompañarán al nuevo esquema de desincentivos será la de aplicar la reducción directamente sobre la cuantía de la prestación y no sobre la base reguladora.
Cabe recordar que el pasado año 2020 se produjeron en España un total de 285.870 altas de jubilación en la Seguridad Social. De ellas, 109.581, es decir, un 38,3% se produjeron antes de los 65 años, la edad fijada por ley para el retiro en el pasado ejercicio. Y de estas últimas, 54.000 altas de jubilación anticipada se produjeron de forma voluntaria, es decir, un 49,2% de todas las altas prematuras.
Primera parte de la reforma
Así, en el primer paquete de reformas se incluye la revalorización de las pensiones con el IPC y una serie de medidas para acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal, con incentivos positivos para demorar el retiro voluntario.
"No estamos modificando la edad legal de jubilación (...) Lo que hay son incentivos y en España tenemos muy pocos estímulos e incentivos sobre la jubilación demorada que no están bien diseñados ni publicitados. Quien esté en condiciones y quiera seguir en activo podrá prolongar su vida laboral y le vamos a premiar por ello", aseguraba este lunes el Escrivá.
Respecto a las jubilaciones anticipadas, Escrivá las ha cifrado en torno a 70.000 u 80.000 cada año y reitera que el objetivo del Gobierno es desincentivarlas cambiando la estructura de los coeficientes reductores, y limitando las jubilaciones forzosas por convenio.
Respecto al factor de sostenibilidad, cuya derogación reclaman los sindicatos, el ministro ha recordado que esto está contemplado en el segundo paquete de la reforma, el que se abordará el año que viene, pero ha insistido en que el compromiso del Gobierno con la derogación de este factor es "absolutamente firme" porque está mal diseñado y es "injusto" .
"Hay un compromiso de derogarlo sí o sí", apunta el ministro, que recuerda que hay tiempo para suprimir esta medida teniendo en cuenta que su entrada en vigor no estaba prevista hasta 2023.
Lo que sí deja claro es que sindicatos y empresarios saben que la reforma tiene que estar publicada en el BOE este mismo año porque es un compromiso asumido por el Gobierno con Bruselas en el Plan de Recuperación. En todo caso, el ministro espera que la reforma de pensiones llegue al Parlamento a lo largo del mes de julio y pueda pasar el trámite sin complicaciones.
