Madrid.
El Gobierno trabaja a marchas forzadas para zanjar la primera fase de la reforma de pensiones con la que se pretende despejar el horizonte financiero del Sistema. Tras la eliminación de los gastos impropios, no contributivos, y la recuperación del mercado laboral así como las cotizaciones de los trabajadores una vez se replieguen los efectos de la pandemia, el Gobierno prevé que el déficit de la Seguridad Social se cierre, quedando en cero -es decir, alcanzando el equilibrio presupuestario- para finales del próximo año 2023. Así, el Ejecutivo con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, al frente da un plazo de 24 meses, escasos dos años, para revertir una situación agravada con el impacto de la pandemia.
Concretamente, la celeridad con la que se prevé cerrar el desfase presupuestario que registra cada año de la Seguridad Social será posible gracias a una parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo para la reforma del Sistema y que el gabinete del ministro competente, José Luis Escrivá, ya avanzó en los actuales Presupuestos Generales del Estado: la separación de los conocidos como gastos impropios de la Seguridad Social y su imputación a los Presupuestos. Una cifra que este año supondrá al cierre del ejercicio un recorte del déficit de 14.000 millones de euros (el coste de estas prestaciones de carácter asistencial y no contributivo, u otras partidas como la financiación de las políticas activas de empleo).
De hecho, sin tener en cuenta el déficit del año pasado, que superó los 50.000 millones de euros por el desembolso de ayudas para que empresas y trabajadores hicieran frente a la pandemia y de las exoneraciones de cotizaciones que acompañaban estas medidas, el déficit que venía asumiendo de forma recurrente el Sistema ascendía a 18.000 millones de euros -17.000 millones en 2019-.
Esa transferencia del Estado que se contempla ya en los Presupuestos de 2021 para la asunción de gastos impropios de la Seguridad Social por valor de 14.000 millones de euros, el equivalente a dos tercios del déficit que registró el sistema en 2019 (17.500 millones de euros). En este sentido, según fuentes oficiales otro tercio del déficit podría quedar ya zanjado a finales de esta legislatura si se derivan al Presupuesto central nuevos gastos impropios de la Seguridad Social -el plan de Gobierno prevé sacar más de 22.000 millones de euros de gastos no contributivos-. Y además mejora el conocido como saldo contributivo de la Seguridad Social, es decir, la diferencia existente solo entre el volumen de cotizaciones sociales ingresadas y el coste de las pensiones, pero solo las del nivel contributivo, como las jubilaciones.
Un primer brote verde de esta tendencia financiera del Sistema, donde la conversión de los préstamos en transferencias corrientes anuales ya ha supuesto un balón de oxígeno en sus cuentas, apareció precisamente este lunes tras conocerse el saldo presupuestario de los diferentes niveles de la Administración. Así, la Seguridad Social registró un superávit de 96,37 millones de euros en el primer cuatrimestre del año, el equivalente al 0,01% del PIB, según los datos del ministerio.
Nuevo préstamo para la extra
Sin embargo, el Consejo de Ministros de este martes ha acordado la concesión de un préstamo de 13.830 millones de euros a la Tesorería General de Seguridad Social para equilibrar las cuentas del sistema en relación al pago de pensiones o de prestaciones por incapacidad temporal (IT), según anunció la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero precisó que esta transferencia a la Seguridad Social estaba ya determinada y consignada en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, a tenor de la situación financiera de la Seguridad Social. Así, se presupuestaba un préstamo del Estado al sistema por valor de 13.830 millones de euros con el objetivo de garantizar el equilibrio financiero del Sistema.
El ministerio de José Luis Escrivá justificó el préstamo recordando que en los meses de junio y noviembre, la Seguridad Social abona conjuntamente la nómina ordinaria y extraordinaria de las pensiones, por valor de 20.000 millones de euros.
