Pedro Fernández Alén es desde marzo el nuevo presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y de la Fundación Laboral de la Construcción. Desde su posición, demanda al Gobierno que acelere la implementación de los Fondos Next Generation para evitar cuellos de botella, fomente la formación de mano de obra para ejecutar los proyectos, facilite la colaboración público-privada y contenga los cambios en la legislación laboral.
Empresarios y sindicatos de la construcción han hecho un esperanzador llamamiento "a los trabajadores y trabajadores de otros sectores, como la hostelería, el turismo y la agricultura, que se encuentran en situación de desempleo, para que entren en el sector de la construcción, donde las empresas están demandando mano de obra cualificada, más aún si se aprueban los planes procedentes de los Fondos Europeos Next Generation". Un llamamiento que se realizó en la presentación virtual del Informe de balance sectorial de la construcción 2020, realizado por la Fundación Laboral (FLC) de la Construcción que conforman la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y los sindicatos CCOO y UGT.
El documento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado este viernes a la UE recoge la necesidad de subir impuestos a diferencia de la estrategia establecida por otros países comunitarios. Así, repitiendo las tesis del proyecto del plan presentado por Pedro Sánchez el pasado 13 abril, Moncloa se apoya en las exigencias de la Comisión Europea para aumentar la recaudación fiscal. Además, el texto reconoce la falta de margen para ajustar el gasto.
El Gobierno avanza con paso firme en la puesta en marcha del fondo público de pensiones con el que pretende impulsar los planes de pensiones en el ámbito de la empresa con el objetivo de fomentar el ahorro de trabajadores, autónomos y pymes, así como de los funcionarios en los diferentes niveles de la administración. Un punto fundamental del diseño de este vehículo financiero será la Comisión de Control que albergará a un nutrido grupo de expertos altamente especializados en materia y de vigilancia sobre los fondos, que supervisarán el ahorro de los trabajadores.
Los técnicos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ya tienen los cálculos y proyecciones que deparará el bloque de medidas destinadas a reformar las pensiones españolas tanto en el ámbito público como en el privado. En este último, según ha podido saber elEconomista, ven palmario que la estrategia del Gobierno para alentar la participación de los asalariados y autónomos en planes privados de ahorro para la jubilación derivará en que se quintuplique el ahorro en vehículos de previsión complementaria, lo que supondría que este pase de los 118.522 millones de cierre de 2020 a rebasar los 500.000 millones. Sin precisarse el plazo exacto, eso sí, dado que la pandemia ha tenido un efecto distorsionador sobre el empleo y, por ende, el ahorro previsional que dificulta la acotación del periodo de consecución de la meta. Lo cierto es que, con ese volumen, España se acercará al porcentaje de PIB que descansa en esos productos en otros países de la UE.
José María Carulla es director del servicio de estudios de Marsh España y director general de Marsh Risk Consulting. Este experto en riesgos cree que en un mundo lleno de incertidumbre es fundamental estar preparado para lo que pueda venir, por ello conocer los riesgos a los que se enfrenta el globo puede ayudar a empresas y países a tomar las precauciones necesarias. Carulla ha compartido con elEconomista las claves del Informe de Riesgos Globales 2021, el célebre documento elaborado anualmente por el Foro Económico Mundial de Davos en colaboración con Marsh.
El Gabinete económico de Moncloa prepara nuevas medidas para aliviar la asfixia financiera que atraviesan muchas empresas y autónomos del tejido productivo español a causa de la pandemia, pero en su estrategia -pilotada por el Ministerio de Economía y el resto de carteras económicas- descarta las ayudas directas que sí dan otros socios europeos, como Italia o Alemania, las cuales Moncloa deja en manos de las autonomías que quieran implantarlas. Según fuentes conocedoras de los borradores que diseña el grupo interministerial, el Gobierno apuesta por sostener a las empresas vía incentivos fiscales, bien para que la banca haga quitas en los avales del ICO -medida que disgusta al sector financiero- o diferimiento de sus plazos de pago, bien para fomentar que los arrendadores aplacen el pago de los alquileres a los negocios más afectados por las restricciones de aforo y movilidad, la medida más inmediata que lanzará el Gobierno, según las mismas fuentes.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, abogó este jueves, durante un encuentro telemático en el Consejo General de Economistas, por la creación de un nuevo tipo de Erte estructural, en línea con el modelo alemán, que permita la movilidad entre empresas, de modo que evite a los trabajadores periodos de desempleo y desincentive la posible proliferación de Eres. Además, Escrivá anticipó este jueves que en las próximas semanas el Gobierno activará ayudas para la liquidez de las empresas, sin especificar cuáles. Una de las metas de esa liquidez adicional que prepara lanzar el Ejecutivo es paliar el riesgo de que se produzca un repunte de los ajustes de plantilla colectivos vía expedientes de regulación de empleo (Ere) así como la conversión de Ertes en Eres.
El Gobierno está trabajando en una nueva batería de medidas que reduzca de algún modo la asfixia económica que viven a raíz de la pandemia miles de negocios, que a pesar de no estar operativos o con limitaciones de horarios, tienen que hacer frente al pago del alquiler de los locales que ocupan. Según han explicado fuentes de Moncloa a elEconomista, esta es ahora mismo una de las líneas prioritarias para el Ejecutivo, que a través de incentivos fiscales quiere promover que los arrendadores sean más benevolentes con sus inquilinos aplicando moratorias o aplazamientos de los pagos con reducciones del 50% en la renta aplicable.
El Gobierno estudia inyecciones directas a las pymes y los autónomos durante cinco meses destinadas a sostener negocios viables y en tal sentido negocia con Bruselas y con la banca las fórmulas para drenar ese dinero a los negocios más castigados por la pandemia -bares, restaurantes y pequeños comercios, entre otros ámbitos-.