El documento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado este viernes a la UE recoge la necesidad de subir impuestos a diferencia de la estrategia establecida por otros países comunitarios. Así, repitiendo las tesis del proyecto del plan presentado por Pedro Sánchez el pasado 13 abril, Moncloa se apoya en las exigencias de la Comisión Europea para aumentar la recaudación fiscal. Además, el texto reconoce la falta de margen para ajustar el gasto.
"Las recomendaciones específicas para España han venido señalando la necesidad de reforzar los ingresos del sistema fiscal con el fin de reducir el déficit estructural y garantizar un flujo de recursos que permita responder a las necesidades de gasto e inversión correspondientes al tamaño de la economía española y el mantenimiento de su Estado de bienestar", dice el documento del Ejecutivo.
El texto omite el control de alquileres pactado con Podemos en el pacto de Gobierno
Así, el Gobierno comunica a la Comisión Europea que es preciso abordar una reforma del sistema tributario que permita hacerlo más sólido y resiliente, más equitativo, progresivo y justo, más alineado con la realidad del siglo XXI.
Uno de los principales retos, esgrime el plan de resiliencia, es modernizar el sistema fiscal haciéndolo más eficiente en la lucha contra el fraude y la economía sumergida para evitar nuevas formas de evasión, incrementar la eficacia del control tributario, incentivar el cumplimiento voluntario por el contribuyente de sus obligaciones e incorporar reformas que se ajusten a las acciones adoptadas en el seno de la OCDE, el club de las grandes potencias mundiales. Se refiere con ello, a la implantación de las dos nuevas figuras fiscales aprobadas el año pasado, la de transacciones financieras y el impuesto sobre determinados servicios digitales (tasa Google).
Grupo de expertos
En tal sentido reitera el documento que se pondrá en marcha un grupo de expertos que brinde propuestas al Gobierno para el despliegue de la reforma fiscal a lo largo de los próximos años, en paralelo con la recuperación económica. De hecho, la fiscal no es una de las prioridades ante Bruselas, pues la vicepresidente segunda y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha expresado que, junto con la segunda parte de las pensiones, se abordará en 2022.
Más prisa parece haber con la reforma laboral, pues la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reiterado su voluntad de haber aprobado todos los cambios previstos a lo largo de este año.
En materia de pensiones, uno de los asuntos clave que examinará con lupa Bruselas, ante los riesgos sobre su sostenibilidad, el Plan insiste en la voluntad del Gobierno de elevar los años cotizados que se computarán para el cálculo de pensión, sin atisbar cifras, pero con el objetivo de que la pensión refleje en mayor medida la vida laboral del trabajador trabajador y "atienda a la realidad de un mercado laboral en el que las interrupciones y las lagunas son cada vez menos excepcionales".
Más cambios en pensiones
Por otra parte, el Ejecutivo reafirma su voluntad de elevar de forma gradual las bases máximas de cotización de forma correlativa a implantar modificaciones que eleven la cuantía de la pensión máxima para no subvertir la naturaleza contributiva del Sistema público de pensiones.
También apuesta el documento que debe revisar Bruselas por la cotización de los autónomos por ingresos reales, que recientemente el Gobierno ha demorado un año, hasta 2023.
Por otra parte, el plan nacional de reformas (PNR) -incluido dentro de la batería de medidas que España ofrece a Bruselas- omite el control de los alquileres que se pactó en el acuerdo de Gobierno a instancias de Podemos.
Salvo ese extremo, el documento enviado no aporta muchas novedades ninguna de las reformas y planteadas más allá de los esbozos conocidos hasta ahora. De hecho, frente al borrador, el plan, de 348 paginas es el mismo que el presentado el 13 de abril por el presidente del Gobierno más anexos, también carentes de muchos detalles. Habrá que esperar a conocer el documento de más de 2.000 folios que remitió este viernes a la Comisión Europea.
¿Qué contiene el documento?
Ejes de actuación
Está articulado en cuatro ejes, 30 componentes y 212 medidas: 110 inversiones y 102 reformas.
Destino del fondo
De forma general, el documento español prevé destinar un 39% de los fondos a la transición ecológica, un 29% a la transformación digital, un 10,5% a la educación y la formación y un 7% a la I+D+i.
Sectores
Entre los principales sectores objetivo están la movilidad sostenible, la renovación de edificios públicos y viviendas o la modernización de la administración pública.
Plazos
La intención del Gobierno de España es concentrar el despliegue de las inversiones del fondo europeo de recuperación en los primeros tres años del fondo y canalizar con ellas 70.000 millones de euros entre este año y 2023.
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