Madrid
El Gobierno está trabajando en una nueva batería de medidas que reduzca de algún modo la asfixia económica que viven a raíz de la pandemia miles de negocios, que a pesar de no estar operativos o con limitaciones de horarios, tienen que hacer frente al pago del alquiler de los locales que ocupan. Según han explicado fuentes de Moncloa a elEconomista, esta es ahora mismo una de las líneas prioritarias para el Ejecutivo, que a través de incentivos fiscales quiere promover que los arrendadores sean más benevolentes con sus inquilinos aplicando moratorias o aplazamientos de los pagos con reducciones del 50% en la renta aplicable.
Estas nuevas medidas se sumarían o serían una extensión de las que ya se aprobaron el pasado 22 de diciembre mediante un Real Decreto Ley con medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio en materia tributaria, bautizado como plan Horeca. Dentro de este plan de choque se estableció que los inquilinos de locales comerciales cuyo arrendador sea una empresa o entidad pública o un gran propietario- aquel que tenga más de 10 inmuebles urbanos o más de 1.500 metros cuadrados en alquiler- pudieran solicitar una reducción de las rentas o una moratoria en los pagos. Estas medidas son efectivas hasta septiembre de este año, ya que se extienden durante los cuatro meses posteriores a la finalización del estado de alarma, que termina el próximo 9 de mayo.
Sin embargo, en el caso de que el propietario del local sea una persona física, el Real Decreto establece un incentivo fiscal con el que se pretende que las partes acuerden voluntariamente rebajas en la renta arrendaticia correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2021, permitiendo computar como gasto deducible para el cálculo del rendimiento del capital inmobiliario la cuantía de la rebaja de la renta acordada durante tales meses. De este modo, tendría lógica que las medidas que está analizando el Gobierno vaya más dirigidas a esta vía, puesto que las ayudas en el caso de los caseros que no son grandes propietarios terminarían en apenas un mes.
Además, según explican Itxaso López y Bárbara Hernández-Mora, codirectoras del área de Real Estate de Dentons, la regulación actual "deja fuera a numerosos inquilinos que pese a pasar por dificultades, no lleguen a los límites establecidos por la normativa. Además, estas medidas de apoyo llegaron tarde, ya que muchos inquilinos han tenido que cerrar por no contar con ayudas directas y no haber llegado a acuerdos con los arrendadores quienes, a su vez, deben asumir obligaciones de pago regulares (impuestos, seguros, seguridad…). En cualquier caso, los arrendadores y los arrendatarios tienen que convivir con estas medidas que se imponen y dejan poco margen a la negociación si los requisitos previstos en la nueva normativa se cumplen".
En la práctica, según Jesús Conde, socio de Inmobiliario de Araoz & Rueda, "la mayor parte de los arrendadores y arrendatarios han recurrido a acuerdos de reducción o aplazamiento de renta, reducción del objeto del arrendamiento o incluso resoluciones anticipadas del arrendamiento para evitar situaciones concursales".
Asimismo, el experto señala que "la litigiosidad ha aumentado por la extensión del uso de la cláusula rebus sic stantibus como mecanismo para establecer suspensiones y reducciones de renta en supuestos de falta de acuerdo".
