El pacto entre el Gobierno y los agentes sociales para la reforma de las pensiones está ya descontado, a falta de la última reunión (en la que no se esperan novedades) del próximo lunes.
La existencia de este consenso sería una buena noticia, si no fuera por los muy altos peajes que el Ejecutivo pagó para lograrlo. Las pensiones volverán a vincularse al IPC sin que su revalorización se vea contenida considerando la evolución de los precios en varios ejercicios. Como resultado, la subida esperada para el próximo enero será la mayor en 10 años. También habrá concesiones en cuanto a la derogación del factor de sostenibilidad lo que no sólo seguirá impulsando el gasto. Es muy posible que esta reforma defraude a la UE y afecte a la futura entrega de las ayudas europeas.
