El acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales permite que ya pueda iniciarse la primera parte de la reforma del sistema público de pensiones. Sin duda, los esfuerzos y el buen trabajo del ministro Escrivá han hecho posible el pacto, de modo que echará así a andar un primer bloque de medidas que contribuyen a lo que los expertos llaman la "suficiencia" de estas prestaciones.
Especialmente destacable es el futuro cambio en el estado de las cuentas de la Seguridad Social. Éstas experimentarán un revulsivo, debido a la desaparición de su muy abultado déficit, prevista para 2023, una vez que se libere a esta Administración de los llamados gastos impropios. Conviene recordar, no obstante, que esas partidas (algunas tan cuantiosas como las prestaciones por paternidad o maternidad) no se volatilizan.
Muy al contrario pasarán a los Presupuestos del Estado y los ciudadanos las financiarán con sus impuestos. En paralelo, en lo que respecta a los gastos de la Seguridad Social, es decir, a su sostenibilidad misma, este primer apartado de la reforma deja aún flecos pendientes de abordar. De hecho, el Gobierno ya ha garantizado que uno de los principales mecanismos para racionalizar ese desembolso, el factor de sostenibilidad, se derogará este año sin haber entrado nunca en vigor.
Es cierto que su sustituto será el Índice de Equidad Intergeneracional, y que hay tiempo para debatirlo este año e incluirlo como enmienda en la primera parte de la reforma. Sin embargo, su negociación, incluso las características del Índice, están por definirse. Más allá del pago con impuestos y de la revalorización del IPC, la cuestión de la sostenibilidad del sistema de pensiones no debe postergarse más.
