La nueva reforma de las pensiones comenzará su andadura tras la última reunión de la semana próxima entre el Gobierno y los agentes sociales. Sin duda, debe celebrarse el consenso entre todas las partes, y los avances que la futura ley contendrá.
Entre ellos, destaca el desarrollo de la reiterada petición del Pacto de Toledo para liberar a la Seguridad Social del elevado volumen de gastos no contributivos que asume. Esa Administración se liberará así de su déficit en un año tan cercano como 2023. Con todo, la reforma combina ese tipo de mejoras con la recuperación de mecanismos que su antecesora de 2013 dio por superados, y cuyo regreso volverá a presionar al alza el gasto. Lo advierte la UE al señalar que la revinculación de las actualizaciones anuales de las pensiones al IPC incrementará ese desembolso no sólo en un momento como el actual, de alta inflación, sino también "a medio y largo plazo". Bruselas matiza que dicho efecto se puede frenar recurriendo a "medidas compensatorias", pero la futura reforma obvia varias de las más eficaces. Es el caso del cálculo que consideraba varios años, incluyendo los que fueron deflacionistas, para definir el IPC de referencia de las pensiones. Tampoco ayudará la derogación del factor de sostenibilidad antes de negociar las características del mecanismo que lo sustituirá.
La UE y los expertos muestran su preocupación ante el regreso de la indexación de estas prestaciones con el IPC
La preocupación por el regreso de la indexación de estas prestaciones a los precios no es exclusiva de la UE; también es manifiesta entre los expertos, como Fedea lo evidenció esta semana al prever una elevación del déficit público estructural entre 3 y 5 puntos por esta medida. La revalorización de las pensiones volverá, de este modo, a ser costosa.
