El plan del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para abordar la reforma de las pensiones gira sobre el asunto espinoso de la revalorización de las nóminas. El objetivo del Gobierno es fijar las nóminas de los jubilados al IPC, pero el ministro José Luis Escrivá busca una fórmula para que no haya subidas injustificadas cuando se produzca una caída anual de la inflación, para intentar frenar el gasto en momentos de crisis. Aunque no ha detallado la propuesta, el planteamiento pasaría por congelar las pensiones cuando el IPC es negativo y se vaya compensando con las subidas de los siguientes años.
Escrivá lleva semanas dando explicaciones por dónde irá la reforma de las pensiones, que se ha convertido en la clave para acceder a los fondos europeos, pero sin terminar de concretar medidas, a falta de entrar en negociaciones con los agentes sociales. Uno de los ejes principales será la revalorización de las pensiones con la premisa de que quede garantizado el poder adquisitivo de las nóminas de las personas jubiladas, pero sin que se produzcan alzas injustificadas, como ha sucedido en 2020.
El pasado año la revalorización de las pensiones fue de un 0,9% mientras el IPC cerró una caída del 0,3%. La consecuencia fue las pensiones lograron el mayor poder adquisitivo en más de una década al crecer un 1,2%. Y justo se ha producido en plena crisis y con las cuentas de la Seguridad Social tiritando. Escrivá está intentando que se apruebe una fórmula que ponga freno a alzas injustificadas, pero a la vez que se garantice el poder adquisitivo de las pensiones, sin que sufran recortes.
"Cuando el IPC baje se garantizará que no se pierda poder adquisitivo", ha explicado el ministro este miércoles durante una entrevista en Cope. Sin embargo, si el índice sube, las pensiones serán sometidas a una regularización en los años posteriores para que se preserve lo acordado: "mantener el poder adquisitivo". La clave va a ser el período escogido para realizar el cómputo, algo en lo que Escrivá todavía no se ha mojado. Tal como adelantó elEconomista, la Seguridad Social ha propuesto a los agentes sociales tomar referencia el IPC medio de cinco o tres años. Por los menos hoy, ha descartado que en años puntuales vaya a sufrir "recortes puntuales", cuando haya IPC negativos.
De esta forma, si la inflación esperada es del 2% y las pensiones suben el 2%, el poder adquisitivo queda asegurado. Si el IPC previsto es del 1% pero termina el año en el 0%, las pensiones ganarían un punto de poder adquisitivo. Lo que haría la nueva fórmula en ese último caso, según Escrivá, es que en los años siguientes se regularizaría la subida de la pensión para que siempre mantenga el poder adquisitivo, pero no recortándola.
Este ajuste "no es una forma de congelar" las pensiones, ha insistido el ministro, pero Escrivá quiere que se apruebe un mecanismo que ayude a controlar el gasto, pero mejorando el llamado Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que condenaba a las pensiones a subir sólo un 0,25% cada año, aunque el IPC subiera por encima. Según ha explicado Escrivá, con el IRP, si la inflación prevista es del 2%, que es el objetivo que suele marcar el Banco Central Europeo (BCE), los pensionistas perderían hasta un 30% de su poder adquisitivo en los próximos años.
El IPR, que introdujo el Gobierno del PP en la anterior reforma de pensiones, ha sido tumbado por el actual Ejecutivo y sustituido provisionalmente por un decreto que ha vinculado la revalorización de las pensiones al IPC.
Objetivo, desincentivar la jubilación anticipada
Sobre la edad de jubilación, el ministro ha incidido en que el sistema hacia el que se transita -los 67 años, actualmente está en 66- "debe dar cierta tranquilidad". Así, ha detallado que el gasto en pensiones está en torno al 12% del PIB pero ha indicado que habrá que gestionarlo ante la jubilación de los baby boomers (en torno a 2025) que absorberá en torno a un 3% más del PIB, hasta el 15%: "Para garantizar las pensiones, hay que conseguir que la gente trabaje más", ha subrayado este miércoles.
En este sentido, Escrivá ha asegurado que "el poder adquisitivo va a estar garantizado hacia adelante pero a la vez hay que hacer un esfuerzo para que la edad de jubilación hacia la que se transita sea efectiva y no solo legal". Este punto lo buscará el Ministerio desincentivando la jubilación anticipada y dando incentivos a la demorada. "La edad legal es un derecho, no una obligación", ha abundado, para criticar los convenios colectivos que prohíben atrasar la edad de jubilación.
"No sabemos si aumentar el cálculo va a suponer el recorte de pensiones, esta idea es falsa"
En cuanto al cálculo de cotización, Escrivá ha señalado que el Pacto de Toledo recomienda cálculos conjuntos, es decir, que el sistema sea lo más contributivo posible (buscar proporción entre lo que se cotiza y lo que se recibe) pero teniendo en cuenta la volatilidad de quienes tienen como peores sus últimos años de cotización.
"Estamos empezando los cálculos, estamos viendo carreras laborales y patrones de personas". Entre los planteamientos que hay sobre la mesa, la ampliación del periodo de cómputo (más de 25 años cotizados) o la posibilidad de elegir los mejores años cotizados.. En este punto, Escrivá ha reconocido que aún "no sabemos si aumentar el cálculo va a suponer el recorte de pensiones, esta idea es falsa", ha insistido para defender que su propuesta enviada a Bruselas con el cuaderno de trabajo en esta materia se ha sacado de contexto.
Escrivá también ha definido que la fortaleza del sistema de pensiones en España frente a los de países vecinos: "Conviene recordar que hay cosas que nosotros hemos hecho que otros están por hacer. En Francia, por ejemplo, hay 42 regímenes privilegiados de pensiones muy difíciles de desmontar. Nosotros no los tenemos, los hemos estado desmontando desde los 80".
