Madrid. 
Lo que parecía un claro salvoconducto para el Gobierno que garantizaba el acceso a los fondos europeos para la reconstrucción económica se confirma: la reforma de pensiones es condición de Bruselas para la recepción de esta financiación para aplacar los efectos de la crisis económica provocada por la pandemia. Así lo reconoció el propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante su comparecencia este miércoles en la Comisión del Pacto de Toledo, donde aseguró que este acuerdo alcanzado con los agentes sociales da respuesta a 12 de las 22 recomendaciones que los partidos elevaron al Ejecutivo tras el acuerdo en el pasado mes de octubre.
"El plan de recuperación debe dar respuesta a las recomendaciones específicas de país de la Comisión Europea", asegura el ministro Escrivá admitiendo que en el caso de España, estas peticiones se centran desde hace años en la reforma del sistema público de pensiones. Así, reconoce que desde 2017 el Consejo Europeo viene preguntando a España sobre el revertimiento de las medidas aplicadas tras la reforma del PP de 2013, y el escenario financiero previsto de la Seguridad Social en el medio plazo. "La situación generó incertidumbre entre nuestros socios europeos", asegura Escrivá confirmando que las medidas aprobadas en el anteproyecto de ley también acordado con la Comisión.
En este sentido, recuerda Escrivá que la falta de consenso social de la reforma de 2013 del PP y que provocó que el propio partido del entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy dejó en suspenso, había generado preocupación en Bruselas ya que las medidas aplicadas "validaban el mensaje catastrófica sobre la situación financiera de la Seguridad Social" y asegura que "ayudará a recuperar la credibilidad perdida por nuestro país en Europa" en los años anteriores. "Supuso un coste de credibilidad de España frente a las instituciones europeas. Pero ya la estamos recuperando", afirmaba el ministro Escrivá recordando que el de la semana pasada es el primer acuerdo sobre la materia de pensiones en España después de 10 años.
Intervención de Hacienda en gastos impropios
El ministro Escrivá, en el plano de la explicación de medidas, señala sobre la separación de fuentes de financiación que el acuerdo para la primera parte de la reforma del sistema público de pensiones contempla que todo aumento de gasto en las cuentas de la Seguridad Social ajeno a las pensiones deba contar con el visto bueno del Ministerio de Hacienda.
Durante su comparecencia ante la Comisión para la evaluación y el seguimiento de los acuerdos del Pacto de Toledo en el Congreso, Escrivá defendió que estas políticas, que han venido sufragándose por la Seguridad Social a través de cotizaciones, deban requerir el acuerdo del Ministerio de Hacienda. Precisamente, el traspaso de todo este tipo de medidas a las cuentas de los Presupuestos Generales del Estado es una de las medidas centrales de la reforma, y que en las cuentas de este año ya suponen una transferencia de unos 14.000 millones de euros a la Seguridad Social.
Escrivá celebra así haber cubierto el 80% del déficit registrado por el sistema antes de la pandemia -unos 18.000 millones de euros-, un desfase que el Ejecutivo contempla "cerrar" hasta 2023. Sin embargo, los cálculos que maneja el Pacto de Toledo y que el Gobierno, ha dicho Escrivá, ha "afinado" en su negociación con los sindicatos y las patronales, pasan por un nivel de gastos impropios en el entorno de los 22.000 millones de euros.
El titular de Seguridad Social reivindicó este traspaso con el fin de contar con una "imagen fiel" de la salud financiera del sistema público de pensiones y comprobar así, ha dicho, que España presenta un menor gasto en pensiones que el resto de países europeos de modelos de reparto, un "punto de partida sólido" para abordar la entrada en el sistema de las generaciones más numerosas, los llamado baby boomers. En este sentido, Escrivá también ha querido incidir que este reto es de naturaleza temporal, entre los años 2025 y 2050, que a partir de 2040 se inicia un descenso en las previsiones de gasto y que a partir de 2050 se alcanzan niveles de gasto similares a los que registra el sistema en estos momentos.
