Vivienda

PSOE y Podemos acuerdan regular el alquiler frenando las subidas de precio en zonas tensionadas

  • UP: el PSOE ha aceptado "por primera vez" un sistema de regulación
  • Según el PSOE, la nueva ley buscará "controlar las subidas abusivas"
  • Ábalos apuesta por limitar las subidas de precio "congelando" esos alquileres
José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Foto de Efe

PSOE y Unidas Podemos han alcanzado un acuerdo para desplegar, en el marco de la nueva Ley de Vivienda estatal, un sistema de regulación pública de los precios del alquiler para frenar las subidas abusivas de los mismos.

Fuentes de Unidas Podemos han adelantado el acuerdo y han subrayado en declaraciones a Europa Press que el PSOE ha aceptado "por primera vez" desde que empezaron las negociaciones aplicar dicha regulación del alquiler y ha cedido a su propuesta, frente al modelo de incentivos fiscales que proponían los socialistas.

Por su parte, desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana han indicado que precisamente su propuesta se sustenta en la "congelación" de contratos en zonas tensionadas y recalcan que no hay "limitación".

Esta mañana, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, aseguraba en el Congreso de los Diputados que la nueva Ley de Vivienda buscará "controlar las subidas abusivas en los precios del alquiler", y que a partir de la declaración de zonas tensionadas se limitarán los incrementos de precio "tratando de congelar esos alquileres".

Ábalos defendía así estas controvertidas medidas que han sido puestas en duda tanto por el Banco de España como por la OCDE en estudios económicos recientes. El control sobre los alquileres suele tener un impacto negativo sobre la oferta de los mismos y termina perjudicando al inquilino, según rezaba un informe de la OCDE publicado este lunes.

Ábalos abogaba durante la sesión de control por impone un "control a las subidas abusivas de los precios de alquiler, declarando zonas tensionadas y limitando su incremento, tratando de congelar esos alquileres", sin disuadir a la oferta privada e incrementando la pública.

Todo ello, sin "disuadir" a la oferta y a partir de medidas que en estos momentos estudia el Ministerio de Transportes, entre las que también se encuentran el alargamiento de contratos e incentivos fiscales, explicó  Ábalos.

En una pregunta dirigida por el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, sobre qué opinión le merece la limitación de precios en el alquiler, Ábalos aseguró que el Gobierno tratará de "controlar las subidas abusivas" pero eminentemente atender a la "oferta", puesto que "este país, a diferencia de otros, es básicamente de pequeños propietarios", por lo que apuesta por aumentar el parque público, que es "lamentable" en comparación con otros países.

En todo caso, el ministro reconocía que con todas estas medidas el Gobierno espera "contribuir, que no solucionar, el problema estructural que tiene este país en materia de vivienda".

El acuerdo total se hará de rogar

Sin embargo, el acuerdo parece estar todavía verde a tenor de las interpretaciones de lo que unos consideran que aceptan los otros y de lo que queda por hacer.

Desde el Ministerio de Ábalos han indicado que el planteamiento que está sobre la mesa es su propuesta y entienden que la formación morada acepta, aunque aún no tiene constancia, el modelo de incentivos a propietarios que bajen precios, que incluía el borrador del texto, más el complemento del sistema de congelación de rentas en zonas de mercado tensionadas.

Por su parte, fuentes del espacio confederal han especificado que la regulación que propone el departamento de Ábalos "no permitiría bajadas de los precios del alquiler", tal y como recoge el acuerdo presupuestario entre ambas formaciones, "ni daría cobertura" a la ley catalana de vivienda, la primera en regular los precios del alquiler en España, y que está logrando importantes resultados en Barcelona y otros municipios.

Así, los equipos negociadores continúan trabajando "intensamente" para lograr un acuerdo, puesto que los "más de cuatro meses de retraso son ya injustificables ante la emergencia habitacional que vive el país", ahondan desde Unidas Podemos.

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