La recaudación de impuestos en los primeros cinco meses del año da un respiro a las arcas autonómicas valencianas y apuntan a un repunte de la economía tras su frenazo por la pandemia. Hasta mayo, los derechos reconocidos en tributos propios y cedidos alcanzan los 672,1 millones, lo que supone que el incremento del 40,96% respecto al mismo periodo de un 2020 marcado por el Covid.
El presidente valenciano insta a los grandes empresarios valencianos que forman parte de la asociación sumarse a su batalla fiscal frente a Madrid, como con el Corredor Mediterráneo y la reforma de la financiación autonómica.
Un tercio de las economías europeas ha creado un tipo reducido mínimo especial en el Impuesto sobre Sociedades para reducir la carga sobre las pequeñas y medianas empresas (pymes). Ocho Estados europeos cuentan con estas tasas especiales. En concreto, Bélgica, Francia, Lituania, Luxemburgo, los Países Bajos, Polonia, Portugal y Eslovaquia han implementado el tipo reducido en Sociedades para estas empresas. España no contempla esta medida, pese a tener una de las economías más dependientes de las pymes.
La Comisión Europea ha iniciado un proceso de reforma de las reglas fiscales con el objetivo de mejorar su funcionamiento, un debate que ahora da sus primeros pasos y en el que todo apunta a que el déficit público perderá su actual protagonismo. Son muchos los expertos en España que defienden la supresión del tope del 3% del déficit en favor de alternativas más acordes a la realidad del país.
Un problema global necesita soluciones globales. Que las empresas que más dinero ganan en el mundo sean las que menos porcentaje pagan de impuestos sobre sus beneficios es algo que pasa en todas partes, desgraciadamente, aunque en unos sitios más que en otros. Por eso que el G-7 haya llegado a un principio de acuerdo para que las multinacionales paguen una tasa global mínima del 15% es una buena noticia. Sin embargo, hay varios aspectos que distan de estar claros.
El acuerdo que han alcanzado las 7 principales economías occidentales el pasado fin de semana, abre un camino hasta ahora inexplorado de grandes acuerdos internacionales en materia de armonización de impuestos. Hasta la fecha, los acuerdos eran fundamentalmente bilaterales y se ceñían a cuestiones de cumplimiento fiscal como evitar la doble imposición o el intercambio automático de datos fiscales entre países y jurisdicciones. A partir de este momento, se abre la puerta a establecer reglas transnacionales en materia de bases imponibles y tipos impositivos, si bien la coyuntura geopolítica no es la más favorable para ello.
La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, junto a sus homólogos de Alemania, Francia e Italia, representando a las cuatro mayores economías de la zona euro, han firmado una carta en la que, horas antes del comienzo de la cumbre de ministros de Finanzas del G7, fijan su posición en favor de un nuevo sistema fiscal internacional más adecuado para el siglo XXI, incluyendo un impuesto mínimo de sociedades universal.
Está previsto que cuando cuando el ministro de finanzas inglés, Rishi Sunak, reciba hoy a sus homólogos del G7 en Londres, los responsables económicos de las siete principales potencias occidentales se reúnan en Lancaster House con la intención de aupar el mayor golpe contra los abusos fiscales de las multinacionales en un siglo.
Tal y como se esperaba desde el pasado marzo, la Comisión Europea confirmará hoy que mantendrá el Pacto de Estabilidad y Crecimiento suspendido también el próximo año. Es decir, la Comisión mantendrá la cláusula de escape del Pacto en 2022, activada por primera vez en marzo de 2020, por lo que los Estados miembros no tendrán que cumplir con las reglas fiscales para reducir sus niveles de déficit por debajo del 3% del PIB y la deuda pública hasta el 60% del PIB.
Los ministros de Economía y Finanzas del Grupo de los Siete (G7) han reducido sus diferencias sobre la necesidad de imponer un impuesto de sociedades a nivel global pero es poco probable que debatan cifras concretas sobre los tipos impositivos mínimos en su reunión de este viernes, según adelantó el ministro de Finanzas nipón, Taro Aso.
A mediados de la década de 1980 solo siete países tenían reglamentos de política fiscal. En 2015, según el último recuento del Fondo Monetario Internacional, eran 96. La mayoría contaba con disposiciones que limitaban la deuda pública, los déficit presupuestarios o ambas cosas, y había algunos con normas adicionales para el gasto público.
Las políticas económicas y los estímulos fiscales de cada gobierno aceleran o ralentizan una recuperación que, con estos largos días de mayo y el respetable pisando la calle, se presiente. La vacunación imprime confianza. Con ansias de salir y normalizarnos, la restauración va recobrando su pulso, el comercio revive, la movilidad ya no está tan restringida. Si bien cabe mantener todas las precauciones habidas y por haber, por más que algunos ya estemos vacunados con las dos dosis, enderezamos al menos un caminar más optimista. Pero, insisto, han sido y son las políticas económicas y los estímulos fiscales las que han insuflado auxilio a diversos sectores de actividad golpeados por la rigurosidad de las restricciones proporcionando airbag a empresas y al empleo. En España por desgracia poco airbag tenemos.
El Gobierno incluyó el martes finalmente un fuerte castigo a las Sociedades de Inversión de Capital Variable (Sicav) en el texto de la ley contra el fraude fiscal. El Congreso de los Diputados aprobó las enmiendas introducidas por el Grupo Socialista, que endurecen los requisitos para conformar estos vehículos de inversión con el pretexto de que son usados por los grandes patrimonios para defraudar a la Agencia Tributaria.
La Comisión Europea ha recomendado, en la línea de lo que aconsejó el año pasado la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), que las empresas puedan trasladar a ejercicios anteriores las pérdidas provocadas por la crisis del coronavirus Covid-19. En Concreto, Bruselas insta en su Recomendación 2021/801, de 18 de mayo de 2021, a los Estados miembros de la Unión Europea a establecer un enfoque coordinado para el tratamiento de las pérdidas sufridas por las empresas en los ejercicios 2020 y 2021.
El Grupo de las Siete principales economías avanzadas del planeta (G7) está cerca de lograr un acuerdo sobre la aplicación de un impuesto mínimo global a las multinacionales, según adelantó el Financial Times. La cabecera indicó que un potencial compromiso podría alcanzarse tan pronto como este mismo viernes dados los múltiples avances registrados en las últimas semanas.
La imputación de rentas en el régimen de transparencia fiscal internacional se regula como un régimen de carácter especial.
Europa encara una factura descomunal tras la salida del largo túnel del covid-19. La deuda superará el 100% del PIB este año. Para financiarla, los Gobiernos necesitan mejorar sus regímenes tributarios, más aún porque hasta 166.000 millones de euros se pierden cada año debido al fraude y la evasión fiscal de individuos y multinacionales.
Pasado el 4M y enviado el Plan de Recuperación y Resiliencia a la Unión Europea, el presidente del Gobierno retoma en un acto la intención del Ejecutivo de aplicar una subida fiscal en diferentes impuestos, incluidos los que están cedidos a las Comunidades Autónomas.
La reforma fiscal llegará "cuando haya recuperación económica". Se trata del discurso oficial del Gobierno y así lo ha reproducido este lunes la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que, a pesar de la poca precisión marcando fechas, no ha descartado que antes de 2023 se se apliquen "pequeños ajustes".
Anda el respetable con la fatiga pandémica a cuestas y solo nos falta, de remate, que desde el Gobierno nos inoculen angustia vital. El cansancio psicológico de la población, de trabajadores, profesionales, autónomos, empresarios, pensionistas, amas de casa, chavales, adultos, mayores, vamos, de todos nosotros está en situación extrema. El desánimo cunde entre la población. Al presente grisáceo se suman los amenazantes nubarrones de una recuperación económica que se otea a largo plazo. Tengamos en cuenta que el PIB de España en 2020 está casi a la altura del PIB de 2016, pero también muy cerca del volumen de PIB del funesto año 2008. Así que en el mejor de los casos nos quedan tres o cuatro años por delante para que nuestra economía vuelva a los niveles del año pre-pandemia, 2019. Perspectivas realistas indican que hasta 2025 la economía española no retomará su velocidad de crucero. Si hasta ahora la embestida de la crisis económica causada por las medidas adoptadas para intentar paliar la pandemia ha sido tremenda, el camino que tenemos por delante está repleto de espinos que causarán todavía más cicatrices económicas. Todos andamos aturdidos por los golpetazos que soportamos y profundamente preocupados por el horizonte que se divisa.
Un atentado contra la recuperación. Así definía Pablo Casado el “atraco” fiscal con que el Gobierno amenaza a los españoles y que ha enviado a Bruselas dentro del Plan de Recuperación. Un Pablo Casado que tras el arrollador triunfo de Isabel Díaz Ayuso en Madrid aparece demasiado optimista respecto al cambio de ciclo en la política española, pero que acierta plenamente en esta apreciación sobre las subidas de impuestos del sanchismo que afectan directamente al bolsillo de las clases medias y trabajadoras y son un atentado en toda regla contra la salida de la crisis, el crecimiento de la economía y la creación de empleo.
La rapidez con la que el Gobierno tuvo que renegar, en vísperas del 4-M, de la eliminación de la deducciones para las declaraciones conjuntas de IRPF desmonta su argumento predilecto a la hora de justificar las alzas fiscales.
Ayer, hasta mediodía, el IBEX35 había subido el 1,5%. Con rigor no se puede sacar una relación entre esa subida y el resultado electoral de Madrid, porque la mayoría de los índices bursátiles europeos iban en la misma dirección. Pero se puede afirmar que, al menos, las elecciones autonómicas madrileñas no han ido en contra.
Un matrimonio de jubilados perderá 86,2 euros al mes de su pensión si prospera la propuesta del Gobierno para eliminar la tributación conjunta en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IPRF). La medida impactaría de lleno en los pensionistas. En un ejemplo para una pareja de jubilados con una pensión de 18.000 euros, la desaparición de la declaración conjunta cuesta 1.034,5 euros al año.
Los madrileños han dirimido en las urnas entre dos modelos fiscales antagónicos, en liza subir o bajar la tributación de los contribuyentes de la comunidad pivotando en dos bloques políticos. Por la derecha, el PP de Isabel Ayuso, Vox de Rocío Monasterio y Ciudadanos de Edmundo Val y por la izquierda el PSOE de Ángel Gabilondo, Más Madrid con Mónica García y Unidas Podemos de Pablo Iglesias.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, compareció este viernes ante la prensa para comunicar que el Gobierno remitiría a Bruselas antes de que terminase el día el Programa de Estabilidad. Pero sobre todo, lo hizo para desvelar que las Administraciones Públicas españolas cerrarán el año con un déficit del 8,4%, lo que supone siete décimas más de lo previsto en los Presupuestos Generales del Estado (7,7%).
El documento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado este viernes a la UE recoge la necesidad de subir impuestos a diferencia de la estrategia establecida por otros países comunitarios. Así, repitiendo las tesis del proyecto del plan presentado por Pedro Sánchez el pasado 13 abril, Moncloa se apoya en las exigencias de la Comisión Europea para aumentar la recaudación fiscal. Además, el texto reconoce la falta de margen para ajustar el gasto.
Los rendimientos, en dinero o en especie, que proceden de operaciones de capitalización y de contratos de seguro de vida o invalidez generan rendimientos del capital mobiliario que tributan por el Impuesto sobre la Renta. Para que sea así, contratante y beneficiario deben ser la misma persona, salvo en el en los seguros de invalidez cuyo beneficiario es el acreedor hipotecario en el que las rentas tienen el mismo tratamiento fiscal que hubiera correspondido de ser el beneficiario el propio contribuyente.
Cuando le preguntas cuántas horas duerme durante estos días para poder compatibilizar su actividad como Ministra de Industria, Comercio y Turismo y su nominación como vicepresidenta de la Comunidad de Madrid-si su partido consigue gobernar el 4M- sonríe, hace un gesto de negación con la cabeza y reconoce que apenas descansa unas horas "porque a cada problema que hay encima de la mesa quiero buscarle soluciones".
A escasos días del cierre de campaña de las elecciones en la Comunidad de Madrid, elEconomista aborda el IRPF del contribuyente madrileño, aspecto que se ha convertido en la cara y la cruz de dos programas contrapuestos, Partido Popular y Unidos Podemos, dado que el resto de formaciones no hace especial hincapié en este aspecto.
