Madrid
Los madrileños han dirimido en las urnas entre dos modelos fiscales antagónicos, en liza subir o bajar la tributación de los contribuyentes de la comunidad pivotando en dos bloques políticos. Por la derecha, el PP de Isabel Ayuso, Vox de Rocío Monasterio y Ciudadanos de Edmundo Val y por la izquierda el PSOE de Ángel Gabilondo, Más Madrid con Mónica García y Unidas Podemos de Pablo Iglesias.
Como ha venido contando elEconomista estos días de campaña, la distancia entre las dos formas de entender la política tributaria oscila de la bajada de medio punto en el IRPF del PP -unido a su paquete de deducciones que acaba rebajando también este impuesto-, a la subida generalizada de impuestos que promueve Más País y Unidas Podemos, gravando IRPF, suprimiendo bonificaciones, armonizando figuras fiscales como Sucesiones y Donaciones, amén de Patrimonio con una cuota estatal, e ideando tributos para pagar por el uso de plásticos, el juego, el turismo o las bebidas azucaradas.
Para el Partido Popular, la economía y la política fiscal han centrado la campaña de Isabel Díaz Ayuso con la bajada de medio punto en todos los tramos de la Renta como punto fuerte. No obstante, fue ya en las anteriores elecciones una de las promesas, que el Gobierno de coalición PP-Cs no ha desarrollado.
En el capítulo de deducciones fiscales, el Partido Popular ha prometido ayudas para jóvenes, familias, vivienda, alquiler, y una concreta a las empresas. Su compromiso ha sido incrementar del 30% al 40% la deducción en el IRPF por la adquisición de acciones y participaciones de entidades de nueva creación que creen empleo indefinido, elevando el importe máximo a deducir de 6.000 a 9.000 euros anuales.
El PSOE, al menos sobre el papel, se muestra algo más distante que Más Madrid y los morados. Ángel Gabilondo afirmó desde el principio su intención de no tocar la actual política fiscal de Comunidad de Madrid, tras 16 años de rebajas fiscales. Se apartó así de lo que apenas unos días antes corroborara el Gobierno Central: la armonización de los impuestos cedidos a las CCAA con el fin de aplicar una cuota mínima en todo el país.
Pero Gabilondo se ha esforzado durante la campaña en garantizar que no tocará los impuestos, al menos en los dos años que restan de Legislatura. Aunque esta promesa pareció caer en saco roto después de que en el debate en Telemadrid, el socialista abriera las puertas a un pacto con Unidad Podemos. Una declaración que supuso desmentirse a sí mismo cuando previamente señaló que no quería gobernar con el líder de los morados.
En el PP incidieron en que la promesa de no subir impuestos del exministro de José Luis Rodríguez Zapatero era falsa, pues el 12 de febrero de 2021, en la Asamblea de Madrid registró 17 enmiendas en contra de las deducciones fiscales del Ejecutivo de Díaz Ayuso, entonces cogobernando con Ciudadanos. La medida del PSOE suponía 1.300 millones de subida impositiva.
Cs ha propuesto premios fiscales a aquellos que desvelen a defraudadores
Gabilondo suscribió en su programa la siguiente determinación: "nos comprometemos, dada la duración de la legislatura y la excepcionalidad de la situación a no tocar la fiscalidad". Los socialistas han volcado su política económica en el uso en la región de los fondos comunitarios del plan de Recuperación y Resiliencia, sobre cuyos fondos despliegan 300 medidas, con el deseo de generar 125.000 puestos de trabajo en dos años.
Plan de rescate a pymes
Ciudadanos reafirmó durante la campaña su interés por defender una política de impuestos bajos y a no subir ninguno. En su programa, la estrella era un Plan de Rescate para pymes, autónomos y trabajadores de 1.000 millones de euros; el mismo programa que estaba acordando con el PP cuando compartía Gobierno, pero que el adelanto electoral dejó en el tintero. Los naranjas también han propuesto premiar con recompensas tributarias a quienes luchen contra la economía sumergida demostrando facturas por obras o contratación de empleados domésticos.
Más Madrid, la marca autonómica del partido de Íñigo Errejón, ha competido en estas elecciones con un programa detallado en materia fiscal, destacando la eliminación de la actual bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, comenzando con una rebaja de esa bonificación al 60% a partir de un millón de euros. Los de Mónica García quieren cobrar impuestos de nuevo cuño como el de las Bebidas azucaradas, y ayudar con el 75% de la facturación a empresas y comercios afectados por el covid.
Rocío Monasterio, en nombre de Vox, defendió días atrás una bajada radical de todos los impuestos, se comprometió a eliminar el número de diputados en la Asamblea, a suprimir subvenciones y a reducir el número de consejeros del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Además, el supuesto socio del PP ha prometido reducir en medio punto la parte autonómica del IRPF en todos los tramos.
Finalmente, el número uno de la candidatura de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha defendido su reforma fiscal progresiva, consistente en subir los impuestos a las rentas más altas con el objetivo de eliminar el paraíso fiscal en que, para él, se ha convertido la región. En sustancia, la misma exigencia que ERC le presentó al Gobierno de Sánchez a cambio de aprobar los Presupuestos del Estado de 2021.
Patrimonio y el 'dumping social'
El Impuesto de Patrimonio genera una las polémicas fiscales más agrias. Madrid es la única del régimen común que bonifica este impuesto al 100% y no recauda nada. Igual que Madrid, pero dentro del régimen foral, están Álava, Guipúzcoa y Navarra. En el lado opuesto, donde más pagan los contribuyentes obligados de tributar por Patrimonio es en Aragón, Extremadura y Cataluña.
Hasta hace unos años, la competencia fiscal entre CCAA no era tema de discusión. Pero hace unos años se ha venido acusando a Madrid de "dumping fiscal", es decir, de una cierta deslealtad fiscal respecto a otras comunidades.
