Opinión

Atentado contra la recuperación

La ministra de Hacienda María Jesús Montero

Un atentado contra la recuperación. Así definía Pablo Casado el "atraco" fiscal con que el Gobierno amenaza a los españoles y que ha enviado a Bruselas dentro del Plan de Recuperación. Un Pablo Casado que tras el arrollador triunfo de Isabel Díaz Ayuso en Madrid aparece demasiado optimista respecto al cambio de ciclo en la política española, pero que acierta plenamente en esta apreciación sobre las subidas de impuestos del sanchismo que afectan directamente al bolsillo de las clases medias y trabajadoras y son un atentado en toda regla contra la salida de la crisis, el crecimiento de la economía y la creación de empleo.

Un hachazo fiscal, contrario a lo que han hecho el resto de los países europeos y a las recomendaciones de Bruselas, que, además de las tasas Tobin a las transacciones financieras, y Google a las tecnológicas, elevará la imposición a los plásticos, al sector aéreo, los refrescos y, sobre todo, al automóvil en forma de subidas al impuesto de matriculación de vehículos contaminantes, el diésel o los peajes en las autovías. Y ello con el ulterior impacto sobre el alza de los precios de la alimentación, la electricidad y los combustibles, el transporte colectivo y de mercancías y, en general, de todos los servicios, que repercutirá directamente en la pérdida de poder adquisitivo y un mayor empobrecimiento de las familias, especialmente de aquellas más desfavorecidas con la consiguiente caída del consumo.

Que esta es una de las grandes mentiras del Gobierno, porque las subidas de impuestos no perjudican a los ricos, como dicen, sino a los trabajadores y a las clases más humildes. ¿Cree acaso el gobierno que a los ricos les afecta una subida del pan, leche o de los alimentos esenciales? ¿Van a dejar de viajar los ricos en avión si suben de precios del billete? O, ¿cree acaso el gobierno que quienes no cambian su vehículo diésel por uno eléctrico con precios prohibitivos es por gusto? Y esto en un país con más de cinco millones de parados y cuando los datos de Axesor elevan en un 58,33 por ciento el incremento de las insolvencias empresariales en el primer cuatrimestre de este año hasta alcanzar los 2.074 procedimientos.

Y miente también, una vez más, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero cuando justifica la subida impositiva por la menor presión fiscal de España en relación a la media de la UE. Porque, como ya se explicó desde estas líneas, una cosa es la presión fiscal, o la relación entre el Producto Interior Bruto (PIB) de un país y los ingresos tributarios totales, y otra muy distinta el esfuerzo fiscal, es decir la relación entre impuestos y capacidad impositiva. Dicho en román paladino, el esfuerzo fiscal es el sacrificio que hacemos cada uno de los ciudadanos que pagamos impuestos en relación con nuestra renta, y los datos de la Comisión Europea muestran que los españoles estamos entre los ciudadanos que hacemos un mayor esfuerzo fiscal de todos los estados miembros, sólo por detrás de Portugal, Italia, Grecia y Francia y muy por encima de países como Alemania o Dinamarca con estados de bienestar plenamente consolidados.

Si es verdad que pese a esta política tributaria esquilmatoria la recaudación fiscal en España es inferior a la media de la UE, pero esto es consecuencia de que aquí tenemos más paro, sueldos más bajos y, además, una economía sumergida que se estima en el 25 por ciento del PIB, duplicando la de Europa, por falta de medios de control.

Eso sí, mientras Sánchez y su equipo de gobierno exigen sacrificios a los españoles, ellos son incapaces de aprestarse el cinturón y reducir el gasto de una administración elefantiásica, con 22 ministros, vicepresidencias incluidas, cuyas nóminas nos cuestan 1,7 millones de euros anules, 418.000 euros más que en el último gobierno de Mariano Rajoy. A ello hay que añadir los 385.000 euros más que nos cuestan los secretarios de Estado (sin contar los complementos) y los sueldos de los 1.212 asesores y "enchufados" contratados a dedo, como la niñera de la ministra de Igualdad, 352 más que los 860 nombrados por el Partido Popular. Esta es su política social.

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Pepe Cristiano
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No podían haber encontrado a alguien aún más paleta que esta indocumentada semianalfabeta que no sabe ni hablar?

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