La rapidez con la que el Gobierno tuvo que renegar, en vísperas del 4-M, de la eliminación de la deducciones para las declaraciones conjuntas de IRPF desmonta su argumento predilecto a la hora de justificar las alzas fiscales.
Desde 2020, el Ejecutivo ha alegado que eran medidas "quirúrgicas", con efectos limitados en sectores y grupos de contribuyentes minoritarios, incluso privilegiados. Este razonamiento era indefendible en el caso de un cambio en el IRPF que impactaba de lleno en matrimonios de jubilados con ingresos medios de 18.000 euros al año. Pero ni siquiera se sostiene en el caso de tributos a priori más técnicos como las tasas Google y Tobin. La primera de ellas no la pagan en España las tecnológicas sino los pymes y autónomos que contratan servicios con esas multinacionales. Por su parte, la tasa Tobin no grava a una élite financiera sino a más de tres millones de ahorradores e inversores en bolsa. El alcance será todavía mayor en el caso de las subidas de impuestos que ya ultima el Gobierno. Miles de empresas pueden verse abocadas a pagar unas cotizaciones mayores, al mismo tiempo que abonan peajes por el uso de toda la red viaria y afrontan una mayor tributación del diésel. Por su parte, las familias sumarán a lo anterior, entre otros castigos fiscales, un mayor IVA en los productos azucarados o un IRPF más alto, ahora que se someterá a revisión su repertorio de deducciones.
El argumento del Gobierno, acerca de que sus subidas de impuestos sólo afectan a una minoría, ha quedado desmontado
Es un mito que todas estas medidas sólo incumban a unos pocos; son las clases medias y bajas las que las soportan. En concreto, aquellos contribuyentes que, al contrario de lo que defiende otro falso tópico (el de la baja presión fiscal española) ya sufren uno de los mayores esfuerzos tributarios, en relación a su renta, de toda Europa.
