Amazon cargará desde abril a todas las empresas que venden sus productos en España, entre ellas más de 9.000 pymes españolas, la 'tasa Google', el impuesto que gravará a las grandes tecnológicas con un 3% de sus ingresos obtenidos por sus servicios digitales en el país.
El gigante del comercio electrónico ha informado de este cargo en las tarifas por referencia sobre los artículos que se venden desde la plataforma en España a las empresas a través de un correo electrónico, al que ha tenido acceso este viernes EFE, y que ha adelantado El Confidencial.
En este mensaje, Amazon explica a las empresas que el Gobierno español ha introducido un Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (IDSD) del 3%, que entró en vigor el pasado 16 de enero, y que a partir del 1 de abril de 2021 se aumentarán los precios por referencia en este mismo porcentaje.
De enero a abril, la multinacional absorberá la tasa hasta que el Gobierno español apruebe los reglamentos y la legislación secundaria, han explicado fuentes cercanas a Amazon. A partir del 1 de abril se cargará este 3% a las tarifas de referencia de la plataforma, o lo que es lo mismo, si una empresa vende un producto por 100 euros (122 dólares) a través de Amazon, y el precio de referencia es un 15%, la plataforma aplicaría un 3% a ese 15%, con lo que cobraría un 0,45% más, es decir, un 15,45%.
Fuentes oficiales de Amazon han recordado que la compañía había instado al Gobierno español a buscar una solución global sobre la tributación de la economía digital a escala de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) "en lugar de imponer impuestos unilaterales".
El objetivo era tener "unas reglas consistentes en todos los países y más claras y justas para las empresas", han indicado. Al haberse aprobado esta tasa, Amazon ha afirmado que afectará "directamente" a las empresas que utilizan sus servicios.
Hacienda pretende recaudar 968 millones de euros al año con la 'tasa Google', que es transitoria y ha generado el rechazo de EEUU
La 'tasa Google' entró el vigor el pasado sábado y gravará a las empresas que tengan 750 millones de euros de ingresos anuales y que al menos facturen tres millones de euros al año en España. Los sectores a los que va dirigida son servicios de intermediación, de publicidad en línea o de venta de datos generados por los usuarios en su uso de estos servicios.
La intención del Ministerio de Hacienda, que la ha lanzado a la vez que la 'tasa Tobin', es que consiga una recaudación anual de 968 millones de euros, una estimación algo menor a la inicial, diseñada antes de la pandemia de coronavirus y que se cifraba en 1.200 millones de euros. El Ejecutivo ha sostenido que esta norma tiene un carácter transitorio, ya que está a la espera de que se diseñe una normativa de carácter global en el marco de la OCDE o el G20, pero todavía no se ha llegado a ningún acuerdo.
De hecho, EEUU, uno de los países con más empresas suceptibles de pagar este impuesto, ha rechazado la medida de España (y las de otros países como Austria, Reino Unido, Italia o Francia) al considerarla "incompatible con los derechos fiscales internacionales" y ha anunciado la apertura de una etapa de reflexión para anunciar medidas contra este nuevo impuesto.
La consecuencia podría ser la entrada en escena de aranceles para productos españoles, algo que ya ejecutó con Francia cuando el país galo impuso una tasa similar. Tras este choque, el Gobierno de Emmanuel Macron paralizó el tributo con el objetivo de negociar con la Administración Trump, pero ahora se plantea retomarlo ante el fracaso en las conversaciones.
