El Gobierno obliga ya a las tecnológicas que operan en España a geolocalizar a sus clientes para determinar si están sujetos al Impuesto sobre los Servicios Digitales -la llamada tasa Google- que el Ejecutivo aprobó a principios de año. La Agencia Tributaria (Aeat) exigirá a las empresas proporcionar registros de las transacciones y un informe descriptivo para liquidar el impuesto.
Faltan menos de 15 días para que el Gobierno empiece a cobrar la tasa Google, el impuesto diseñado para las multinacionales tecnológicas.
Son varias postales las de estos días que con perfil político o tintes económicos marcan nuestro acontecer. Mientras la gasolina sube cual cohete, la luz, en uno de esos típicos líos made in Spain se dispara justo después de tanto ruido respecto a la nueva factura, a los pronunciamientos del Gobierno acerca de su abaratamiento, sin que nada de lo dicho dé resultado y el precio de la electricidad en España se encarama al incómodo liderazgo europeo, algo que nadie en su sano juicio acaba de entender. Que si una cosa u otra, lo cierto es que con el famoso recibo de la luz nos encontramos ante otro fracaso más.
Con los oídos y los ojos que Dios me ha dado, he escuchado y visto a Manuel de la Rocha decir que el Gobierno sólo tiene intención de solicitar, de los famosos fondos europeos, la parte de los mismos que son transferencia (o sea, que no hay que devolver), y que ascienden a 68.000 millones de euros. De la Rocha, que es el responsable del encargo del presidente Sánchez de conseguir el parné, ha dicho que el resto hasta los 140.000 millones, que sí habría que devolver pues son vía préstamo, que ya verán si los piden o no.
La primera liquidación del nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales ('tasa Google), se realizará entre el 1 de julio y el 2 de agosto de este año, según establece la Orden del Ministerio de Hacienda publicada hoy viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que aprueba el modelo 490 de declaración.
La Representante Comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, ha anunciado hoy la conclusión de las investigaciones de la Sección 301 sobre los impuestos a los servicios digitales adoptados por Austria, India, Italia, España, Turquía y el Reino Unido.
Ser amigo del número uno siempre es bueno. Últimamente, España o, mejor dicho, nuestro gobierno no tiene muy asumido lo provechoso que es mantener una buena relación con el número uno, sin necesidad de hacer peloteo. Con la Tasa Google la pifiamos. La Casa Blanca, primero con su anterior inquilino, Donald Trump, y, después, con su actual morador, Joe Biden, nos trata con cierto desdén y ese desprecio puede acentuarse en forma de aranceles a los productos "made in Spain". Biden ha llamado a no sé cuántos presidentes de gobierno desde que fue oficializado su cargo como primer mandatario. No sé si el teléfono de La Moncloa ha recibido alguna llamada de Washington. De confirmarse que el teléfono de La Moncloa no ha sonado, eso significaría que España no es aliado para tener en cuenta por parte de Estados Unidos o, peor aún, que nos han marcado en la lista negra. Y ese tachón en parte tiene su origen en la puñetera Tasa Google, que se ha tomado en el número 1600 de la Pennsylvania Avenue como una afrenta al orgullo patriótico, empresarial y tecnológico estadounidense, con lo cual habrá que ver de qué modo se sirve la vendetta.
"Se lo voy a decir con mucha claridad. Este Gobierno no va a subir los impuestos a la clase media ni a la clase trabajadora". Así de contundente se mostraba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a principios del año pasado. Tanto ella como el resto del Gobierno insistían en que el alza fiscal que preparaban, de nada menos 80.000 millones de euros, lo iban a pagar las empresas y los grandes patrimonios a través de unos "nada abusivos" impuestos ecológicos -llamados verdes- y con la nueva fiscalidad a las tecnológicas, la polémica tasa Google.
La rapidez con la que el Gobierno tuvo que renegar, en vísperas del 4-M, de la eliminación de la deducciones para las declaraciones conjuntas de IRPF desmonta su argumento predilecto a la hora de justificar las alzas fiscales.
La prisa de los países europeos por cobrar a las tecnológicas ha generado una maraña tributaria con 14 Impuestos sobre los Servicios Digitales -la llamada 'tasa Google'- con diferentes características. Estos 14 países europeos, entre ellos España, han provocado un complejo sistema para gravar la actividad de este sector por no esperar al consenso internacional, liderado por las propuestas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
La Representante Comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, ha publicado este miércoles el Informe de la Estimación del Comercio Nacional (NTE, por sus siglas en inglés) de 2021, que ofrece un inventario detallado de las principales barreras extranjeras a las exportaciones de bienes y servicios, la inversión y el comercio electrónico de los Estados Unidos.
Una de cal y otra de arena. La representante comercial de Estados Unidos, la embajadora Katherine Tai, mantiene su amenaza de aplicar aranceles a España si el Gobierno no retira la conocida como Tasa Google.
Estados Unidos deja la puerta abierta y mantiene todas sus opciones sobre la mesa. La Oficina del Representante Comercial del país (USTR) anunció este viernes que seguirá adelante con el proceso bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio que permitiría imponer aranceles a Austria, India, Italia, España, Turquía y el Reino Unido por sus planes de implantar impuestos unilaterales sobre los servicios digitales (la también conocida como Tasa Google).
Europa está preparándose para dar una gran vuelta de tuerca a la regulación del mundo digital. Las propuestas de la ley de mercados digitales y de servicios digitales quieren poner coto a los gigantes de internet y traer algo de orden al contenido de la web. En una entrevista con elEconomista y otros cuatro medios europeos, la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea al cargo de la cartera digital, Margrethe Vestager, espera salvar con celeridad los escollos que quedan por delante en la negociación con el Parlamento Europeo y los Estados miembros para aprobar ambas normas.
El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, volvió ayer a reclamar al Gobierno central la concertación de los impuestos sobre las transacciones financieras, la tasa 'Tobin', y sobre los servicios digitales, la tasa 'Google', que están ya aprobadas y en funcionamiento en el ámbito nacional.
La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, retiró su oposición a la idea de establecer normas globales para gravar a los gigantes digitales como Google, Amazon y Facebook en la reunión virtual de ministros de Economía y Finanzas y banqueros centrales de las 20 principales economías del mundo (G20) celebrada el viernes. En un movimiento que prueba la buena voluntad de la Administración Biden, el país retira la cláusula conocida como "puerto seguro" (safe harbour, en inglés) que hasta ahora había bloqueado las negociaciones.
Las grandes tecnológicas llevan meses viendo cómo se cierra el cerco entorno a sus ingresos, con los Estados buscando recaudar una mayor parte de las ingentes sumas de dinero que estas generan. Con una 'tasa Google' europea que no acaba de concretarse, y con las incursiones en el terreno de países como Francia o España, parecía que EEUU prefería proteger a sus empresas, que dominan el mercado mundial. Pero esto ha empezado a cambiar en el estado de Maryland, donde se puede sentar un precedente que se expanda rápidamente por el país y por el mundo.
Hacienda se reafirma en su decisión de seguir adelante con el impuesto sobre las multinacionales tecnológicas, la llamada tasa Google, pese a que España la aplicará unilateralmente (sin respaldo de la UE ni de la OCDE).
El Gobierno trabaja en la modificación de la Ley Concursal para hacer más "garantista" y "rápidos" los procesos y medidas para garantizar la solvencia de las empresas viables, pero no en medidas para la liquidez al considerar que está ya "razonablemente cubierta", y mantendrá la denominada 'tasa Google' aunque no se alcance un acuerdo en el marco de la OCDE o la UE respecto al impuesto en el ámbito digital.
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha denunciado los retrasos en la publicación de los reglamentos y los sistemas para la liquidación de los nuevos impuestos para servicios digitales y transacciones financieras, conocidos como tasas Google y Tobin, así como en el reglamento para clarificar cómo debe llevarse a cabo la obligación de los intermediarios fiscales de comunicar las planificaciones de operaciones susceptibles de constituir elusión fiscal de sus clientes, recogida en la directiva DAC 6.
Amazon cargará desde abril a todas las empresas que venden sus productos en España, entre ellas más de 9.000 pymes españolas, la 'tasa Google', el impuesto que gravará a las grandes tecnológicas con un 3% de sus ingresos obtenidos por sus servicios digitales en el país.
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) ha concluido que los impuestos de los servicios digitales, también conocido como Tasa Google en España, Austria y el Reino Unido restringen el comercio de EEUU y son incompatibles con los principios fiscales internacionales; al no tomar medidas específicas con los resultados, se evaluarán todas las opciones.
El Ministerio de Hacienda ha decidido retrasar las fechas para la presentación de las liquidaciones de los nuevos impuestos a las transacciones financieras y servicios digitales, conocidos como tasas 'Tobin' y 'Google', que entran en vigor este sábado 16 de enero, según indicaron fuentes de este departamento.
El año próximo será atípico ya desde su comienzo pues, a diferencia de lo habitual en los inicios de un nuevo ejercicio, no habrá subidas en los precios de consumo. El IPC llega al nuevo año en negativo (un 0,5% por debajo de cero según el dato adelantado conocido ayer), mientras los servicios básicos (agua, luz y transporte) congelarán sus tarifas.
Ya se han despejado la mayor parte de las incógnitas que teníamos hace unos meses acerca de los Presupuestos Generales del Estado, lo que nos permite asegurar que 2021 será continuista respecto a este 2020: será un año lleno de sorpresas y sobresaltos. ¿Qué sucederá más allá? También aportaremos luz aquí a esta cuestión.
A partir del próximo 21 de enero, una de las muchas preocupaciones que afrontará la Administración del recién investido 46º presidente de los Estados Unidos será negociar una fiscalidad global acorde con la realidad económica del siglo XXI. A priori, los nuevos responsables modificarán, es difícil de prever en qué medida, el sesgo proteccionista y reacio a la mundialización de sus predecesores. Éstos amenazaron con establecer aranceles a los productos de aquellos países, entre ellos España, que pondrán en marcha, o lo piensan hacer, tasas que graven los negocios vía Internet, de publicidad online, la intermediación entre empresas y particulares o la venta de datos de usuarios.
Europa está en pleno proceso de revisar sus relaciones con Estados Unidos tras la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales. Las "grandes expectativas" se extienden del frente comercial a la lucha contra el calentamiento global, pasando por la tasa digital, otro de los temas que enfrentó a los europeos con la Administración de Donald Trump.
Ante la crítica de los organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Ejecutivo ha dejado abierta la posibilidad de modificar los impuestos, que la OCDE y la Unión Europea (UE) quieren consensuar entre todos los países. En los dos textos legales se recoge la modificación de los términos de los impuestos por parte de los Presupuestos Generales del Estado.
El Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y el Impuesto sobre Transacciones Financieras, más conocidos como 'tasa Google' y 'tasa Tobin', entrarán en vigor a mediados de enero de 2021 tras haber sido publicados este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La resolución de la Organización Mundial de Comercio (OMC) sobre los subsidios estadounidense a Boeing esta semana se postula como un catalizador importante para las relaciones comerciales transatlánticas. Bien puede hacer cuajar las hasta ahora frustradas negociaciones entre Washington y Bruselas o, por el contrario, elevar el pulso arancelario a menos de tres semanas de la cita de los estadounidenses con las urnas.
