Pensiones

La reforma de pensiones ha puesto en la diana a las prejubilaciones, que suponen un alto coste para la Seguridad Social, asolada por un déficit que rondará los 1,3 puntos del PIB para finales de este presente 2021, y que es la principal opción de salida del mercado laboral para el 40% de los trabajadores españoles. El Gobierno asegura que es una fórmula de retiro que beneficia principalmente a los trabajadores con rentas más elevadas -por lo que pretende rediseñar el sistema de penalizaciones e incentivos- y, al menos, así lo pone de manifiesto el informe sobre pensiones elaborado por la Seguridad Social en su proyecto presupuestario para 2021, donde se recoge como las personas que se prejubilan cobran hasta un 37% más que quienes salen del mercado laboral una vez alcanzada la edad legal de jubilación.

La propuesta que está barajando el Gobierno sobre el aumento de 25 a 35 los años cotizados para el cálculo de la pensión y la consecuencia de la medida, un recorte medio de las nuevas pagas del 5,5%, ya hacía prever la disconformidad con la misma de parte del Gobierno, tal y como ha confirmado en las últimas horas la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al asegurar que "es un recorte, sencillamente" y como a confirmado este mismo jueves una de las voces autorizadas de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Rafael Mayoral, asegurando que sui partido no va a callar si Escrivá impulsa la "incomprensible" reforma de pensiones, que "rescata" las tesis del PP.

Paloma Baena es experta en sostenibilidad, políticas públicas, desarrollo económico y transformación digital. Con una amplia trayectoria internacional en organismos como la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, dirige en la consultora global LLYC la Unidad Next Generation EU, que ayuda a empresas e instituciones a canalizar los fondos europeos. Departe con elEconomista sobre cómo España puede rentabilizar la inyección de la UE para la reconstrucción.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha opuesto a la propuesta que baraja el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de ampliar de 25 a 35 años de la cotización para calcular las pensiones, según ha apuntado en una entrevista a Huffington Post.

Los españoles que quieran jubilarse a partir de hoy con el 100% de la pensión tendrán que tener al menos 66 años cumplidos, en virtud de la reforma de pensiones de 2013, en la que se elevaba progresivamente la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años, en un horizonte total de 15 años.

Las pensiones contributivas y el salario de los funcionarios suben un 0,9% desde hoy, mientras que el salario mínimo interprofesional (SMI) se mantiene en los 950 euros por catorce pagas hasta que se alcance un acuerdo para revalorizarlo en el marco del diálogo social entre sindicatos, patronal y el Gobierno.

La Seguridad Social afronta en 2021 un cambio de paradigma en el plano financiero, y más concretamente en lo que respecta a las inyecciones de dinero adicional que recibe desde hace ya algunos ejercicios para poder enfrentar los todos los compromisos de pago anuales cuando los ingresos por cotizaciones no cubren la totalidad de la factura.

El año 2021 marca un cambio en los medios para ayudar a la Seguridad Social a paliar sus dificultades de financiación. La solución basada en parchear esta Administración con créditos del Estado no se empleará más, ante las críticas que ha cosechado por parte de instituciones como el Tribunal de Cuentas.

La nómina mensual de las prestaciones contributivas de la Seguridad Social ascendió a 9.985,26 millones de euros a 1 de diciembre, un 2,31% más que hace un año, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El horizonte financiero de la Seguridad Social se prevé tenso a pesar de la llegada de los fondos europeos en 2021 por la caída de ingresos que supondrá la destrucción de empleo, pero la lectura a largo plazo es demoledora: el Estado debería acumular en sus arcas 3,6 veces el valor del PIB para poder pagar todas las futuras pensiones de los actuales cotizantes. Es decir, los derechos de pensión que están acumulando los actuales trabajadores españoles con sus aportaciones al Sistema en forma de cotizaciones sociales asciende a 4,3 billones de euros.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado este martes que el mes de mayo, tras el fin del Estado de alarma, puede ser un "punto de referencia" para decidir sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) una vez se avance en la recuperación, y ha recordado que el SMI ya está en la "banda alta" europea, puesto que "ningún otro país" lo ha subido casi un 50% en cinco años ni presenta una tasa de paro como la española.

El sistema de pensiones público se encuentra en tela de juicio de forma habitual. Las pensiones suponen un gasto que supera el 11% del producto interior bruto (PIB), pero lo más preocupante es la tendencia, que hace hoy de este un sistema insostenible. El Gobierno planea introducir algunos cambios para aliviarlo. La última propuesta pasa por aumentar los años de cotización para calcular las pensiones de 25 años a 35, lo que supondrá un 'recorte' a las nuevas pensiones en casi la totalidad de los casos. Ahora falta saber cómo se aplicará la variable desvelada ayer por la vicepresidenta Nadia Calviño, que aseguró que los años de cotización más negativos quedarán fuera del cálculo.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones estudia, en el marco de la futura reforma de las pensiones, limitar las jubilaciones forzosas, una medida que está aún en proceso de diálogo, según confirman a Efe fuentes del Ejecutivo.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha confirmado este lunes que el Ejecutivo baraja una ampliación del periodo de cálculo de las pensiones, pero con exclusión de los años más negativos de cotización, como una de las distintas alternativas a explorar a partir del acuerdo del Pacto de Toledo.

El escudo social está resquebrajado, agrietado, no defiende las clases sociales con menor poder adquisitivo. La renta mínima llega a una quinta parte de las personas que preveía Podemos (160.000 familias frente a las 850.000 anunciadas), apuntarse al desempleo o solicitar la jubilación es casi un acto de fe en estos momentos; la Administración está semiparalizada por la caótica coordinación de un Gobierno con 23 ministerios y más de cien secretarías de Estado. Las ayudas a la hostelería se retrasan por las discrepancias entre Industria y Hacienda. El rosario de ineficiencias es interminable.

Los expertos inciden en la importancia de elevar el peso de los activos de riesgo en las carteras, en un contexto en el que se espera que la inflación regrese tras diez años desparecida.

Durante la charla virtual Transformando Afore PENSIONISSSTE, el Dr. Iván H. Pliego Moreno. Vocal Ejecutivo del fondo, anuncia un avance en la modernización del equipo, como “respuesta al rezago tecnológico”, con lo que se dará atención rápida y efectiva.

Anses sigue con los pagos de la AUH (Asignación Universal por Hijo), AUE (Asignación Universal por Embarazo) y AFH (Asignación Familiar por Hijo). Además se cobran las jubilaciones y pensiones que no superen los $21.393.

De la reforma de pensiones propuesta por el Pacto de Toledo y ratificada por el Congreso se desprende una primera lectura: el gasto en pensiones mantendrá en los próximos años la senda ascendente impulsada por la revalorización de las prestaciones vinculada al IPC. Esto supondrá que en 2021 las pensiones subirán un 0,9%, lo que sumará 1.400 millones de euros al coste de la partida. Ahora bien, desde Fedea apuntan que esta medida de recuperar la indexación con el IPC sumada a la separación de fuentes iniciada por el Gobierno en los Presupuestos de 2021 con un traspaso de 14.000 millones de gastos impropios de la Seguridad Social al Estado hace que la vía directa para financiar el déficit del Sistema sea la impositiva. En este punto advierten los expertos: el incremento del gasto asociado y la necesidad de cubrirlo con impuestos obligará al Gobierno a elevar el tipo de IPRF en un 50% hasta 2050, cuando se espera el pico de gasto en pensiones por la jubilación de la generación baby boom.

Nueve meses después de la entrada en vigor de la cuarentena provocada por la COVID-19, la economía española está solo comenzando a digerir sus efectos. La actividad, el empleo y la ocupación se han contraído con fuerza desde entonces. La renta disponible bruta de los hogares se redujo un 8,6% en el segundo trimestre de 2020 respecto del año anterior; la media para la Eurozona fue del 2,4% en el mismo período.

La propuesta que baraja el Gobierno sobre un posible aumento del periodo de 25 años a 35 años cotizados para el cálculo de la pensión que ha trascendido en los últimos días tendrá un impacto heterogéneo entre los futuros jubilados de nuestro país. Si bien los expertos calculan que un trabajador medio, con una carrera de cotización ordinaria -con aumento progresivo de las aportaciones a la Seguridad Social- sufriría un recorte de la pensión inicial de un 5% de media, para otros empleados, la medida supondrá un balón de oxígeno y un incremento de la cuantía de la prestación respecto a lo que cobraría con la legislación actual.

El ministro José Luis Escrivá reabre el debate sobre la elevación del número de años trabajados que se computan en el cálculo de la pensión.

La reforma de las pensiones puede nacer muerta si no se tiene en cuenta la robotización de la economía, que está provocando una evolución en forma de k de la renta del salario, con la desaparición de trabajos de clase media. Pero la creación de un impuesto a robots hace difícil que sea la solución para mantener un sistema de reparto, según un documento de trabajo presentado por Fedea.

Nuevo choque en el horizonte entre PSOE y Unidas Podemos por un asunto económico, en esta ocasión a cuenta de las pensiones. La portavoz de Podemos, Isa Serra, ha manifestado su rechazo a la posibilidad de elevar de 25 a 35 años el tiempo de carrera laboral para computar la pensión por jubilación y ha aseverado que todo lo que no sea mejorar el nivel adquisitivo de los pensionistas será "ir hacia atrás".

El Gobierno de Pedro Sánchez ya confirmó en el proyecto de Presupuestos Generales de 2021 que las pensiones subirán el 0,9% el próximo año. Ello añadirá, tal y como adelantó este medio, unos 1.400 millones de euros de coste adicional a la ya abultada partida presupuestaria para prestaciones de la Seguridad Social que rondará en el próximo ejercicio los 143.000 millones de euros, cerca de 11 puntos del PIB y un 3% más de lo destinado este mismo año. Lo que llevará al Sistema a acumular un déficit del 2% del PIB en 2021. Con esta premisa, según los expertos actuariales de la consultora Willis Towers Watson, garantizar la viabilidad económica del sistema público de pensiones, para cerrar el déficit, obligaría al Gobierno a llevar a cabo una reducción del gasto del 2,36%, es decir, unos 400 euros (386 euros) en la nómina anual de un jubilado medio y unos 336 euros para el pensionista medio español. 

La aplicación del llamado Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) al gasto previsto en dichas prestaciones para 2021 ofrece una idea clara de los apuros que atraviesa uno de los pilares clave del Estado del Bienestar.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha propuesto este viernes ligar la subida de las pensiones y los salarios públicos a un período temporal "superior al anual", y ha insistido en que se valore la posibilidad de aumentos salariales más focalizados dentro del colectivo de funcionarios.

La reforma de pensiones consideró a los trabajadores, y no sólo el aspecto financiero, consideró el vocal ejecutivo de la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) PensionIssste, Iván H. Pliego Moreno.

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) lamentó la aprobación de la Cámara de Diputados a los topes de comisiones para Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) considerados en la reciente Reforma de Pensiones. 

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles en lo general la propuesta de reforma al sistema nacional de pensiones del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.